Nacional

El lunes de noche, la ex presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Nora Castro; el director de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Federico Lezama; y el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, se alejaron de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L). Álvarez, quien pertenecía al sector desde su creación, en 2006, explicó las razones.

Abogada y posgraduada en criminología en la Universidad de la República, Mirtha Guianze asumió ayer la titularidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), un órgano colegiado compuesto por cinco directores que anualmente rotan en el ejercicio de la presidencia. Guianze mencionó como prioridades para esta nueva etapa la necesidad de procurar “una mayor visibilidad” de la institución y “lograr un diálogo más fluido entre la sociedad civil y el Estado”, así como “una verdadera relación armónica con el sistema de Justicia”.

Diferencias políticas y de estrategia electoral llevaron a un grupo de dirigentes de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) a alejarse del sector. La decisión, evaluada desde hace un tiempo atrás, se efectivizó anoche, durante una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la CAP-L. En el grupo de dirigentes que se alejan hay tres integrantes del Ejecutivo de la CAP-L: la ex presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, Nora Castro; el director general de secretaría del ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, y el director de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Federico Lezama.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que “la decisión está tomada”. Tras la reunión de ayer con el canciller argentino, Héctor Timerman, informó que ya se empezó a trabajar con la cancillería para llevar el caso de UPM ante La Haya. Andrés Larisgoitia, dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), cree que el diferendo no se resuelve con un tribunal internacional y apuesta al diálogo.