Luego de cuatro semanas de trabajo, la Cámara de Senadores aprobó el presupuesto quinquenal. Ahora deberá someterse a la votación de los Diputados en tercera cámara, instancia que, según se prevé, se desarrollará recién el 8 de diciembre. Allí cada uno de los legisladores podrá dar su respaldo a la propuesta presupuestal, pero no se podrán concretar modificaciones.

Aditivos y sustitutivos mediante, el Senado hizo varios cambios y ajustó una serie de reasignaciones de fondos, con especial foco en la educación (250 millones de pesos). Uno de los principales actores en este proceso, el coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, brindó este viernes una rueda de prensa en la que valoró haber concluido el trabajo parlamentario en “tiempo récord”. “Hubo una muy buena disposición”, señaló sobre las bancadas de los partidos opositores.

“Hay efectivamente un respaldo a las prioridades del gobierno”, comentó a la diaria el también frenetamplista Eduardo Brenta, en referencia a que sólo tres senadores colorados no votaron el presupuesto en general. “El gobierno y los partidos políticos salieron fortalecidos, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional estuvieron a la altura de las circunstancias”, agregó a la diaria el también legislador oficialista Daniel Borbonet. “De parte de la bancada de gobierno hubo una buena actitud de escucha”, sintetizó, en diálogo con la diaria, el nacionalista Sergio Botana.

Las lecturas generales

Desde la oposición, las sensaciones sobre el presupuesto aprobado son variadas. La senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló a la diaria que se trata de una iniciativa presupuestal que tiene ausencia de un “plan” y, en ese sentido, subrayó que tiene mucho de “continuidad” del gobierno anterior. Comentó que ese aspecto fue el que llevó a que se haya votado el presupuesto en general por parte de su partido. Como ejemplo de la falta de plan, la legisladora apuntó al Ministerio del Interior.

El senador colorado de Unir para Crecer, Robert Silva, recordó a la diaria que lo aprobado mantiene el gasto antes catalogado por el FA como “carnaval electoral”. En ese sentido, cuestionó que se hayan realizado propuestas “sin medir necesidades específicas” y “sin tener evaluaciones de impacto”. En general, apuntó que el presupuesto le deja “un saldo negativo” porque la falta de cumplimiento del gobierno afecta la “credibilidad del sistema político”. Botana remarcó que “el nivel de gasto se cuidó poco en la formulación presupuestal”. Aseguró que la iniciativa de “bajar el déficit primario” llevó al gobierno a buscar “financiar el crecimiento” del gasto con ingresos provenientes de “varios impuestos” nuevos, algo que entiende que “no es bueno”.

El oficialismo defiende varios elementos como fortalezas en este presupuesto. Algunos legisladores, como es el caso de Brenta, entienden que “salió un presupuesto mejor que el que ingresó”. Como una de las buenas acciones en ambas cámaras, el legislador se refirió a las reasignaciones que, desde su visión, fueron “muy importantes” para ajustar la iniciativa al “cumplimiento de los compromisos del gobierno”, como en lo relativo a educación.

Borbonet valoró que, “entre pobreza infantil, trabajo, salud y seguridad”, lo que hace a “la matriz social” de protección, se asignó un “65% de todo el presupuesto”. “El punto más importante fue el de los ingresos, donde se obtuvo una mayoría mínima, pero se obtuvo”, puntualizó el legislador de La Amplia sobre la aprobación de los nuevos impuestos.

Desde la oposición, pero con una visión algo distinta, el colorado Pedro Bordaberry expresó en su cuenta de X que “quedaron cosas muy positivas” en el presupuesto. Por ejemplo, se refirió al nuevo aeropuerto en Rocha, votado como aditivo. También aludió a la creación de más fiscalías y más recursos para el Ministerio Público. Valoró la creación de la Escuela de Fiscales, lo que catalogó como “una necesidad imperiosa cuando el narcotráfico golpea la puerta, tira granadas y pretende cambiar nuestra forma de vida”.

En otros temas, evaluó como un “logro institucional importante” el “endurecimiento de la regla fiscal en el año electoral”. “Es una señal clara de responsabilidad. Significa poner límites al gasto, evitar desbordes tentadores cuando se acercan las elecciones y cuidar la estabilidad económica del país”, comentó el senador colorado. También se mostró satisfecho con que la Presidencia de la República se haya incluido “entre los sujetos obligados a responder los pedidos de informes del Parlamento”.

Los debes

Desde el oficialismo, también se reconocen debes. Caggiani se refirió, por ejemplo, a la no aprobación del artículo que preveía el levantamiento del secreto bancario por pedido de la Dirección General Impositiva (DGI). El legislador explicó que esto sucedió porque el Partido Nacional “no estaba conforme con la redacción”, y Bordaberry, quien era impulsor de la nueva versión, prefirió que el tratamiento se siga dando en comisión.

Bordaberry también entendió la no modificación del secreto bancario como un debe. “No estamos tan lejos. Hay acuerdos relevantes: que sea siempre el juez quien disponga el levantamiento, que existan garantías y controles. Lo que queda no son diferencias insalvables”, detalló el senador sobre el fondo del asunto. En tanto, Botana dijo que evitar el cambio en el secreto bancario “es una gran cosa”, dado que “no se había encontrado una buena solución” que “dé garantías al ciudadano”.

Desde el oficialismo, también se plantearon otros debes. Brenta se refirió a seguir profundizando en las próximas rendiciones de cuentas en lo vinculado con el sistema carcelario. “Hay que aprobar la descentralización del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación], más allá de que no tenemos mucho acuerdo en dónde ubicarlo; creo que hay que hacer una apuesta fuerte a través del Plan Nacional de Seguridad Pública”, concluyó.

“No estoy conforme con lo destinado a la educación terciaria”, reconoció Borbonet. “Así como creo que en el área de seguridad debimos haber tenido algo más, en turismo debimos haber conseguido más”, enumeró el senador. “Son cosas que ojalá en la rendición de cuentas próxima podamos mejorar”, remarcó, apuntando a “las circunstancias” establecidas por la “situación fiscal” en el reciente tratamiento.

Bianchi centró su reclamo en el hecho de que se le dio tanto a la Universidad de la República (Udelar), a la Universidad Tecnológica (UTEC) y a la Administración Nacional de Educación (Anep) menos del 10% de lo que fue su solicitud presupuestal. “El crecimiento de recursos que hubo para el desarrollo de la Udelar y de la UTEC en el interior se frenó”, comentó Botana, en la misma línea.

“Es un presupuesto sumamente austero, hay mucho recorte”, indicó Bianchi. También cuestionó que no se hubiera aprobado un artículo que preveía 60 millones de pesos “para crear más cargos de maestras especializadas en inclusión”. La legisladora mostró además su descontento con los fondos destinados al Poder Judicial. “De 24 juzgados de violencia doméstica, se le dieron dos. El Poder Judicial es la cenicienta del presupuesto”, subrayó.

Por su parte, Silva comentó que lo que entiende que es un “exceso de gasto” en muchos casos “van destinados a la creación de cargos de confianza”. Se refirió, por ejemplo, a las agencias que se crean en la órbita del Ministerio de Salud Pública (Agencia Regulatoria de Tecnologías Sanitarias) y del Ministerio de Transporte (Agencia de Transporte Metropolitano). “Es un presupuesto que además no tiene una línea clara de crecimiento y una estrategia para el mantenimiento de las inversiones”, agregó, y mostró su descontento con los nuevos impuestos. Además, cuestionó que en materia de seguridad se asignaron recursos “al voleo” porque no hay Plan Nacional de Seguridad. Por último, se refirió a la educación, sobre la que señaló que hay “un recorte” con relación con el producto interno bruto.