“El punto de partida en materia de seguridad pública está marcado por la persistencia de altos niveles de violencia, el crecimiento de mercados ilícitos, la emergencia de ciberdelitos y estafas, la agudización de las violencias basadas en género y una crisis estructural del sistema penitenciario”, señala la exposición de motivos del proyecto de presupuesto quinquenal que fue presentado este domingo ante el Parlamento.

El presupuesto incrementa los recursos en varios programas vinculados al sistema de privación de libertad y las medidas alternativas a la cárcel. En el Instituto Nacional de Rehabilitación se crean 1.000 cargos para el programa Gestión de Privación de Libertad, que se distribuyen en 500 cargos de agente: 200 en 2027, 200 en 2028 y 100 en 2029, y 500 cargos de operador penitenciario, que se crearán 200 en 2026, 200 en 2027 y 100 en 2028. También se destinarán 50 millones de pesos para 2026 y 45 millones de pesos anuales a partir de 2027 para el financiamiento de programas de trato y tratamiento destinados a la reinserción social de la población privada de libertad y la disminución de la reincidencia y se reasignan 25 millones de pesos a la evaluación de programas destinados a la reinserción social de la población sujeta a la supervisión de medidas alternativas a la privación de libertad.

Asimismo, se destinan 50 millones de pesos anuales para arrendar dispositivos electrónicos de monitoreo de personas para la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y 55 millones de pesos a partir de 2027 para el arrendamiento de dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización de personas destinadas a agresor y víctima de violencia doméstica. Para el Plan Nacional de Seguridad Pública se otorga una partida de 100 millones de pesos para 2027 y 150 millones de pesos anuales a partir de 2028.

En el programa Prevención y Represión del Delito se asignan 50 millones de pesos para 2026 y 2027 y 100 millones de pesos a partir de 2028 para el pago de nocturnidad, 8.800.000 pesos para 2026 y nueve millones para 2027 en la contratación de becarios para tareas administrativas y atención al público en comisarías. Para el arrendamiento de cámaras de videovigilancia, se establece una partida de 100 millones de pesos para 2026, 200 millones para 2027 y 280 millones de pesos anuales a partir de 2028.

El presupuesto otorga 353 millones de pesos para 2026 y 720 millones para 2027 como compensación para tareas efectivas en cárceles, tareas de prevención y represión de delitos, combate de fuegos o siniestros y control de seguridad vial en rutas nacionales.

Además, se crea la Dirección Nacional de Policía Comunitaria Orientada a Problemas, como Unidad Policial Especializada dependiente del director de la Policía Nacional, que tendrá el cometido de “desarrollar metodologías de trabajo policial proactivas, diseñadas con el fin de promover la prevención del delito desde una perspectiva integral a través de propuestas de trabajo focalizadas y en diálogo con la comunidad”. También crea el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que será reglamentado por el Ministerio del Interior (MI), y elimina la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios creada por el anterior gobierno como persona jurídica pública no estatal.

Investigación en derechos humanos, registro de abusadores sexuales, bienestar psicosocial de la policía y reserva de documento de identidad

Los artículos 94 y 104 quitan de las competencias de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) el control del Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos, que fue creado en diciembre de 2015 para colaborar con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación (FGN) en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y en el período anterior había sido puesto bajo la dependencia de la dirección de investigaciones. Ahora pasará a depender directamente de la Secretaría General del MI.

También se crea la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos como Unidad Policial Especializada, que estará bajo la dependencia de la DIPN y tendrá como cometido “prevenir, investigar y reprimir el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, [...] desarrollar acciones que contribuyan a erradicar el lavado de capitales, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y promover la transparencia del sistema financiero”.

Por otra parte, incluye en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales a las personas condenadas con sentencia firme por el delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para quien “mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”.

También crea la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, que tendrá como cometido “diseñar, impulsar y coordinar políticas, programas y acciones orientadas a promover el bienestar laboral y psicosocial del personal del Ministerio del Interior, considerando de forma integral las dimensiones físicas, psicosociales, sociales y laborales”, y crea una “red de asistencia e integración social” y modifica el nombre del cargo de director de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el de director de Prevención Integral del Delito y la Violencia.

El artículo 144 modifica una norma de la dictadura por la que se determinaron “absolutamente reservados” los datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y exceptúa de esa reserva aquellos datos solicitados por el MI, la FGN y el Poder Judicial para la investigación de delitos y para casos en los que esté comprometida la seguridad pública, según reglamentará el Poder Ejecutivo. También cambia el nombre de la cédula de identidad por “documento nacional de identidad”.