Como cada 20 de mayo desde 1996, el martes se llevará a cabo una nueva Marcha del Silencio en recuerdo de las personas que continúan desaparecidas por el terrorismo de Estado en nuestro país durante la última dictadura civil-militar. Bajo la consigna “30 veces Nunca Más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”, miles de personas se volcarán a las calles en una nueva manifestación de una marcha que crece año a año y gana apoyo popular.

En conversación con la diaria, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, considera que la marcha es ya un “patrimonio de los uruguayos” y “una fuerza social que no tiene partido político”. “En un país tan marcado por la partidización, esta lucha tiene que estar por fuera de eso. Siento que de todo lo que hoy hacemos los familiares, la marcha es nuestra máxima expresión de las cosas que planteamos y que apoyamos”, agregó.

“Se ha transformado en un gesto emblemático en referencia a los desaparecidos, independiente de la fecha en la que se realice”, considera, en diálogo con la diaria, el historiador y docente Carlos Demasi.

“El terrorismo de Estado fue una realidad que afectó a toda la sociedad, y eso es importante mantenerlo presente y vivo. Si no es así, se genera la idea de que sólo los que tenían delitos o algo que ocultar se veían afectados por la represión y que al ciudadano común no le pasaba nada. Todo el mundo estaba bajo la mirada del Estado y cualquiera podía ser detenido y pasado por los corredores del terrorismo sin que nadie tuviera que dar explicaciones de nada”, subrayó.

Desde una visión más personal, Zaffaroni piensa que esta lucha no es de sangre, sino que tiene un alcance mucho más significativo: “Familiares sigue siendo una organización muy pequeña pero que tiene un legítimo lugar, en el sentido de que hay un aspecto de toda esta lucha tan grande que sigue siendo algo íntimo en cuanto a cierres personales, como merece cualquier persona”.

El próximo 20 de mayo, desde las 19.00 y por trigésima vez, miles de uruguayos y uruguayas de diversas generaciones se congregarán en todo el país en torno a tres causas: memoria, verdad y justicia.

Los años previos

Tanto Demasi como Zaffaroni coinciden en que en los años previos a 1996 el tema se encontraba “aplastado” tras la derrota en el referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el 16 de abril de 1989.

La ley fue promulgada en 1986, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y estableció la caducidad del “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

Para revocar esta ley, ya conocida como “ley de impunidad” entre sus detractores, se creó la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, también fue conocida como Comisión del Voto Verde, presidida de manera conjunta por Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini, y María Ester Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, quien era en aquel momento una niña desaparecida.

El resultado del referéndum, en 1989, fue de 57% para el voto amarillo –por mantener la ley– contra 43% para el voto verde –por revocarla– y con esta derrota la Ley de Caducidad seguiría vigente.

Demasi dijo que tras aquel referéndum el tema “se enfrió”. “Luego de esto hubo una crisis bastante fuerte en las organizaciones de derechos humanos, por la decepción que provocó el resultado. A partir de allí hubo un silencio bastante largo y la sociedad parecía mirar para otro lado”.

Asimismo, Zaffaroni aseguró que luego del referéndum vino un “planchazo tremendo”. “Familiares no tenía local propio, estaba en el sótano de Serpaj [Servicio Paz y Justicia] y algunas de las madres dijeron que iban a seguir yendo igual, siempre. El lugar siempre estuvo abierto y tomaban mate o jugaban al ajedrez, siempre juntas. Supieron dejar esa puerta impresionantemente abierta con mucha fuerza”, recordó.

1996, la primera marcha: “Fue impresionante, despertó algo que parecía dormido”

Luego de unos años de enfriamiento, el tema fue nuevamente puesto sobre la mesa por la familia Michelini. “Sobre todo Rafael, pero también los otros hermanos y su madre estaban mucho con la idea de remover el tema de las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, los desaparecidos, las torturas... que acá después del Voto Verde había quedado dormido. Según comentan los que más estuvieron en el inicio, no querían que pareciera una jugada política de la familia Michelini; a lo que Rafael era diputado, quedaba como que trataba de obtener algún rédito. Buscaban, más bien, que el tema fuera apropiado por otra organización, y ahí Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos empezó a manejar todo esto, una organización que también había quedado muy castigada después del referéndum del 89”, relató Demasi.

A su vez, Zaffaroni agregó: “Rafael Michelini y parte de su familia fueron los que plantearon la idea de recordar a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 20 años de su asesinato, el 20 de mayo de 1976, que en realidad es el día que encontraron los cuerpos”.

“Si bien se toma el 20 de mayo por haberse dado ese asesinato, en un inicio la idea era que ellos movieran la causa, pero enseguida, cuando vinieron a plantear la idea, ellos mismos pensaron que no era algo aislado, porque sus familiares murieron en un contexto de muchos otros delitos. La organización de Madres ya era muy reconocida y dijeron que querían que esa marcha se hiciera junto con ellas y que fuera por la verdad y la justicia para todos. Y así fue”, recordó la militante.

Bajo la consigna “Verdad, memoria y Nunca Más”, el 20 de mayo de 1996 se llevó adelante por primera vez la Marcha del Silencio, convocatoria pública realizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones afines.

“Por verdad, memoria y Nunca Más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza a los Desaparecidos en América, en Jackson y avenida Rivera, para desde allí partir hacia la plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más existan la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas”, establecía la convocatoria en aquel entonces.

Zaffaroni recuerda esta primera marcha como “increíble y muy emocionante”.

“La primera marcha fue impresionante en todo sentido, y con el tiempo me parece más impresionante aún, porque vino y despertó algo que parecía dormido. Pienso que había gente sensible ante la causa y que nada tuvo que ver con los hechos ocurridos durante la dictadura, pero fue un grupo mínimo. Era una época en la que todavía había miedo y se consideraba que esta manifestación podía ser algo peligroso”, sostuvo la militante.

“También tuvo efectos posteriores, y la idea de continuar con esta marcha al año siguiente quedó en manos de Familiares. Las madres dijeron que querían volver a hacerla, y se repitió al año siguiente. Desde esa primera vez hasta hoy solamente creció, lentamente al principio, y siempre tuvo la característica del silencio”, asegura, y destaca: “La marcha de 1996 fue un punto de partida para quebrar el silencio”.

Primer reconocimiento oficial y años posteriores

Luego de años de silencio y estancamiento durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, el 9 de agosto de 2000 el gobierno de Jorge Batlle creó la Comisión para la Paz.

El objetivo de esta comisión era recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas acontecidas durante la dictadura, para luego elaborar un informe final con determinadas conclusiones que debía incluir sugerencias sobre las medidas legislativas que pudieran corresponder en materia reparatoria a las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado entre 1973 y 1985.

Estuvo integrada por Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo; José Claudio Williman, abogado y político del Partido Nacional; Carlos Ramela Regules, abogado representante del Partido Colorado y asesor del presidente Batlle; Gonzalo Fernández, abogado representante del Frente Amplio (FA) y asesor de Tabaré Vázquez; Luis Perico Pérez Aguirre, sacerdote jesuita y fundador de Serpaj Uruguay; y José Pepe D’Elía, sindicalista y exsecretario general del PIT-CNT.

La Comisión para la Paz elaboró un informe sobre 260 denuncias de uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. El documento fue presentado el 10 de abril de 2003 confirmando la gran mayoría de las denuncias recibidas sobre crímenes ocurridos en Uruguay y buena parte de las denuncias referidas a delitos ocurridos en los países vecinos. A su vez, y por decreto, el 16 de abril el Poder Ejecutivo ratificó en todos sus términos las conclusiones del informe final de la comisión, asumiendo que representaban la versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos durante la dictadura civil-militar.

“En mayo de 2003 uno podía pensar que ya la Comisión para la Paz estaba resolviendo el problema, entonces no era tan necesaria la marcha. Sin embargo, la marcha de ese año fue muy grande. Desde Madres y Familiares, por un lado, destacaban los aspectos positivos de la comisión y, por el otro, subrayaban lo que todavía faltaba”, recordó Demasi.

“A partir de entonces hubo un reconocimiento oficial. No es que la marcha esperara este reconocimiento para organizarse, sino que este reconocimiento le daba otra validez. Cuando se empezó, en muchos casos se decía que los desaparecidos no habían existido, pero ese año ya había un reconocimiento oficial de que su existencia. Creo que allí hay un cambio importante”, agregó el historiador.

Por su parte, Zaffaroni afirmó: “No tengo dudas de que el gobierno de Jorge Batlle significó un cambio muy importante por medio de la creación de la Comisión para la Paz. Cuando los estados reconocen lo que sucedió, la gente se siente más libre de sentir y de reconocer lo que se vivió”.

Si bien la militante considera valioso este reconocimiento oficial, ya que fue el primero a nivel gubernamental, también considera que los resultados de esta comisión fueron “acotados”. “Era una comisión en la que se podía ir a hablar, pero no iba a tener consecuencias judiciales porque siempre respetó la ley de caducidad”, aseguró.

A pesar de esto, Zaffaroni valora los cambios llevados adelante en esta materia durante el gobierno de Batlle y establece la diferencia respecto del mandato anterior: “Sanguinetti, sobre todo en su segundo gobierno, significó mucho más retraso que avance en nuestra causa. Sostuvieron y reprodujeron, igual que en la dictadura, el cierre de la Justicia y su bloqueo absoluto, la impunidad total y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas al darle lugares en el gobierno. Todo esto fue un reconocimiento tácito de que ya todo había pasado y de que sólo fue un momento histórico provocado por los tupamaros, cuando ya todos estaban presos antes del golpe de Estado”. Sanguinetti fue un articulador y un emblema de la impunidad”, sentenció.

En 2005, ya bajo el primer gobierno del FA, se dio un nuevo paso y se habilitaron las investigaciones arqueológicas en algunos de los lugares donde sucedieron los hechos.

“Con Tabaré Vázquez entramos en los cuarteles”, recuerda Zaffaroni. “El FA dio un clima más amplio. La lucha por todos los derechos fue más abierta, más amplia, pero la voluntad política fue muy poca. En los gobiernos del FA hubo muchísimo más contacto, hubo leyes reparatorias importantes para los ex presos y las ex presas, y fue un gobierno mucho más abierto al respeto de los derechos, pero totalmente restringido a tocar el poder militar, que es el corazón de este tema”, sostuvo.

“El corazón no está en la sensibilidad o no con los desaparecidos, sino en asumir la responsabilidad de subordinar el aparato militar, la institución de las Fuerzas Armadas, que nunca se subordinó. Ellos tienen a los desaparecidos, no los sueltan y no los van a soltar por voluntad propia. Es claro que saben lo que pasó”, remarcó.

Asimismo, la militante asegura que, independientemente del gobierno que esté en el poder, el pedido es el mismo: “Para nosotros no hay dudas de que es una marcha que cobra relevancia desde lo social y que después llega al espectro político, pero consideramos también que, en lo político, siempre han ido por la mínima. Han hecho, pero mínimamente. Se pudo haber hecho más”.

Una marcha que se reinventa y continúa creciendo

Tanto el historiador como la militante recuerdan especialmente la marcha de 2020, la primera en un contexto de pandemia. La emergencia sanitaria, junto a todas las recomendaciones de aislamiento y de evitar cualquier tipo de aglomeración, representaron un gran desafío para la Marcha del Silencio número 25.

La novedad en aquel entonces fue una marcha virtual, algo que en buena medida compensó el aislamiento que provocaba la pandemia y que generó, además, todo un nuevo repertorio de imágenes y de recursos que enriquecieron aún más la movilización.

“Cuando se hizo una marcha virtual fue algo muy impactante. Desde ese momento esta movilización se ha multiplicado en contenidos audiovisuales. Es decir, tiene cartelera, imágenes digitales, gigantografías que dan la idea de que la marcha no es sólo los minutos de la caminata, sino también todo ese contexto que se arma como una especie de resonancia de lo que la manifestación está haciendo”, consideró Demasi.

De la misma forma, Zaffaroni entiende que, desde la pandemia, la marcha “cobró una vida muy especial”, haciendo que más personas puedan participar de diversas formas a lo largo y ancho del país.

A su vez, la militante reflexiona acerca del momento político actual y su relación con la causa: “Este gobierno está en una situación como nunca ha estado otro gobierno. Tanto el presidente como la vicepresidenta fueron muy comprometidos en sus intendencias, apoyaron en cosas concretas y reales. En cuanto a la sensibilidad nunca ha habido dudas, pero la voluntad política para dar el paso es lo que estamos esperando. Pensamos que el momento de dar este paso es ahora”, subrayó.

Además de las exigencias políticas a los gobernantes, Zaffaroni, en una mirada global que recorre estos 30 años, rememora el sentimiento de unión en contra de la dictadura que se vivió en aquella primera marcha y cómo continúa más que vigente hasta el día de hoy, a días de la trigésima movilización.

“El sentimiento que nos une en esta marcha, y que la va haciendo cada vez más grande, tiene una fuerte impronta republicana cuando decimos ‘nunca más terrorismo de Estado’, pero con la comprensión de que ese ‘nunca más’ no se trata solamente de los crímenes cometidos, abarca también la libertad, los derechos, el ser y vivir con normas de convivencia donde nos acepten a todos, donde todos tengamos un mejor horizonte”, remarcó.