En noviembre de 2019 se llevó a cabo una incautación en el domicilio del general retirado Juan Alberto Lezama, a pedido de Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. La acción tuvo lugar por los indicios presentados por Gerardo Bleier –hijo de uno de los detenidos desaparecidos en dictadura, Eduardo Bleier– de que en la vivienda había documentación relacionada con el rol que cumplió Lezama en el período dictatorial, en particular durante 1975 y 1976. La intención de la búsqueda surgió a partir de información brindada por un familiar del acusado.
Lezama fue denunciado por participar en interrogatorios durante el terrorismo de Estado, por tener conocimiento del proceso y el destino de cada uno de los detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Morgan, así como por haber intervenido en la captura de Eduardo Bleier. Actualmente vive en Islas Canarias.
En diálogo con la diaria, Perciballe dijo que, una vez realizado el allanamiento, se hizo un estudio preliminar de la documentación y luego se la puso a disposición del equipo de Dirección de Proyectos Internos –que trabajan como apoyo de la Fiscalía– y la dependencia del Poder Judicial que se dedica a digitalizar los expedientes de la justicia militar: Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar. Esta dependencia también se encarga de los archivos encontrados en la casa del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo. Hasta el momento, los documentos de Lezama no se han terminado de digitalizar. Cuando suceda, se hará un análisis que, según Perciballe, “no es sencillo”, para finalmente producir un informe.
Luego de la incautación se efectuó una audiencia, debido a que uno de los documentos hallados era un croquis que podría corresponder a entierros clandestinos. Perciballe sostuvo que aún no tienen una respuesta, pero que está siendo analizado por la antropóloga Alicia Lusiardo junto con el juzgado.
Un cúmulo de los archivos incautados se relaciona con el 300 Carlos, el mayor centro de tortura y detención del período dictatorial. Como consecuencia de la diversa documentación encontrada y por “saber que Lezama era un integrante del OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”, señaló Perciballe, se solicitó una citación para que declare. Según el fiscal, el indagado sigue en Islas Canarias –también estaba allí cuando se hizo el allanamiento– y tiene problemas de salud, pero sus abogados estarían tramitando su venida a Uruguay. Perciballe confirmó que Lezama está citado a declarar para comienzos de febrero. Perciballe explicó que si no se presenta a esa instancia, se pediría una captura internacional o nacional, según el caso.
Las causas para la detención son varias: su actuación en el OCOA, su actividad en el 300 Carlos y el conocimiento que podría tener sobre las desapariciones de integrantes del Partido Comunista (PCU).
Las causas en detalle
La Operación Morgan configuró una intensa persecución, la detención y la tortura de integrantes del PCU y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fundamentalmente entre 1975 y 1976. Las acciones eran comandadas desde el OCOA, que tenía a su disposición uno de los equipos del Servicio de Información de Defensa, dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe. Antes, desde 1973 hasta finales del 1975, la represión contra el PCU y la UJC se llevaba a cabo desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
El centro 300 Carlos, también conocido como Infierno Grande, funcionó de 1975 a 1977, y se estima que más de 500 personas estuvieron detenidas allí. El nombre podría relacionarse con el número de comunistas detenidos y Carlos Marx. En ese período, el complejo militar se fraccionaba en tres unidades: el Servicio Material de Armamento (SMA), el Batallón de Infantería Nº 13 y el Batallón de Comunicaciones Nº 5 (o Ingeniería Nº 5). Las tres dependían del Comando General del Ejército.
A Eduardo Bleier y Fernando Miranda los llevaron al SMA. Luego fueron trasladados al Batallón 13, donde posteriormente se encontrarían sus restos. A Lezama se lo vincula con ambos casos y con todo lo vinculado a la Operación Morgan. En este marco, según Presidencia, fueron nueve los detenidos desaparecidos del PCU y 16 los detenidos muertos durante la reclusión.
Según el semanario Brecha, Lezama, como jefe de la División de Informaciones del OCOA, se encargaba específicamente de interrogar, evaluar la información, analizar los testimonios y relacionarlos con los de los otros detenidos, para así elaborar listas de peligrosidad. También se lo asocia con el desarrollo de ese mismo papel en las represiones que, en 1977, tuvieron como destino final el centro La Tablada. Aun así, su participación en distintos ángulos de la dictadura, según Brecha, fue desde 1972 hasta 1978.