Yamandú Orsi pondrá la seguridad en el centro de su estrategia de gobierno y para eso conformó un equipo técnico que ya trabaja con la mira puesta en políticas de Estado que vayan más allá de la coyuntura, con una mirada enfocada en “mitigar los homicidios, el impacto de las armas en la población civil y mejorar la situación carcelaria”.

Así lo confirmó a la diaria la próxima subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien destacó que con este objetivo se conformó un equipo de trabajo con una impronta “técnica y profesional más que política”.

La intención es trabajar con base en evidencias, con un profundo análisis estadístico que permita leer la realidad para ajustar medidas y destinar recursos tomando en cuenta un diagnóstico real de la situación.

“Nuestra gestión priorizará un equilibrio entre el saber profesional y la acción operativa teniendo como pilares: la prevención, la represión y la rehabilitación”, aseguró la futura jerarca y dejó en claro que la estrategia a implementar “se planificará con base en evidencia”, mediante la construcción de “datos verificables y confiables”.

El énfasis en lo técnico y en la evidencia surge, en parte, como respuesta a las críticas formuladas desde el Frente Amplio (FA) a la actual administración por su manejo de las cifras relacionadas con la seguridad y el riesgo de que se intente manipular la narrativa sobre la criminalidad en Uruguay.

Pese al notorio crecimiento de los homicidios, el gobierno saliente ha insistido en un relato que busca mostrar mejoras en los índices de seguridad, una postura fuertemente rechazada por el FA que considera que el país enfrenta “una situación crítica”.

“Los problemas de la gente no se resuelven demostrando que la inseguridad es un 0,3 % más o un 4,5 % menos. La realidad ha cambiado mucho, el nivel de violencia es mayor y los homicidios han tomado relevancia”, aseguró el presidente electo.

Por este motivo, el nuevo gobierno pondrá énfasis en que la lectura de las estadísticas se haga con un análisis más riguroso y basado en datos verificables.

Situación policial

La situación de la Policía será otro de los aspectos en los que el futuro gobierno pondrá foco, y al respecto Gabriela Valverde adelantó que se hará especial hincapié en el cuidado y la capacitación de la fuerza.

“Retomaremos la transformación de la formación y educación policial, a tono con los modelos probados a nivel internacional y que estén en consonancia con los cambios en la modalidad delictual y las acciones exitosas en cuanto a prevención del delito”, expresó.

Al igual que el próximo ministro, la contadora, que también es funcionaria del Ministerio del Interior, indicó que la línea de trabajo policial “va a estar enmarcada dentro de la estrategia de la política pública de seguridad que define el Ministerio con su equipo asesor en Seguridad y Sistema Penitenciario, con una impronta técnica y profesional más que política”.

La futura subsecretaria, quien integró el equipo de Seguridad y Convivencia del FA, remarcó además la importancia de llevar adelante acciones en la gestión interna del Ministerio. “Se planificarán acciones atendiendo a la salud mental y consumo problemático de sustancias del personal del Ministerio. Ambos aspectos han impactado en la tasa de suicidios y los casos de violencia de género, siendo las y los policías, víctimas y victimarios”, recordó.

Muchos cambios, poca continuidad

Algunas designaciones del nuevo gobierno de Yamandú Orsi, como la continuidad de José Manuel Azambuya como director de la Policía Nacional o la del asesor Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior, abrieron el debate sobre qué políticas del gobierno saliente, liderado por Luis Lacalle Pou, podrían mantenerse en la administración entrante. Al respecto, fuentes consultadas por la diaria remarcaron que el enfoque del nuevo gobierno se centra más en un cambio de rumbo, apostando por un fortalecimiento de las políticas de seguridad basadas en la evidencia, la capacitación policial y la reforma carcelaria, con el objetivo de mejorar la prevención y reducir los homicidios.

“A Azambuya lo confirmamos porque es un buen profesional con capacidad de gestión y conducción del personal policial”, advirtió Valverde, dejando abierta la posibilidad de cambios en las jefaturas departamentales y planteando que el único criterio que se tendrá en cuenta será el buen desempeño y el aporte que puedan hacer a los nuevos enfoques y consignas del próximo gobierno.

Este fue el criterio aplicado para la continuidad del sociólogo e integrante del Partido Colorado Diego Sanjurjo, quien mostró coincidencias con la línea de la futura administración al afirmar que uno de los problemas que enfrenta el país es que “no mide el delito como habría que medirlo”.

Sanjurjo fue coordinador desde el Ministerio del Interior del Libro blanco de reforma penitenciaria, una investigación liderada por la socióloga Ana Vigna, que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de las cárceles uruguayas y hacer recomendaciones para su reforma. Precisamente, Vigna fue designada asesora del futuro gobierno y especialmente elogiada por el próximo ministro, Carlos Negro, quien aseguró que su obra “será una guía también en materia penitenciaria”.

Cambios en la LUC

Uno de los puntos en los que seguramente habrá algunos cambios es en los artículos vinculados con seguridad de la ley de urgente consideración (LUC), ya que el propio Carlos Negro señaló hace diez días a periodistas que “no tuvo el resultado que se pretendía” por lo que habría que “cambiar el foco”.

Consultada por la diaria, la próxima subsecretaria de Interior señaló que las eventuales modificaciones a la normativa aprobada en la ley “se harán conforme a un estudio de los impactos y efectos de la misma”.

El tema de los posibles cambios en la normativa ya está siendo analizado tanto por los especialistas como por los legisladores, que ya anunciaron a la diaria una reunión de las bancadas frenteamplistas para los primeros días de febrero en la que se analizarán las prioridades en materia de seguridad.

Desde la academia, el sociólogo y exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Rafael Paternain, reflexionó, en diálogo con la diaria, sobre los efectos de la LUC y los desafíos que enfrenta el próximo gobierno en materia de seguridad, política criminal y sistema penitenciario.

Para Paternain, la LUC es una de las principales responsables de un deterioro en varias áreas clave de la seguridad pública en Uruguay. Consideró que tiene efectos “muy negativos”, entre ellos que “agravó la situación del sistema carcelario” del país.

Paternain, quien también es profesor e investigador universitario, destacó tres efectos negativos principales de la LUC. El especialista indicó que la ley tuvo efectos “simbólicos y políticos”, ya que reforzó una visión basada en el castigo, el encierro y la centralidad policial como mecanismos prioritarios de seguridad.

Asimismo, dijo que la LUC tuvo una falta de impacto en la reducción del delito. Aunque inicialmente se argumentó que contribuiría a disminuir los delitos, los datos no respaldan esta afirmación. “Terminamos cinco años de gobierno con un panorama crítico en materia de seguridad”, afirmó, señalando que los homicidios siguen siendo un indicador alarmante y que, según encuestas como Latinobarómetro, la victimización en Uruguay aumentó 12 puntos entre 2018 y 2024.

Por otro lado, Paternain subrayó que la LUC agravó la crisis del sistema penitenciario. “El crecimiento exponencial de la población carcelaria no es resultado de una mayor eficacia policial, sino de reformas penales regresivas que aumentaron las penas y limitaron alternativas como la reducción de sanciones por trabajo o estudio”, indicó. Este incremento, añadió, perpetúa la criminalidad y vulnera especialmente a mujeres involucradas en delitos menores de microtráfico.

Por tanto, el sociólogo consideró que “pensar en derogar muchos de los artículos de la LUC podría ser un camino importante”, pero indicó que tiene que ir acompañado también de propuestas normativas que dibujen una concepción política diferente.

Enfoque sistémico

Paternain llamó a desarrollar una política de seguridad integral, basada en la prevención y la inclusión social. Consideró que es clave el nivel preventivo y el de la inclusión social, por lo que una “arquitectura normativa” tiene que poder reflejar ajustes que se hagan a distintos niveles de la respuesta del sistema.

“Prácticamente no tenemos normas que institucionalicen componentes preventivos de la política de seguridad. Ahí hay un vacío enorme, pero hay otras cuestiones más gruesas que tienen que ver con, justamente, la normativa vinculada a la Policía; hay que hacer un ajuste en términos legales del trabajo policial. Creo que eso debe ir de la mano de ciertos procesos de reforma de la Policía”, añadió.

Consideró que la ley de procedimientos policiales y la LUC han sido “muy regresivas”, por lo que deben ser reformadas para dejar de tener una “policía reactiva” y pasar a tener una orientada a una perspectiva ciudadana.

También mencionó la necesidad de actualizar el Código Penal, que data de la década de 1930, para hacerlo más coherente y ajustado a los desafíos actuales. Asimismo, subrayó que las penas alternativas y la ejecución penal requieren una “revisión urgente”, ya que las reformas más recientes son “insuficientes”.

Además, el especialista consideró que hay que iniciar un proceso de reformas “más ambiciosas” para salir de la “perspectiva del encierro” que se tiene actualmente y que comenzó con la LUC de 1995.

“Desde entonces hasta ahora no hemos podido salir de esta lógica de aumentar la severidad punitiva, subir las facultades discrecionales de la Policía y utilizar a la cárcel prácticamente como un recurso, como un depósito para el control del delito. Hay que salir de esa dinámica que nos tiene atrapados hace muchos años”, indicó.

Cambios

Paternain dijo que hasta el momento es “difícil” hablar sobre la formulación de la política del próximo gobierno, ya que aún faltan varios anuncios, pero indicó que hay “algunos esbozos importantes en materia de política criminal y administración del sistema carcelario”.

“No va a ser sencillo porque hoy en día el sistema es muy grande, es muy complejo y está en situación de deterioro muy profundo, y ahí lo que se anuncia tiene que ver con la cuestión de promover sistemas alternativos a la prisión”, añadió.

Paternain se mostró de acuerdo con los cambios en materia de control de armas que realizará la futura administración de Orsi.

“Las armas de fuego siguen siendo un elemento determinante, un factor de riesgo muy clave; ya lo hemos visto en la incidencia que tienen en el porcentaje de homicidios, entonces que se pueda ensayar algo en ese sentido también me parece muy importante, y mucho más por lo que significa eso para la sociedad uruguaya”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el FA buscará profundizar los procesos de profesionalización de la policía y estimular algunos modelos nuevos y emergentes, como los orientados a la resolución de problemas.

“Hay que ver cómo las medidas de seguridad se combinan o se conjugan con las políticas sociales, sobre todo en los territorios más vulnerables que están hoy en día marcados no sólo por la precariedad, sino por niveles de violencia inaceptables que se han ido deteriorando muchísimo en estos años”, agregó.

Continuidades

Con respecto a las continuidades en la gestión, Paternain dijo que cree que son “menos necesarias y menos urgentes”, ya que “la orientación política tiene que marcar cambios muy importantes, sobre todo en términos de gestión técnica y en lo que tiene que ver con el monitoreo y la medición del delito, que es un tema político muy relevante”. “Yo creo que ahí las continuidades son menos auspiciosas y menos necesarias”, remarcó.

En cuanto a las continuidades en los elencos policiales, “hay que ver cómo queda armado el mapa” y aseguró que las autoridades tendrán que elegir entre las personas de carrera que estén disponibles. “No es que se pueda generar un cambio total. La idea de la continuidad puede tener más sentido o puede ser un paso intermedio que un gobierno pueda dar como para iniciar un camino y después ir haciendo ajustes”, señaló.

Consideró que el anterior gobierno realizó un cambio en las jerarquías policiales que fue “muy regresivo”, ya que generó “desprofesionalización de la Policía” y una “restauración de la vieja guardia”. Además, dijo que las nuevas designaciones vienen de una “matriz distinta”, por lo que “puede ser interesante” que se experimenten algunas continuidades “siempre y cuando estén alineadas con las iniciativas del próximo gobierno”.

Para el especialista, el próximo gobierno se juega mucho en la “credibilidad” de cómo medir el delito. “Estamos asistiendo en estas últimas semanas a una exposición de un cierto relato de que la criminalidad en Uruguay ha mejorado, sobre todo en algunos indicadores. Eso políticamente es discutible, pero técnicamente es inaceptable cómo se está dando el debate. Yo creo que ahí tiene que haber un cambio mucho más radical”, agregó.