Primera visita al ex Hogar Burgues del Consejo del Niño que funcionó entre 1972 y 1974 como cárcel política de mujeres adolescentes

Se realizó la primera visita de reconocimiento del ex Hogar Burgues del Consejo del Niño, primer centro destinado a la prisión política de mujeres adolescentes entre 1972 y enero de 1974. Fue organizado por el Núcleo de Memoria del exhogar, el equipo del Circuito de la Memoria en el Municipio C y la Red Nacional de Sitios de Memoria. En total, diez exhogares del Consejo del Niño funcionaron como cárceles políticas en Montevideo y otros departamentos, con más de 100 adolescentes recluidos.

De acuerdo a la Ley de Sitios de Memoria (19.541), fueron señalizados por resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria dos exhogares que funcionaron como cárceles políticas: el ex Hogar Yaguarón (2022) y el ex Instituto Álvarez Cortés (2024), y este año se colocará la tercera placa en el ex Hogar Burgues, aprobada por la comisión en 2024.

Mercedes Cunha, de la Red Nacional de Sitios de Memoria, informó a la diaria que hay “nueve mujeres identificadas con nombre y apellido y quedan por averiguar de otras”, y que la mayoría fueron secuestradas en liceos y sometidas a las medidas de control socioeducativo, similares a las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno del expresidente Jorge Pacheco Areco.

La historia latente de tortura y silencio

Durante la recorrida, se identificaron un dormitorio pequeño con dos camas cuchetas, una celda de castigo, el baño y el comedor. Susana Petraglia, ex presa política, contó a la diaria que fue detenida en abril de 1973, recluida en el Regimiento de Caballería 6 bajo el mismo régimen de personas mayores de edad y luego trasladada por las Fuerzas Conjuntas al ex Hogar Burgues, donde permaneció casi un año. En 1974, al cerrarse el lugar, fue llevada al ex Hogar Yaguarón y luego al ex Hogar Blanes.

Mónica Charquero, también ex presa política, relató a la diaria que en octubre de 1973 los militares cerraron las puertas del liceo 26 Líber Falco y les quitaron la cédula de identidad a más de 200 estudiantes. Para recuperar su documento recurrió a varias comisarías y en la última fue detenida con 17 años junto con tres compañeras y de madrugada las ingresaron a este exhogar; “nos sacaron la ropa y nos metieron en una ducha de agua fría”. A pesar de que estuvo cuatro días, contó que “la manipulación psicológica era brutal y la directora era inhumana”, eran castigadas constantemente y estaban incomunicadas entre ellas.

Ambas coinciden en que estas visitas contribuyen a la construcción de la memoria del pasado reciente, sobre todo “permite que los jóvenes y vecinos de la zona conozcan que hubo represión contra menores en este lugar”, dijo Petraglia; a su vez, Charquero señaló que sirve para “evitar que se repitan estos hechos”.

Entre la oscuridad y la memoria

Si bien la finca fue reacondicionada y funciona como centro de medidas privativas para adolescentes varones en conflicto con la ley penal del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente (Inisa), perdura un aspecto oscuro, con pasillos angostos. Mantiene un régimen de semilibertad para siete varones que durante ocho horas al día pueden permanecer puertas afuera, pero a las 20.00 deben regresar, según informó a la diaria la directora del centro, Adriana Ferreira.

En el fondo, al cruzar un patio, se conserva la estructura de la cárcel de alta seguridad construida posterior a 1974. Las celdas, pequeñas y con paredes húmedas, tienen ventanas cerradas y apenas ingresa un mínimo rayo de luz, mientras que el patio, rodeado por una reja, destaca por sus colores y muestra un poco de vida en medio de tanta oscuridad.

Según aclaró Ferreira, desde 2017 funciona como depósito. Más adelante, se encuentra un portón de rejas con candado que conduce a un amplio terreno donde había una edificación en la que se dictaban talleres de dibujo y clases para otras jóvenes. Charquero comentó que se comunicó a través de dibujos con una de las participantes del taller, quien le dibujó el logo del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en señal de apoyo.

El alcalde del Municipio C e hijo de Charquero, Damián Salvetto, destacó a la diaria que a nivel personal es un tema sensible por la historia de su madre, e informó que la recorrida por el circuito de la memoria del Municipio C permitió identificar el lugar donde estuvo detenida. A su vez, en los archivos militares difundidos hallaron su nombre y declaración, que, según mencionó Charquero, estaba tergiversada e incluía el testimonio de la directora del liceo 26 que la denunció.

Persistencia de vulneraciones

Gabriela Rodríguez, de la asociación civil Familias Presentes, dijo que algunos centros de Inisa y cárceles actuales presentan “bastante similitud con el régimen dictatorial”, y que se suele poner en tela de juicio “si realmente la pasan mal y si no será que se lo merecen”, sin embargo, señaló que hay que distinguir el delito cometido de las condiciones carcelarias. “Si era totalmente inadmisible en dictadura, es triplemente inadmisible en democracia”, sostuvo, y aseguró que “es prisión política, porque están los pobres, jóvenes y menos educados”.

Antonella Torelli, directora de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, coincidió en que “se siguen reproduciendo lógicas de encierro y condiciones de vida indignas [en Inisa y cárceles] y el Estado sigue siendo responsable”, y que a nivel presupuestal “invertir en derechos humanos es lo más cuestionado”. Entiende que además es importante transformar los ex centros de reclusión de la dictadura en “espacios de vida digna, como merenderos o escuelas”.

Creación de una política de Estado de memoria

Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “coincide” en que el Frente Amplio “estuvo omiso en sus tres gobiernos anteriores en establecer una política de Estado de memoria”, y anunció que planean implementarla en este gobierno. A su vez, comentó que con la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, están recorriendo los departamentos y pretenden construir una política de Estado de derechos humanos.

También informó que se busca trabajar en generar una pedagogía de la memoria con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública y la sociedad civil. Opinó que en el gobierno anterior “los docentes la pasaron mal cuando querían hacer talleres sobre la dictadura” y que esa situación “no puede pasar a 40 años de recuperada la democracia”. Por lo tanto, cree necesario “trabajar en el miedo de los docentes y de la ciudadanía en general”.

Presupuesto para investigación de archivos

Casablanca informó que se reunió con el MEC y la idea es reeditar los libros realizados por estudiantes de la Facultad de Artes con ex presas políticas sobre el terrorismo de Estado para distribuir en bibliotecas populares, centros del MEC y otros. Además, se pretende actualizar la Guía de Lugares de Memoria del Pasado Reciente del Uruguay a partir de los sitios identificados desde octubre de 2019 en adelante, y para publicarla apuestan a dialogar con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que “nos respalde presupuestalmente en la elaboración de esta guía con papel económico y ecológico”.

Respecto al proyecto de ley del presupuesto quinquenal, informó que las secretarías de derechos humanos, a pesar de contar con poco presupuesto, “van a destinar recursos para retomar el convenio con la Universidad de la República para investigar los archivos militares”. Adelantó que ingresaron un archivo y pretenden ingresar dos más y “sin aviso algunos otros, al estilo de [la exministra de Defensa Nacional] Azucena Berrutti”. A su vez, dijo que se busca trabajar con las intendencias departamentales, y aseguró que el intendente de Florida, Carlos Enciso, “se comprometió a crear una Dirección de Derechos Humanos”.