En un año particularmente álgido para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), por su situación financiera y por la ley de salvataje que debió aprobar el Parlamento, la paraestatal renovará el 10 de diciembre su directorio a través de unas elecciones que tienen como protagonistas a candidatos con diversas propuestas para mejorar la situación de sus afiliados. Las elecciones no son obligatorias y están habilitados aproximadamente 60.000 activos y 20.000 pasivos.

El directorio de la CJPPU está integrado por siete profesionales de distintas actividades; cinco directores son elegidos de manera directa por los afiliados –cuatro por los activos y uno por los pasivos– y los otros dos son designados por el Poder Ejecutivo.

Algunos de los lemas que se presentan a las elecciones son Profesionales Unidos por Nuestra Caja, que tiene como candidato a uno de los actuales directores, Blauco Rodríguez; el Orden Profesional, que tiene entre sus filas a otro director, Fernando Rodríguez Sanguinetti; la Agrupación Universitaria del Uruguay, de la que es parte el actual titular de la CJPPU, Daniel Alza; la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, cuyo candidato es el economista Juan Manuel Rodríguez, y Profesionales Independientes en Defensa de la Caja de Profesionales, que lleva como candidato al odontólogo Sergio Bedrossian, quien durante la discusión de la ley de salvataje fue particularmente crítico con los artículos que establecen un aumento en la tasa de aportación y un impuesto para los pasivos.

En ese marco, la diaria conversó con Blauco Rodríguez, Rodríguez Sanguinetti, Richard Hobbins, de la Agrupación Universitaria del Uruguay, Bedrossian, y Cristina Muguerza, de la Asociación de Afiliados, para conocer sus propuestas de cara a los comicios.

El cierre de la caja podría ser “una carga más para el Estado”

Rodríguez es médico, fue presidente del Colegio Médico del Uruguay y actualmente es director de la CJPPU. La principal propuesta de su lema, Profesionales Unidos, para la gestión de la Caja es, de hecho, cerrarla. “Luego de haber analizado objetivamente muchos indicadores, es claro que el paradigma caja ya no se adapta a la realidad profesional del país”, apuntó, y señaló que la Caja “ya debe hacer más de 14, 15 años que tiene balance negativo”.

Si bien reconoció que desde la CJPPU ha habido varias medidas para revertir esto, “y así lo reflejan las actas de estos cuatro años” del directorio, donde él estuvo, Rodríguez dijo que también hubo “elementos de mala toma de decisión administrativa”. De todos modos, señaló que “eran decisiones que no movían la aguja en cuanto a los números de la caja como comunidad de negocios”.

Por lo tanto, según Rodríguez, “para generar un verdadero cambio se necesita otra ley”. En ese sentido, apuntó a la Comisión de Expertos de Seguridad Social creada por la ley de salvataje, que empezará a funcionar en los próximos días. “Se genera una ley donde lo que se plantea es el cierre, ¿y luego qué? Primero que nada, mantener los derechos logrados de todos, o sea, que a los jubilados y pensionistas, ya sea por una ley, no se les toque nunca más la jubilación, como pasó con esta ley exprés que se sacó, que les hizo un recorte a los jubilados”.

Para aquellos profesionales que les falten algunos años para jubilarse, Rodríguez propone que se les reconozca los años trabajados y se los pase al Banco de Previsión Social (BPS). “Si analizamos de lo particular a lo general, esta propuesta va de la mano de la Ley 20.130 de la convergencia del sistema jubilatorio [reforma jubilatoria aprobada en 2023], entonces, no estamos inventando nada, sino que simplemente estamos acelerando un proceso”, afirmó.

Por su parte, el arquitecto Rodríguez Sanguinetti, referente de la asociación civil El Orden Profesional, se mostró en desacuerdo con la propuesta de cerrar la Caja de Profesionales, dado que esto supondría “una carga más para el Estado”, en el sentido de que “el BPS no puede obligar a aportar” y el aporte sería como una empresa unipersonal, “que aporta un tercio de lo que [se] aporta a la Caja, la categoría más baja”. “Es un desastre para el BPS, porque además tiene que pagar las 20.000 jubilaciones y pensiones según lo que deben cobrar; no les podemos modificar más los derechos a los jubilados y pensionistas”, afirmó.

Sobre el argumento de la convergencia planteada en la reforma jubilatoria de 2023, el arquitecto dijo que, en realidad, “lo que hace es converger los parámetros, en cuántos años te podés retirar y cuáles serían los topes de jubilación”. “La convergencia es que vamos todos a una serie de parámetros, que antes sólo se jubilaban a los 60, otros a los 65, otros a los 70; es parametrizar toda la seguridad social con los mismos parámetros”, explicó.

Las principales propuestas de Rodríguez Sanguinetti tienen que ver con el “ensanchamiento de la base del aportante de la Caja” mediante la incorporación de los profesionales dependientes con el mismo pago de aportes, “independientemente de la forma de contratación o de trabajo”.

“Nosotros lo que queremos es que el Estado no tenga que poner plata a la Caja, como hacen otras, como se subsidia enormemente al BPS o a la Caja Bancaria. Nosotros lo que queremos es una Caja autónoma”, apuntó.

El ingeniero Richard Hobbins, de Agrupación Universitaria del Uruguay, lema del que es parte el actual presidente de la Caja, aclaró en primer lugar que desde su sector se basan en “un estilo de trabajo basado en valores”, en referencia a “ser responsables institucionalmente” con todos los afiliados.

Dicho esto, Hobbins dijo que en materia de propuestas trabajarán sobre la base de dos pilares: la gestión de la Caja y las negociaciones con el sistema político para buscar soluciones de largo plazo. En el primer punto, uno de los planteos es volver a tener un gerente general, y que este “tenga una visión moderna, una visión de eficiencia, que la haga eficiente para poder cumplir con la ley que se viene, que es totalmente restrictiva”.

La CJPPU actualmente no tiene gerente general; el anterior, Miguel Sánchez, fue cesado en 2023, debido a que su sueldo de alrededor de 900.000 pesos no tenía “relación con la situación presupuestal de la Caja y la necesidad de abatimiento de gastos”.

En cuanto a las negociaciones con el sistema político, Hobbins sostuvo que la ley de salvataje “es perjudicial” a largo plazo, ya que “tiene una carga muy fuerte sobre los activos”, lo que los puede “espantar”. A su vez, consideró como fundamental “aliviarles la carga a los activos, sin comprometer las finanzas y el estado financiero de la caja”.

Dos organizaciones proponen arreglar el “descalce” de los timbres profesionales

Desde la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, su presidenta, Cristina Muguerza, hizo énfasis en “el descalce de los timbres” profesionales, dado que si esto no hubiese ocurrido, “la Caja en este momento estaría dando superávit”. Este reclamo refiere a que el valor de los timbres profesionales evolucione según los salarios y no según la inflación. Muguerza señaló que su candidato en representación de los pasivos, Juan Manuel Rodríguez, “lo tiene muy bien estudiado y es la más segura de las propuestas para salvar a la Caja”.

Según la plataforma de propuestas, a las que accedió la diaria, la Asociación de Afiliados tiene como prioridad, además, que el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que aportan los pasivos profesionales pueda ir directamente a la CJPPU y no al BPS, como ocurre actualmente; también se propone incluir a todos los profesionales como aportantes, en línea con lo propuesto por Rodríguez Sanguinetti, y la derogación del impuesto a los jubilados establecido por la ley de salvataje, “que no es más que una rebaja encubierta de nuestras jubilaciones y pensiones”.

Desde Profesionales Independientes, Bedrossian dijo que tienen “muchos planteos”, los cuales algunos “a esta altura son históricos”. En ese sentido, afirmó que continuarán “luchando” para que las pasividades no se vean afectadas “ni por el IASS ni por la tasa de contribución pecuniaria que se instaló”. A su vez, sostuvo que reafirmarán los 60 años para iniciar la causal jubilatoria.

Asimismo, Bedrossian dijo que van a reivindicar que los timbres profesionales “sean aplicados como corresponde y que se recupere ese descalce de un 70%”, y coincidió con Muguerza en que arreglar esto los “sacaría de la crisis”.