Mucho se comenta sobre el trabajo como uno de los mecanismos más importantes para la ascendencia social. Esta idea ha sido la justificación de muchos programas sociales gubernamentales en Uruguay y la región. Aun así, existe el mito de que las personas en situación de pobreza no quieren trabajar, asociando su condición social a su disponibilidad y voluntad de insertarse en el mercado laboral.
Por ejemplo, el informe “Los valores en Uruguay: entre la persistencia y el cambio”, con base en el Estudio Mundial de Valores para 2011, muestra que 45% de los uruguayos considera que los pobres lo son “por flojos y falta de voluntad”, porcentaje que ha crecido sistemáticamente desde 1996.
El trabajo y desempleo en los pobres
El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), titulado “Estimación de la pobreza por el método del ingreso”, muestra algunos indicadores vinculados al mundo laboral haciendo foco en personas que se encuentran en situación de pobreza. La tasa de actividad (personas que están ocupadas o son desempleadas y que buscan activamente trabajo) entre las personas por debajo de la línea de pobreza es de 58,8% en 2016, valor menor al de personas por encima de esta (63,8%). En tanto, la tasa de empleo para la población en situación de pobreza se ubica en 45,7%, mientras que para la población no pobre es de 59,5%. Esto da cuenta de una brecha de aproximadamente 14% entre ambos grupos. Si observamos la tasa de desempleo en 2016, es de 22,3% para aquellas personas por debajo de la línea de pobreza y 6,8% para los que están por encima.
Sobre la calidad de los empleos, el mismo informe da cuenta que “la situación de no registro a la seguridad social presenta diferencias notorias entre las poblaciones por debajo y por encima de la línea de pobreza”. Por ejemplo, el porcentaje de personas no pobres que “se encuentran al margen de seguridad social” es de 22,6%, mientras que entre los pobres llega a 69,9%. El subempleo afecta a 26,7% de los pobres y a 7,3% de los no pobres.
¿Disponible para trabajar?
La Encuesta Continua de Hogares del INE hace una pregunta sobre la disponibilidad para trabajar, con tres categorías de respuesta: “Sí, ahora mismo”, “Sí, en otra época del año” y “No”. 37,1% de las personas en situación de pobreza muestra disponibilidad para trabajar, frente a 17,3% de los no pobres.
Observando ahora entre aquellos que viven en un asentamiento irregular, 30,6% está disponible para trabajar. En tanto, entre quienes no viven en un asentamiento, 18,5% muestra disponibilidad.
El prejuicio sobre que las personas “son pobres por flojera” o que no quieren trabajar parece no estar fundamentado con datos. Si bien existen diferencias notorias en los indicadores clásicos de empleo, muchos de estos suelen estar afectados por fenómenos como la informalidad o el trabajo zafral, que tienen una incidencia mucho mayor entre las poblaciones vulnerables. Ahora bien, cuando se analiza la disponibilidad para el trabajo, en los sectores pobres esta aparece en mayor medida que en los no pobres, desafiando la idea de que no trabajan porque no quieren. Este es uno de los mitos más extendidos en nuestra sociedad. A grandes rasgos, existen tres programas que brindan apoyo económico a las familias de bajos ingresos: el Plan de Equidad, las Asignaciones Familiares y la Tarjeta Uruguay Social. Los primeros dos dependen del Banco de Previsión Social (BPS), mientras que el tercero está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Los beneficios sociales en Uruguay
Uno de los planes de ayuda más reconocidos es el Plan de Equidad, que requiere que los beneficiarios asistan a instituciones educativas así como que se realicen los controles médicos mínimos obligatorios para su edad. Este beneficio se mantiene como máximo hasta los 18 años, dependiendo del nivel educativo del beneficiario. Cada familia recibe por mes $ 1.404,16 por cada hijo, desde la etapa de gestación hasta que termina la educación primaria. A esto se le agregan $ 601,79 si está cursando secundaria. De acuerdo a las restricciones del BPS, este beneficio no es compatible con otros; por tanto, las familias que optan por recibir esta prestación mensual se ven inhabilitadas de tramitar otras.
Por otro lado, existe el programa de Asignaciones Familiares, uno de los más antiguos del país. Son prestaciones bimestrales que el BPS otorga a los hijos de trabajadores (o a menores de 18 años que tengan a su cargo). En 2016, el plan tuvo 485.273 beneficiarios. Entre las condiciones para su adquisición, los padres deben ser trabajadores del sector privado; en tanto que los menores de 18 años deben estar insertos en el sistema educativo y recibir asistencia médica periódica. El monto recibido varía según los ingresos de la familia. Si la familia percibe hasta $ 26.132, se otorgan $ 693 por hijo por mes; si su ingreso es de hasta $ 43.562, recibirá $ 346. Si la familia tiene tres hijos o más, el programa fija topes más altos de ingresos, y el valor por beneficiario es menor.
Por último, existe la Tarjeta Uruguay Social, que está vigente desde 2006 y atendió en 2016 a 72.905 beneficiarios. Consiste en transferencias monetarias mediante una tarjeta para adquirir alimentos y otros elementos de primera necesidad. Sus beneficiarios son los 60.000 hogares en peor situación socioeconómica, de acuerdo al Índice de Carencias Críticas del Mides, pero los 30.000 más vulnerables reciben el doble del monto según la cantidad de menores. El monto mensual varía según la cantidad de menores que viven en el hogar. Los hogares sin menores a cargo o con uno solo reciben $ 955 por mes. Quienes tengan dos menores reciben $ 1.448, con tres menores reciben $ 1.843 y con cuatro, $ 2.567. El valor unitario por cada beneficiario disminuye a medida que el hogar tiene más hijos.
¿Tenemos más hijos?
Resulta interesante revisar la natalidad según los hogares por quintiles de ingreso. Según el INE en su informe “Principales resultados de la Encuesta Continua de Hogares 2014”, 49,2% de los niños de hasta 11 años residen en un hogar perteneciente al quintil más pobre de la población.
El mismo documento señala que los hogares de los quintiles de ingresos más bajos son los que más hijos tienen, al tiempo que aquellos con mejores ingresos son los que menos tienen. Por ejemplo, mientras que en el primer quintil 9,2% de los hogares tiene cuatro hijos o más, esta situación se da en menos de 1% de los hogares de los quintiles cuatro y cinco.
Es un hecho que los hogares más vulnerables son aquellos donde nace el mayor número de niños. También lo es que las políticas públicas proveen apoyo económico a miles de familias en esta situación, muchas veces otorgando beneficios directamente a los menores. Sin embargo, algunas de estas políticas son exclusivas, y otras otorgan menos (y no más) dinero por cada beneficiario adicional. Además, el fenómeno de la natalidad asociado al nivel socioeconómico de los hogares es un tema complejo y, ciertamente, multicausal. Estos datos no permiten asegurar que estos hogares tienen más niños simplemente para tener más beneficios sociales.
Estos artículos se trabajaron en un taller abierto organizado por CÍVICO y TECHO, llevado a cabo el 13 de setiembre. CÍVICO es una organización de la sociedad civil dedicada a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.