Pese al anuncio del fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre la postergación hasta noviembre de la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, aseguraron que, tanto en la secretaría de Estado como en el Poder Judicial, están preparados para comenzar con la aplicación desde el 16 de julio, como estaba previsto. Bonomi dijo ayer, sin embargo, que “la que debe resolver” si se posterga el inicio es la comisión que integran las tres instituciones. “El argumento que se puso para una nueva postergación es que la SCJ lo necesita, pero la propia Corte dice que no es así. Lo que importa es que el nuevo código comience lo antes posible en las mejores condiciones. Hay una comisión que estudió el tema y es esa comisión la que debe resolver”, dijo ayer el titular del Ministerio del Interior.

Chediak había asegurado que la SCJ “mantiene el compromiso que asumió con el Senado de la República de no pedir ninguna prórroga más allá del 16 de julio. Hemos trabajado con todas nuestras fuerzas para cumplir con esa fecha”. Unos días antes, en una visita al departamento de Cerro Largo, el fiscal de Corte habló de la necesidad de “algunos ajustes normativos” para “evitar partidas en falso”. La entrada en vigencia del nuevo proceso se correría para noviembre. “Hay que ajustar aspectos de la ley orgánica policial y del Código de la Niñez y la Adolescencia”. “También existen retrasos por la entrega de edificios que se están construyendo, y otros que se están remodelando”, explicó Díaz en Cerro Largo.

Chediak, por su parte, cree que los ajustes normativos se pueden hacer con el nuevo proceso en vigencia. “Entendemos que es fundamental que se modifiquen siete u ocho artículos de la normativa actual”, como la derogación de la libertad condicional y del instituto de suspensión condicional de la pena, ya que “no se adecuan al proceso acusatorio”. “No se adecua porque el proceso acusatorio parte de la idea de que en una cantidad de casos se espera en libertad, y si se espera en libertad, una vez que la persona es condenada debe ir presa. No podemos tener una situación en la que esperemos el juicio en libertad, estemos en libertad durante el juicio y después se cumpla la pena en libertad, porque allí se generarían espacios de impunidad”.