En el límite del plazo constitucional, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó este domingo el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. En el documento, que fue entregado formalmente por Oddone al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, se sostiene que el presupuesto tiene como principios la libertad y la igualdad, dos “conceptos profundos que se han manifestado a lo largo de la historia del país y que han estado presentes desde antes de su nacimiento como Estado independiente”.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que, “hace más de dos siglos, José Gervasio Artigas situaba a la libertad y a la igualdad como valores fundamentales y complementarios para la construcción de nuestra identidad nacional”.
“Esos valores, principios y definiciones políticas inspiran la visión del proyecto de presupuesto que contiene este documento. Libertad para garantizar las iniciativas de los ciudadanos y proteger sus derechos. Igualdad para asegurar las mismas oportunidades y corregir diferencias que afecten la cohesión social”, sostiene en el documento el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Yamandú Orsi.
El gobierno señala que la formulación del presupuesto “no es un ejercicio técnico”, sino “la traducción fiscal de un programa político que consolida avances de etapas anteriores y cimenta las bases de las nuevas políticas”.
Las medidas para el crecimiento económico
El proyecto, que consta de más de 700 artículos, está atravesado por tres “prioridades estratégicas” definidas por el gobierno en la exposición de motivos del documento. La primera de ellas es “acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad”.
En esa línea, el Poder Ejecutivo advierte en primer lugar que “para sostener e incrementar los niveles de cohesión y prosperidad a los que los uruguayos aspiran y se merecen” resulta “necesario aumentar la tasa de crecimiento” que ha registrado Uruguay en la última década, que se ha ubicado en el entorno del 1% anual.
Con este propósito, el gobierno tiene previsto fortalecer mediante el presupuesto la “estabilidad macroeconómica”, así como también “incentivar inversiones sostenibles” e “estimular la innovación”, entre otras medidas de carácter económico. “El objetivo de lograr mayor dinamismo económico es generar más y mejores oportunidades laborales para la población mediante trabajos de calidad”, se remarca.
Tal como había adelantado Oddone días atrás, el presupuesto incluye varias medidas “dirigidas a potenciar y desarrollar herramientas para la promoción de inversiones, revisar regulaciones públicas y desalentar prácticas comerciales que afectan la competitividad de la economía y dan lugar a niveles de precios comparativamente elevados”.
Una de las acciones es la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. También se prevé mejorar el esquema de promoción de inversiones con un énfasis particular en las micro, pequeñas y medianas empresas y llevar adelante un conjunto de medidas para “simplificar y desburocratizar la relación entre el Estado y los ciudadanos”.
Asimismo, el presupuesto establece la creación del programa Uruguay Innova, con el propósito de “articular y coordinar las acciones de las agencias estatales relacionadas con el ecosistema de innovación nacional”. “La innovación es el motor que transforma las ideas en oportunidades de desarrollo. Los estímulos para esta actividad son un instrumento crucial para alentar el crecimiento de la economía debido a su contribución al aumento de la productividad”, afirma el gobierno.
Las acciones para reducir la pobreza y la desigualdad
La segunda “prioridad estratégica” que marcó el gobierno en el presupuesto es “fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad”. Para esto, el proyecto incluye un aumento de 50% del Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, que es destinado a los hogares “en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema en los que residen mujeres embarazadas y/o niños/as de 0 a 3 años”.
El Poder Ejecutivo también tiene previsto volcar “recursos adicionales para atender a las personas en situación de calle, una situación de vulnerabilidad que ha aumentado fuertemente en los últimos años”.
En materia de educación, el proyecto contiene asignaciones presupuestales con el objetivo de “incrementar progresivamente el número de beneficiarios” del bono escolar, al que acceden los menores de los quintiles más bajos, “hasta abarcar al universo de estudiantes de la educación primaria pública en 2029 (más de 300.000 personas)”. También se prevé incrementar la cantidad de números de becas en secundaria, “pasando de 14.000 a 70.000 al final del quinquenio”.
En el ámbito de la salud, el presupuesto dispone la creación de la Agencia Reguladora Nacional de Tecnologías Sanitarias. También se asignan recursos para la construcción del Hospital de la Costa, así como para una nueva obra en el Hospital Pasteur y remodelaciones en los hospitales de Maldonado y Salto.
En vivienda, en tanto, el gobierno incluyó en el presupuesto un Plan Quinquenal de Vivienda, “cuyos lineamientos estratégicos incluyen atender a los hogares más vulnerables, apuntalar el acceso y la permanencia en viviendas adecuadas, promover la integración social y territorial en todo el país, abordar integralmente las estrategias de acceso al suelo y fortalecer el sistema público de vivienda”.
La seguridad pública en el centro del presupuesto
Por último, como tercera “prioridad estratégica”, el gobierno apunta a “mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país”. Al ya lanzado diálogo interpartidario para el diseño y la implementación de un Plan Nacional de Seguridad Pública, el presupuesto destina recursos para inversiones en infraestructura, la ampliación de programas sociales y comunitarios y la contratación de personal.
En concreto, se dispone la creación de una dirección de Policía Comunitaria, y también “mejoras en equipamiento, formación avanzada, fortalecimiento de la sanidad policial, ampliación del programa de becarios y asignaciones específicas para condiciones laborales mejor remuneradas y más equitativas”.
En la exposición de motivos, el gobierno señala que la reforma penitenciaria prevista para este período tiene como objetivo “responder al hacinamiento y la reincidencia con nuevas unidades bajo la modalidad PPP [participación pública privada]”; también se incluye la “ampliación de plazas y recursos” y el “fortalecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación”.
Con relación a la seguridad pública, el gobierno sostiene que “es indispensable priorizar iniciativas para renovar el pacto de convivencia que ha caracterizado a Uruguay bajo la premisa de que la seguridad es un derecho humano fundamental”.