Posturas

Es imprescindible, para determinar los responsables y aplicar las penas que correspondan por los crímenes de lesa humanidad, que la Suprema Corte de Justicia modifique su posición.

La covid-19 nos obliga a pensar nuevas relaciones de la producción con los recursos naturales. La generación de bienes e insumos se verá desafiada para impulsar la “producción nacional” bajo nuevas lógicas sustentables.

Si se pretende mantener el proyecto de LUC, debería reconocerse ante la ciudadanía la intención de eliminar la autonomía del sistema educativo nacional, garantía de separación respecto de los vaivenes políticos.

Parece desnaturalizarse el criterio de la racionalidad y la proporcionalidad, que son los mojones de la delgada línea que separa la legítima defensa de los excesos de la justicia por mano propia y la venganza privada.

El Estado es garante principal de los derechos de todos, y el comunicado del gobierno legitima los “pretextos” para que niños, niñas y jóvenes no vayan a clase, desestimando su derecho a la educación.