Se discute sobre tupabandas, se especula sobre el grado de involucramiento de dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con esos métodos de financiamiento. Se debate sobre la incidencia de la Iglesia Misión Vida en el financiamiento de campaña y en los planteos de la senadora nacionalista Verónica Alonso. Se hacen sumas, y no dan las cuentas para explicar el gasto publicitario del Partido Nacional en televisión en relación a lo que declaró oficialmente. En todos estos debates subyace un factor: el financiamiento de los partidos políticos en Uruguay es opaco, y la ley aprobada en 2009 no ha logrado remediarlo. Para estrechar más el cerco, el Parlamento termina de afinar un conjunto de proyectos de ley que pondrán reglas más estrictas para las contribuciones a partidos y candidatos.

Sin sesiones mediáticas, sin estridencia ni acusaciones cruzadas. Y sin versiones taquigráficas públicas. Así trabaja la comisión especial de la Cámara de Senadores que estudia normas para transparentar el financiamiento de los partidos políticos. El fuego cruzado que se observó esta semana en el plenario del Senado, cuando se discutió la creación de una comisión investigadora por la presunta vinculación de bandas delictivas con el MLN y el Movimiento de Participación Popular, contrasta con el volumen de consensos alcanzados en esta comisión. El primero de ellos: todos los partidos deberán presentar estados contables públicos anuales y rendiciones de cuenta en sus campañas electorales, que se someterán a auditoría externa, y esta deberá presentarse ante el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Se incorpora así un nuevo actor, el Tribunal de Cuentas, al contralor de los partidos políticos.

El segundo consenso, según informaron integrantes de la comisión a la diaria, apunta a garantizar la contribución obligatoria, si los partidos así lo exigen, de las personas que ocupen cargos públicos de confianza política, quienes deberán aportar entre 10% y 15% de su sueldo a los partidos que los pusieron allí.

Los partidos también están de acuerdo en prohibir a las personas jurídicas (empresas y organizaciones) aportar a ellos en forma permanente. Sólo podrán hacerlo las personas físicas, y su contribución estará topeada en aproximadamente 1.000 dólares mensuales. Todavía se discute si prohibir o no el aporte de empresas en campaña electoral, pero sí se acordó topear las contribuciones de los candidatos, como forma de evitar que se convierta en un mecanismo para encubrir otros aportes.

Resta definir el capítulo de la publicidad electoral en medios de comunicación electrónicos. El Frente Amplio anunció el año pasado su intención de prohibir completamente la publicidad en televisión durante las campañas, pero el debate no está cerrado. Podría lograrse un acuerdo multipartidario en prohibir la publicidad de cara a las elecciones internas, pero no hay consenso con respecto a las elecciones nacionales.

La idea de la comisión es terminar de redactar en el próximo mes un conjunto de proyectos de ley que tengan acuerdo de todos los partidos, para lograr un trámite ágil.

La Verónica

En su edición del 15 de junio, el semanario Búsqueda informó sobre un caso judicial vinculado a facturas impagas, un pleito privado con consecuencias políticas. Un juez obligó a la senadora nacionalista Verónica Alonso a pagar una deuda de aproximadamente 30.000 dólares por facturas impagas al dueño de la empresa Vistosul, Martín Nyczka, por gastos de la campaña electoral de 2014. La legisladora atribuyó la deuda a grupos vinculados al pastor Jorge Márquez, líder de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Esta organización religiosa es el principal sostén político de Alonso, porque le garantiza incidencia a nivel nacional, apoyada territorialmente en sus grupos religiosos, curiosamente denominados “células”. Según el sitio oficial de la iglesia, hay 206 células en todo el país. Al mismo tiempo, la iglesia cuenta con 51 hogares Beraca a nivel nacional. Se trata de centros de acogimiento, rehabilitación y trabajo para personas en situación de calle o con problemas de adicciones, aunque distintos testigos denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en los medios de comunicación que el trabajo en los hogares se realiza en condiciones de explotación, y que además se utiliza políticamente para beneficio del sector de Alonso.

Búsqueda aportó más datos sobre “el caso de las facturas impagas” en su última edición, del 22 de junio. Allí el pastor Álvaro Dastugue, del grupo de Alonso y yerno del pastor Márquez, aseguró que “de los fondos de la iglesia nunca ha salido dinero para la campaña electoral” de la senadora. Si bien admitió que Márquez llevó a la imprenta dos cheques diferidos “para destrabar la cuestión, como garantes de que se iba a pagar”, aseguró que el pago de las facturas no les correspondía a ellos.

Trabajando para usted

El semanario aporta en la misma edición el testimonio del dueño de la imprenta, quien asegura que los integrantes de los hogares Beraca iban “de forma habitual” a su imprenta a cumplir tareas vinculadas a la campaña de Alonso. “Yo les prestaba las máquinas de doblado y ellos doblaban listas. Después ellos mismos eran los que las repartían puerta por puerta”, afirmó Nyczka. Agregó que los jóvenes de los hogares Beraca que hacían esas tareas le comentaban que estaban en los hogares, pero que no podían manejar plata y que los hacían ir a trabajar a la imprenta. “Dastugue traía su camioncito de Canelones con gente de los hogares”, denunció el dueño de la imprenta.

Este testimonio refuerza las denuncias formuladas en su momento ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, de jóvenes que trabajaron en Beraca. Bertha Sanseverino, diputada frenteamplista que integra la comisión, dijo a la diaria que las declaraciones del dueño de la imprenta confirman lo que la iglesia niega. “Esto era parte de una tarea absolutamente digitada desde adentro de los hogares, los llevaban y los traían. Ejecutan una serie de políticas para su beneficio, para provecho propio, utilizando a estas personas tan vulnerables”, cuestionó la legisladora. El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez coincidió en que esto prueba que “estos jóvenes iban a trabajar con total informalidad y precariedad, sin protección laboral”. “A confesión de parte, relevo de prueba”, consideró.