En la tarde del jueves, cuando la lluvia caía a pleno en Montevideo, se llevó adelante el desalojo de alrededor de 80 personas que habitaban un inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo 535, en Ciudad Vieja.
Durante el desalojo, en el que participaron más de una decena de policías, estuvieron presentes representantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y de la Comisión Derecho a la Ciudad-Plaza Uno, quienes denunciaron cuestiones de fondo y de forma en las que se llevó adelante el procedimiento.
Desalojo en la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja.
Foto: Alessandro Maradei
La abogada Valeria España, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dijo a la diaria que “claramente se vulneraron derechos, en la medida en que el desarrollo, más allá de todo el procedimiento, se realizó con la posibilidad de una alerta naranja, lo que generó que muchas personas perdieran pertenencias a causa de la lluvia. Y, de hecho, la observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos y Derechos Culturales establece expresamente que los desalojos por ninguna razón se deben llevar a cabo cuando hay mal tiempo”.
Además, España reclamó un protocolo de actuación, tanto para la Policía como para los autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Del MVOTMA porque es el ente rector para garantizar el derecho a la vivienda y del Mides porque la mayoría de las personas que fueron desalojadas tenían algún tipo de vinculación con este ministerio. Entonces lo que vemos es que agentes privados generan mayor vulnerabilidad en personas que de por sí ya habían sido identificadas por el Estado como vulnerables”. La abogada remarcó además que no existió un plan de realojo para las personas que fueron desplazadas del edificio, y que cada cual resolvió su situación particular como pudo.
Desalojo en la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja.
Foto: Alessandro Maradei
“Como sociedad civil haremos un seguimiento de estas personas, pero en realidad lo que nosotros tratamos de marcar es que el Estado tienen que poder tener una respuesta y legislar algunas cuestiones que ahora están libradas a los especuladores inmobiliario”, afirmó la abogada.