La oposición a la regulación del mercado de cannabis atraviesa un cambio en el paradigma. La ley ya está implementada y eso exige otras estrategias y reflexiones sobre el mercado de cannabis y el fenómeno drogas. Los aliados al gobierno durante el proceso parlamentario piden prudencia y los involucrados en el debate quieren avanzar ahora con el cannabis medicinal. El gobierno monitorea el proceso para modificar lo necesario. La polémica por el rumbo de esta política pública está servida en ambos lados del mostrador político.

La marihuana ya está en las farmacias. Aunque pueden almacenar hasta dos kilos, algunas habían pedido menos por temor a no vender. Calcularon mal: desde el miércoles —y con un paro general en el medio—, las farmacias en Montevideo agotaron su stock, y siguen agotándolo. Tal vez por eso, ahora hay 20 farmacias analizando la posibilidad de sumarse a las 16 que ya se constituyeron en puntos de venta.

Además, en estos tres primeros días de venta de cannabis en las farmacias la cantidad de usuarios inscriptos en las oficinas de El Correo se incrementó 15%: el miércoles eran 4.959 y ayer de tarde llegaban a 5.700.

ICCorp y Simbiosys, las dos empresas que cultivan, cosechan, estoquean y distribuyen la marihuana que se vende en farmacias, están habilitadas a producir cuatro toneladas anuales entre ambas. Tal como está diseñado, el sistema admite unos 9.200 usuarios que compren los 40 gramos mensuales que prevé la legislación. Los números podrían estirarse, porque el sistema de cosecha continua que adoptaron las empresas permitiría duplicar la producción. También está en carpeta hacer otra licitación si la demanda lo amerita.

Lo que viene

En la semana hubo algunos inconvenientes con el sistema de registro, que ya se habían detectado el fin de semana anterior a la puesta en práctica de la venta en farmacias. Las autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) vienen haciendo un seguimiento de las novedades y ayer convocaron a una reunión con los responsables del sistema informático para resolver los contratiempos, que dijeron que se originan en la toma de la huella dactilar. La estabilidad del sistema informático y la evolución del registro son clave para estimar la producción necesaria para abastecer correctamente la demanda.

Otros momentos del proceso, como los resultados de la distribución y venta, también están siendo monitoreados por las autoridades, que buscan detectar problemas y corregirlos.

Por otra parte, en cuanto a la sustancia misma, también habrá novedades, porque próximamente saldrán a la venta dos nuevas variedades cultivadas por la empresa Simbiosys, que todavía no pudo completar el proceso. Sus variedades tienen una mayor concentración de THC, a pesar de que son las mismas que plantó ICCorp. Estos cambios en los perfiles sobrevienen por distintos manejos agronómicos. Además, Simbiosys está culminando los requisitos de habilitación para colocar en el mercado otras dos variedades. Serán Beta II y Alfa II.

Al mismo tiempo, el IRCCA explora el rendimiento y los parámetros generales de otras variedades que harían crecer el menú con cepas de mayor THC. Las previstas para introducir en los invernaderos tienen entre 4% y 8% de THC, confiaron fuentes a la diaria.

Las dos variedades que se distribuyen fueron elegidas para equiparar los niveles de cannabinoides (los principios activos del cannabis) a la marihuana paraguaya. También buscaron un perfil vegetal que contenga más cannabidiol (CBD), que funciona como un antagonista del THC, el principio activo responsable del “viaje” del cannabis. La elección dependió del Ministerio de Salud Pública, confirmaron distintos actores involucrados en el proceso.

Oposición a la vista

La oposición política a este proceso apenas se ha dejado ver. No ahora, sino desde que el debate se dio en 2012. Pequeños grupos evangélicos y un puñado de diputados y, por ejemplo, la diputada Verónica Alonso encabezaron la crítica más cerrada.

También hay y hubo una oposición en la interna del Frente Amplio. Algunos diputados casi hicieron naufragar la iniciativa en Diputados, así como actores gubernamentales enlentecieron todo lo que pudieron la iniciativa. Uno de ellos es el Ministerio de Salud Pública.

La primera representante de la Secretaría de Salud en el IRCCA fue Daniela Osores, socia del psiquiatra Freddy Da Silva, con quien maneja una clínica de “rehabilitación”. Da Silva es un fuerte prohibicionista desde los años 80, cuando el Estado uruguayo desmonopolizó el tratamiento de las “adicciones” que se hacía en el Vilardebó o el Saint Bois. También ocupó cargos como asesor gubernamental.

Fuentes que participaron en las discusiones en la mesa dijeron que la actitud de Osores fue francamente “de trancazo”. Pero no ha sido la única.

Política de oposición

Las ideas sobre las “drogas”, sus usuarios y el mercado, pero sobre todo las consecuencias de su uso, generan interpretaciones dispares entre sectores políticos y sociales.

El diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional entiende que todo el happening del cannabis en estos días es “una venta de humo total y absoluta” para esconder otros temas de gobierno. “Es un distractivo”, dice.

Sin embargo, entiende que el asunto “es un tema de libertad”. “Está todo bien que fumen y el autocultivo, no me opongo. Lo de las farmacias me parece más raro”, opina. Iturralde está interesado en que la población acceda a información sobre aspectos “dañinos” de la marihuana y lamenta que no haya “campaña de difusión”.

Para el diputado colorado Fernando Amado, hubo bombo desde los que buscaron la regulación, “pero fue mucho más impresionante la negativa. Habla de lo hipócrita de la sociedad uruguaya. Abundaron los lugares comunes, prejuicios increíbles, casi una alarma pública para algunos. Eso de que son vagos porque van a buscar marihuana de mañana es muy chato, es una visión contaminada y llena de prejuicios, pero esperable, es la esencia conservadora que existe en Uruguay”.

Alberto Scavarelli fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y en parte de la de Jorge Batlle, y trabajó en el plano internacional desde Naciones Unidas y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Es y fue un duro exponente de lo que, para simplificar, podría llamarse prohibicionismo. A Scavarelli parece alarmarlo la disponibilidad de drogas y el uso entre la población. Pero cree en el derecho positivo. “La etapa de oponerse a la legislación ya pasó. El Parlamento se expidió y no hay un solo proyecto de ley que tienda a modificar esa norma. Por lo tanto, el sistema político y la comunidad lo han tomado como válido. Es una norma vigente y hay que explicarla. Hoy hay una ley y el Estado debe cumplirla con prolijidad. Se está cumpliendo con método y se tomó su tiempo para hacer un mecanismo serio. Pero estamos lejos de resolver los problemas de la relación con el consumo, de los tratamientos y la prevención”, opinó.

Aníbal Gloodtdofsky, ex diputado colorado, se define como liberal. En la campaña electoral de 1994 su sector quería la legalización del cannabis. Estaba dispuesto a votar el proyecto de regulación, pero el sector Vamos Uruguay, que integraba, no lo dejó. Dice que cree “en un mecanismo como este, que tendrá que corregirse en el tiempo, como todo”.

Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, participó activamente en las discusiones que llevaron a la aprobación de la ley de regulación, aunque no votó más que algunos artículos del proyecto. Hoy marca distancia con aquellos tiempos. “Ahora que estamos en este nivel tenemos que ver qué pasa. Tenemos un tiempo de observación y monitoreo, y en función de eso hay que ajustar”, dice. “Me parece una actitud imprudente salir a pegar y también aplaudir excesivamente. Hay que mirar. La jugada no es la que yo hubiera hecho pero sí había que hacer algo. Se hizo algo, ahora hay que ver cómo funciona”, opina.

Oficialismo ayer y hoy

“Lo más importante es que el sistema funciona. Decían que la gente no se iba a registrar. Pero hay 6.900 autocultivadores, 63 clubes y más de 5.000 usuarios registrados. Eso demuestra que si a los usuarios les das una vía de acceso legal la van a usar. En segundo lugar, se decía que iba a ser de mala calidad, que no iba a funcionar, que la gente no iba a ir a las farmacias. Otro mito que cayó. El cannabis es de buena calidad y los usuarios lo aceptaron”, explicó el diputado frenteamplista Sebastián Sabini.

Para el representante del MPP, que también trabajó activamente en la discusión parlamentaria, uno de los logros más importantes de la regulación del mercado de cannabis es que los “recursos no van a ir al crimen organizado, sino a un mercado legal”.

Para Sabini, es hora de apostar fuerte a la investigación científica, a la producción de cannabis medicinal, a la producción de cáñamos industriales, que son actividades que requieren mano de obra y pueden generar buenas oportunidades para Uruguay por su sistema de regulación sin precedentes. “Es hora de que las autoridades responsables evalúen seriamente avanzar en el cannabis medicinal para tener una producción nacional que permita abaratar los costos de los medicamentos y generar un acceso más fluido”, opina el diputado.

Julio Calzada fue secretario de la Junta Nacional de Drogas cuando el ex presidente José Mujica dijo que el Estado iba a regular. Participó en la discusión pública y también en la primera etapa de la implementación. Ahora recuerda a quienes hablaban de cortinas de humo para distraer de la violencia y los “agoreros” del fracaso de la propuesta. También quiere poner de centro de mesa el proceso de discusión en que se basó el proyecto. Entiende que se consiguió un modelo de política pública “basado en el conocimiento y la ciencia”.

“Fue un avance para las políticas públicas, porque estuvieron todos los actores involucrados. No podía ser una cuestión hecha entre cuatro paredes”, destaca Calzada. “Los cambios que se puedan hacer van a mejorar mucho esto. El cannabis medicinal es un aspecto significativo porque la gente está pagando varios miles de pesos por un producto que, producido localmente con la reglamentación y la ley que tenemos, puede conseguirse por un precio mínimo”, opina.