Isaac Alfie y Carlos Delpiazzo declaran esta semana como expertos en juicio de Aratirí

El 17 de enero, en un vuelo de American Airlines, el ex ministro de Economía y Finanzas de Jorge Batlle y futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, viajó a Estados Unidos con su esposa. Se tomó algunos días para resolver asuntos personales y luego se abocó a mantener reuniones con el estudio Ferrere, que asesora a la minera Aratirí en el juicio millonario que esta emprende contra el Estado uruguayo ante la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

Entre abril y junio de 2019, el economista Alfie fue contratado por el estudio Ferrere para redactar un informe en calidad de experto en asuntos vinculados a inversiones. Sobre ese informe declarará esta semana en Washington. Este domingo, mediante un comunicado público luego de que se conociera la noticia de su comparecencia, el futuro director de la OPP aseguró que esto no lo convierte en “actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo”. “No represento a parte alguna”, afirmó. Dijo que su participación en el litigio “se restringe” a la redacción de un informe técnico, “en carácter de experto, sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay a partir de 1974”, y que, en esa calidad, le “corresponde” informarle al tribunal sobre asuntos de su conocimiento. Argumentó, por otra parte, que el informe no se expide “sobre el fondo ni [sobre la] sustancia del caso, es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”.

En la noche de este domingo, en Twitter, Alfie fue más allá y escribió que estaba en Washington “a requerimiento del Estado uruguayo, que me ha citado para la audiencia”. El economista ratificó, en conversación con la diaria, su versión de que quien lo puso en la lista de declarantes para la audiencia fue “el gobierno uruguayo”. “No sólo [me puso] en la lista, sino que definió el orden en que van a declarar” las personas que comparecerán, aseguró.

Fuentes del gobierno uruguayo negaron esta versión y remarcaron que se trata de una “mentira”. Señalaron que los expertos que fueron contratados por Ferrere fueron citados por el estudio y que, “obviamente”, declararán a favor de Aratirí. Además, añadieron que cada parte en el juicio se hace cargo de costear los gastos de transporte de los testigos y expertos que convoca a declarar. En el caso de Alfie, fue el estudio Ferrere el que le envió los pasajes a Washington, según confirmó el economista a la diaria. “A mí del estudio Ferrere me mandaron los pasajes”, declaró, aunque valoró que este detalle carece de importancia.

El economista también divulgó este domingo en Twitter una foto de un documento con “instrucciones” que el estudio le dio para elaborar el informe sobre el caso Aratirí. Se le solicitó a Alfie que describiera el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, que describiera los incentivos otorgados por la última ley de inversiones y sus sucesivas reglamentaciones, y que analizara si el proyecto Valentines calificaba para recibir beneficios fiscales. Alfie dijo a la diaria que sobre estos puntos versará su exposición en la audiencia, y que se limitará a exponer sobre estos temas. Además, aseguró que le dijeron que no se podía negar a presentarse a declarar. “Me comunicaron que fui citado para la audiencia. No me pude negar, porque las reglas son así”, señaló. “¿A usted le parece que me gusta estar acá, muriéndome de frío en Washington?”, inquirió.

Por su parte, el gobierno electo respaldó a Alfie. En un comunicado, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, aclaró que fue informado desde un primer momento de que Alfie se hacía cargo de una “asesoría técnico-profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. En el comunicado se reitera el argumento de Alfie de que su informe no se expide sobre el fondo de la controversia y se subraya que el gobierno electo “defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”. También se destacan las “sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público” que ha dado Alfie a lo largo de su trayectoria, y se reafirma la “confianza” que el gobierno electo deposita en él.

Más declarantes conocidos

Según supo la diaria, en la audiencia también comparecerá a declarar como experto Carlos Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991-1992), quien elaboró un informe para Aratirí, en su caso sobre aspectos jurídicos y algunas cláusulas del contrato.

La instancia de esta semana será la primera etapa de la audiencia arbitral; la segunda y última se llevará a cabo en febrero. A partir de entonces, las partes estiman un plazo de un año para que se conozca el dictamen de los tres árbitros actuantes.

Algo de historia

En agosto de 2010, cuando se anunció que Aratirí planeaba invertir 2.000 millones de dólares en la explotación de yacimientos mineros en el país, no había ningún indicio del desenlace que finalmente tuvo el proyecto. El entonces presidente José Mujica incluso llegó a expresarles a sus ministros el deseo de que Aratirí se convirtiera en una “causa nacional”, como lo había sido años antes la instalación de la primera planta de celulosa de UPM. No obstante, el respaldo político de la oposición nunca llegó, y, un año después, el proyecto de la empresa india Zamin Ferrous tenía varios frentes abiertos.

“No estamos de acuerdo en que se instale Aratirí, no por motivos económicos. No es sinónimo el capital de prosperidad. Están también la salud humana, el ecosistema, el cuidado del turismo”, manifestó el entonces diputado nacionalista Luis Lacalle Pou a Informativo Sarandí en agosto de 2011. Lacalle Pou fue uno de los legisladores que más cuestionaron la inversión. En 2011 y 2012 hubo manifestaciones de productores y de grupos ambientales en contra de la minera, en las que participaron legisladores nacionalistas.

La piedra de la discordia entre la empresa y el Estado uruguayo llegaría en 2013, con la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte. La norma fijó un régimen tributario especial para los proyectos que superaran las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos. Además, determinó que las inversiones por actividades mineras no pudieran ser objeto de regímenes promocionales que habilitaran exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y creó una tasa adicional progresiva de este impuesto, así como un canon de producción y un adicional al canon para los proyectos, que incluye una cláusula de estabilidad tributaria. Aratirí alega que esa norma la perjudica; se ampara en el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay mantiene con Gran Bretaña, que en el numeral 2 del artículo 2º establece que “a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada Parte Contratante se les concederá en toda ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante”. A su vez, el primer numeral del artículo 3º afirma que “ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de capital y rentas de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales”.

En paralelo a la aprobación de la norma, los precios del hierro comenzaron a bajar, y a pesar de algunos intentos de llegar a un acuerdo y de que Aratirí llevara a cabo un proyecto más modesto, que tuvieron lugar cuando se iniciaba el gobierno de Tabaré Vázquez, las negociaciones se dieron por concluidas en marzo de 2016. En 2017 se supo que la empresa iniciaría un juicio internacional contra el Estado uruguayo, y en agosto de 2018 se conoció el monto de la demanda entablada: 3.536 millones de dólares.

.