El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó los resultados del Informe de Evaluación Mutua de 2019 sobre Uruguay, que analiza el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el grado de efectividad del sistema anti lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo del país. Según indica el documento, la mayoría de los objetivos indicados en la Estrategia Nacional presentan un “significativo grado de ejecución”, con 16 recomendaciones cumplidas y 23 mayormente cumplidas. Estos datos reflejan una mejora respecto de la evaluación anterior, realizada en 2009, en la que Uruguay recibió la calificación de “cumplido” en 13 recomendaciones, “mayormente cumplido” en 22, “parcialmente cumplido” en 12 y “no cumplido” en dos.

“A la fecha de la visita in situ [mayo de 2019], la mayoría de los objetivos indicados en la Estrategia Nacional presentaron un significativo grado de ejecución. Se encuentran completas las etapas de modificación legal del delito de lavado de activos y los delitos asociados al terrorismo y su financiamiento. Se encuentran en proceso de ejecución aspectos vinculados al fortalecimiento de autoridades competentes”, indica el informe de la organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe. Gafilat identificó como “principal amenaza externa” para Uruguay la relativa a los fondos delictivos del exterior, especialmente los originados en países limítrofes. El riesgo general de financiamiento del terrorismo, por su parte, fue considerado bajo.

“Uruguay ha sido históricamente considerado como una plaza financiera regional, y recibe importantes fondos e inversiones del exterior, fundamentalmente de los países limítrofes. Asimismo, permanentemente ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes. En este marco, el país presenta un riesgo inherentemente alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, lo cual constituye su mayor amenaza en términos de lavado de activos”, advierte el documento. Dentro de las amenazas domésticas, destaca el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el proxenetismo, la falsificación y los delitos marcarios, la estafa, y el delito fiscal. En cuanto al delito de financiamiento del terrorismo, explica que el riesgo es bajo, ya que no se ha detectado hasta el momento que el sistema financiero haya sido utilizado para esos fines y porque no hay organizaciones terroristas que operen localmente.

El informe destaca que el país desarrolló evaluaciones de riesgo que abarcan a los sectores considerados como más riesgosos, entre ellos los sectores financiero, inmobiliario y de construcción, administradores y proveedores de servicios societarios y zonas francas. “Sin perjuicio de ello, en algunos casos los resultados obtenidos carecían de información de soporte y estadísticas suficientes, no profundizándose respecto de ciertos riesgos internos y actividades –particularmente en cuanto APNFD [actividades y profesiones no financieras designadas]–”, advierte el estudio, si bien afirma que la coordinación y cooperación nacional en materia anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo es “sólida”.

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Gafilat señala como positivo que Uruguay cuenta con jueces y fiscales especializados en crimen organizado y con competencia específica en lavado de activos, y que el Poder Judicial y la Fiscalía llevan a cabo “la buena práctica de conformar grupos multidisciplinarios de investigación, que se integran por autoridades competentes relevantes, lo que fortalece el desarrollo de las investigaciones”. No obstante esto, advierte limitaciones en cuanto al “desarrollo de investigaciones financieras paralelas proactivas” y señala que la migración de un sistema procesal penal inquisitivo a uno acusatorio “puede implicar desafíos en términos de implementación”. “Se aprecia la existencia de investigaciones, procesamientos y condenas por lavado de activos. Sin embargo, los casos que involucran delito determinante de fuente doméstica son más limitados que los de fuente extranjera. No hay casos vinculados a delito fiscal y tampoco relacionados a algunas actividades de riesgo”, observa.

Por otra parte, el informe constata que existen incautaciones y decomisos por lavado de activos, pero resalta que la mayoría se relaciona con delitos del exterior y no se evidencian solicitudes de incautación o decomiso de bienes en el exterior provenientes de causas de lavado iniciadas por investigaciones en Uruguay. Asimismo, indica que el país reformó recientemente “de manera estructural” su sistema de combate al financiamiento al terrorismo, y que dicha reforma “conlleva la necesidad de fortalecer el entendimiento de las autoridades competentes sobre su alcance”. En ese sentido, sostiene que “no se han registrado procesamientos o condenas por financiamiento al terrorismo, pero el país cuenta con un marco jurídico y un sistema interinstitucional operativo y coordinado en esta materia”.

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Gafilat observa que tanto la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Superintendencia de Servicios Financieros como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que supervisan a las instituciones financieras y las APNFD, respectivamente, “tienen comprensión clara de los riesgos y supervisan a los sectores con un enfoque basado en el riesgo”. No obstante, advierte que la supervisión de las últimas se encuentra “en distintos grados de madurez, según los sectores de que se trate”. “Las instituciones financieras tienen comprensión de sus riesgos y obligaciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el caso de APNFD, esta situación es más limitada”, afirma.

Finalmente, destaca que Uruguay tiene un marco jurídico e institucional que permite a las autoridades competentes combatir el lavado de activos y realizar extradiciones de manera constructiva y oportuna, pero destaca como desafíos del sistema el carácter limitado de las solicitudes activas. “En materia de cooperación internacional, el enfoque de las autoridades competentes es en general constructivo”, percibe Gafilat. La Senaclaft, que difundió el informe en su página web, subrayó que “el compromiso político demostrado” y “los importantes avances del país en la aplicación de medidas de prevención del LA/FT” ubican a Uruguay “en la vanguardia internacional a nivel del cumplimiento técnico de los estándares en la materia y, afortunadamente, nos dejan fuera de las listas de países no cooperadores, principal objetivo que se buscaba lograr en esta etapa”.