Desde octubre de 2019, Chile se encuentra viviendo la peor crisis de los derechos humanos desde la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet.
Que este 2021 nos encuentre en la senda de sostener el derecho a estar en las aulas de la enseñanza media en el marco constitucional de una educación obligatoria.
Este cuervo embaucador pretende responsabilizar a otros de algo que realizó durante varias décadas: brindar apoyo al proceso autoritario anterior al golpe de Estado y durante la misma dictadura.
La izquierda y el progresismo han quedado atrapados en políticas que, si bien han combatido el hambre y la desocupación, no han podido construir ciudadanía, una comunidad para poder ser efectivamente libres.
Agrupar a jóvenes de estas características constituye una acción discriminatoria, castigadora, además de un rotundo fracaso en la meta que se debe alcanzar.
Arauz representa hoy la principal fuerza política y electoral del país. El correísmo, tras cuatro años de persecución y con una propuesta manifiestamente progresista, tiene el apoyo firme de un tercio del país.
La reestructura, en lo que se refiere al secretario ejecutivo, dado que unifica dos órganos que por ley tienen atribuciones y forma de provisión específicas y diferentes, es directamente ilegal.
No se construye nada desde la soberbia y la imposición, y mucho menos dándoles la espalda a los maestros, profesores y demás trabajadores de la educación.
Estas políticas de promoción de la salud y de prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles no deberían estar sujetas a los cambios de gobierno. Deberían ser políticas verdaderamente nacionales.