La Intendencia de Montevideo (IM) presentará el lunes un informe sobre las políticas de género desarrolladas por la comuna desde 1991, año en el que se creó la Comisión de la Mujer. En esa oportunidad se lanzará un diálogo entre las autoridades departamentales y organizaciones civiles sobre cuáles son los pasos que conviene seguir en los próximos años, durante los cuales la División de Género contará con un presupuesto que se duplicará en 2018 hasta los 37 millones de pesos, aprovechando el superávit generado por la IM en 2016.

No es casualidad que la Intendencia ponga este tema sobre la mesa cuando en el Congreso se debate la Rendición de Cuentas: entre sus objetivos, está influir para que se atribuyan más recursos también a nivel nacional, dijo a la diaria la directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género, Patricia González. Defendió que se fortalezcan los organismos del Estado dedicados exclusivamente a estos temas, como el Instituto Nacional de las Mujeres, pero consideró que “no alcanza con eso”, porque “para que el problema efectivamente se solucione, es fundamental que todos los organismos del Estado tengan un compromiso presupuestal con este tema”.

González contó que las políticas de género son un asunto central en la IM, y esto se ha traducido en múltiples medidas, entre ellas la adoptada el año pasado, que transformó a la antigua Secretaría en una División, que como tal integra el gabinete municipal. Estos avances “no serían posibles con una unidad aislada”, agregó, porque “todos tenemos una cuota de responsabilidad y de capacidad de acción”. Como ejemplo, González mencionó que en la División de Movilidad a la hora de tomar decisiones se tiene en cuenta que quien más usa el ómnibus es la mujer, en mayor medida con sus hijos. En esta línea, reclamó que en todo el Estado se replique esta modalidad de pensar políticas públicas con perspectiva de género y que no sea solamente una diagramación de políticas para atender problemas de género.

En el informe que se presentará este lunes se denunciará que “el principal problema que tienen las mujeres en el territorio es el acceso a la Justicia”, tanto porque el Poder Judicial “funciona en el centro de Montevideo y no está descentralizado” —lo que hace difícil que las mujeres puedan llegar, especialmente si trabajan y están a cargo de los hijos— como por los costos que implica un proceso judicial —sobre todo en cuanto al acceso a un abogado—, indicó González, antes de señalar que para solucionar estos problemas son necesarios más recursos. “Cuando los organismos del Estado nos indignamos ante las desigualdades y las injusticias sociales, elaboramos política pública y le ponemos presupuesto”, agregó.

Después de haber seguido un proceso de consultas con instituciones públicas y organizaciones civiles, la IM elaboró una propuesta para sus políticas de género entre 2018 y 2020, año en el que termina el mandato del intendente Daniel Martínez. Esa propuesta será presentada el lunes en el diálogo con las organizaciones sociales, a las que se les pedirá una evaluación y una lectura diagnóstica sobre hacia dónde tiene que avanzar la comuna.

Además, también el lunes se presentará el informe de medio camino, en el que se incluyen algunas autocríticas que hace la IM sobre el desarrollo de sus políticas. Por ejemplo, se han presentado dificultades en la articulación en el territorio con otros organismos y se busca hacer modificaciones para extender la atención a las mujeres por fuera de los horarios de las 11 Comuna Mujer que hay en Montevideo, que serán 12 para cuando termine el período, ya que se instalará una más en el Intercambiador Belloni antes de fin de año.