Mario Layera nació en Mercedes, en una familia muy humilde. Sus primeros seis años los pasó en Palmitas, un pequeño pueblo de Soriano. La familia de su padre era de Flores y se mudaron por razones laborales. Hizo toda la escuela y los primeros dos años de liceo en Flores. Luego se fue a estudiar dos años al liceo militar de Durazno. Ganó una beca e ingresó en la escuela militar. Cursó un año y a poco de egresar pidió la baja por no adaptarse al régimen militar. Volvió a Flores, donde trabajó un año en la pastoral juvenil, con la iglesia católica.

Tenía que encarar de nuevo un trabajo y siempre le llamó la atención lo policial. Ingresó a la Escuela Nacional de Policía (hoy Dirección Nacional de la Educación Policial) en 1981. Cuando se recibió, en 1983, lo destinaron a Colonia. Durante los 12 años que trabajó en ese departamento pasó por todas las posiciones. También se casó por primera vez y tuvo dos hijas.

En 1995 le ofrecieron pasar a la Dirección de Drogas, en Montevideo, donde trabajó 18 años. Pasó por varios puestos hasta que en 2010 fue designado director.

En 2013 pasó a retiro y se hizo cargo de la Jefatura de Policía de Montevideo. Tras la enfermedad y posterior muerte del ex director nacional de Policía, Julio Guarteche, en 2016, le ofrecieron sucederlo.

Layera se volvió a casar el año pasado. A semanas de terminar un ciclo de casi 40 años en la Policía, el director de la Policía Nacional conversó con la diaria.

Transitaste por lo militar y por lo policial. ¿En qué se diferencian?

Va en las épocas. Viví la dictadura en la formación militar y en la policial, y en realidad no había mucha diferencia. En la formación no había diferencia, tampoco en la estructura ni en la metodología. El régimen no tenía diferencia. Ahora eso se fue despegando. A partir de 2005 comenzaron cambios hacia una Policía mucho más civil y no tan militarizada como la que existía en aquel tiempo.

¿Qué cambió entre la Policía a la que vos llegaste y la Policía actual?

El régimen militarizado que tenía la Policía. También cambió el escenario, producto de los cambios sociales y políticos. El escenario está dado por una ecuación que va desde lo territorial hasta lo cultural, sociológico, económico y político. Esos factores tuvieron evolución. Pero el factor policial no había cambiado durante 40 años. Era el “policía cazador”: el que atrapa al delincuente luego de que comete el crimen. No abarcaba todo un aspecto, que luego comenzó a surgir, que es la Policía de proximidad, la Policía comunitaria. Por otro lado, también está la prevención. Es decir, cómo hacemos para prevenir el delito. En vez de tener mayor carga represiva sobre las acciones se apuntó a un estudio que se dirija a la prevención. Eso es lo que más ha cambiado con la reforma policial.

Del “policía cazador” al “policía preventor”.

Hay una construcción que apunta a la mejor calidad de la investigación de los delitos. Es una especialidad que en la Policía hay que definir como básica. Sería el “policía preventor”, y luego vienen los niveles de especialidades: tácticas, armas especiales, situaciones críticas, patrullaje de determinadas zonas que los analistas señalen como críticas. Otra especialidad que se desarrolla es la investigación, por medio de la Policía Científica, que siempre existió pero se conocía como “Policía Técnica”. En esa área se han introducido avances tecnológicos para apoyar la investigación. En lo preventivo también hemos sumado tecnología. Se ha avanzado mucho. Nos encontramos con que necesitamos agregar otro tipo de perfiles a la Policía que no existen. Tenemos dificultades para agregar otras especialidades, como es la experticia informática. Es una puerta nueva que se abre y hay que prestarle mucha atención, porque es el futuro. Tenemos que ser la ‘Policía 3.0’, una Policía adaptada al mundo actual. La dinámica de las conductas sociales obliga a estar permanentemente conectados con la realidad. Tenemos que estar preparados y preparar perfiles de policías en ese sentido. Toda la formación debe estar encarada de esa manera, por eso la transformamos. Se deberían potenciar todos esos aspectos, y desarrollarlos hasta que alcancen una permanencia y se logre introducir el ADN cultural policial nuevo. Todavía estamos en ese conflicto: hay policías que están en el tiempo antiguo y otros que están en el futuro. Estamos en una época de transición.

Uruguay es un país de liderazgos envejecidos. Sin embargo, en la Policía –hasta dentro de unas semanas, cuando volverán a ocupar los lugares las viejas generaciones– las jerarquías rondan los 40 años, un promedio muy por debajo de la media de las instituciones. ¿Cuánto impacto tuvo que las jerarquías sean jóvenes? ¿Fue una estrategia o fue aleatorio?

Tendemos a bajar los promedios. Incluso, yo considero que no pertenezco a la generación que tendría que estar dirigiendo la Policía. Choca con ese ADN cultural antiguo, que decía que cuánto más experiencia tenías en la Policía más te ayudaba para la labor. Ahora, con la tecnología que tenemos, todo va más allá de los conocimientos. A mí me pasa, tengo que recurrir a gente más joven, que sepa utilizar las herramientas, para poder tomar decisiones. Hay que universalizar esa formación, para dar respuestas acordes a las demandas de la ciudadanía. Los policías generalmente somos reticentes a los cambios.

La reforma policial es muy reconocida internacionalmente, pero en Uruguay no se la destaca.

Es un síntoma cultural uruguayo. De cierta manera, quien quiere renovar en Uruguay tiene dificultades. Somos un pequeño país en un continente nuevo y en desarrollo, que está viviendo situaciones del siglo XXI y otras del siglo XIX. Tenemos un enlentecimiento en la renovación generacional. Hay aspectos negativos que no nos permiten avanzar. Las nuevas generaciones tienen una gran demanda de libertad. Muchas veces las instituciones no van a la velocidad necesaria para adaptarse a la realidad. Esa forma de ver las cosas no va a compatibilizar con las nuevas generaciones.

Parte de los cambios que hubo es que la formación no tiene más régimen de internado.

Para la mayoría de los policías, el internado se contemplaba porque no tenían la capacidad de poder cursar y vivir, no se podían sostener económicamente por fuera de lo que se les proporcionaba. Al mismo tiempo, en su momento observábamos que había aspectos positivos en tener una dedicación casi exclusiva para la formación. Pero, por otro lado, entendimos que era negativo el alejamiento de la sociedad que sufrían los policías. Estar internados durante tres años en un régimen estricto y con poco contacto los alejaba de la sociedad. Y después, justamente, tenían que salir a interactuar con esa sociedad. Entendimos que la mejor forma era que la formación sucediera de otra manera. Se solucionó el aspecto económico [se insertan luego del primer módulo como agentes y comienzan a trabajar y a percibir un salario que ronda los 27.000 pesos]. Eliminar el internado también tiene un impacto económico: se reducen los costos para el Estado, porque no se necesita una infraestructura tan grande y costosa de sostener. Al mismo tiempo, permite que el policía se forme administrándose dentro de la sociedad en la que se va a insertar.

Esta última inscripción para ser parte de la Policía fue histórica, alcanzó a unos 30.000 postulantes. ¿A qué se debe?

Hay una demanda de empleo y la Policía es una carrera bastante estable, que al haber subido el presupuesto ha mejorado los salarios. También todo lo que ha cambiado, por ejemplo, el régimen de internado. No tener internado no quiebra las relaciones familiares. Antes, mucha gente que tenía familia no podía pasar tanto tiempo lejos, internado. Lo mismo sucedía con el personal femenino. Las mujeres no ingresaban tanto, en parte, por el internado. Esas cosas han hecho que la institución policial sea vista de otra manera. Son una cantidad de detalles que, todos juntos, hacen que en este momento sea una opción de trabajo de calidad.

¿Cómo impacta que la formación ahora tenga reconocimiento universitario?

Es una semilla que plantamos y que va en el camino que queremos: que el policía se forme en la Universidad, en conjunto con otros profesionales. Luego hay otras cuestiones específicas que se pueden seguir enseñando en escuelas de formación policial. Estamos preparados para tener una facultad nuestra o para que se cursen algunas materias en la Universidad de la República y otras en el instituto nuestro. Eso ayudaría muchísimo, porque esa relación y ese intercambio de experiencias entre estudiantes de distintas carreras enriquece el conocimiento. Nos hace entender la realidad de una mejor forma que ahora. Compartir nos permite conocer otras realidades. ¿Qué servicio le podemos brindar a la gente si no conocemos su realidad? Además, es una forma de alcanzar un nivel profesional de mayor prestigio y mejor reconocimiento. Si bien hoy nos decimos profesionales, en realidad somos lo último de la tabla. Entonces, si lo concebimos así, no tenemos la mejor seguridad. Si nuestros policías no son los mejores o no están en los niveles adecuados no vamos a tener la mejor seguridad posible.

“Ninguna profesión está ajena a la corrupción, pero la policial es la que más daño produce”.

Otra de las cosas que cambiaron es que aumentó mucho la credibilidad en la Policía, siendo una de las instituciones en las que las personas más confían.

Es un reconocimiento a la transformación que intentamos. En la Policía hay un aspecto fundamental: la transparencia frente a la sociedad. La transparencia en el trabajo policial es muy importante. En el pasado se intentaba que todo fuera lo más reservado posible. El trabajo puede ser reservado en determinadas aplicaciones técnicas, pero toda la acción policial no tiene por qué estar oculta a los ojos de la ciudadanía. Tenemos que ser lo más transparentes posibles. Principalmente en nuestras conductas y en las formas de desarrollar nuestro trabajo. Tenemos que poder ser auditables, que los registros nuestros sean confiables. Si hay una queja sobre el trabajo policial hoy se puede auditar inmediatamente y ver quién estaba y qué estaba haciendo. La transformación fue alumbrar lo que estaba oscuro. Entonces ahora podemos verlo en su realidad. No nos hemos cerrado en nuestra realidad, hemos escuchado y hemos sabido adaptar las propuestas a nuestro escenario.

Hubo un esfuerzo por combatir la corrupción interna.

De eso hablo cuando digo “alumbrar lo que está oscuro”. Transparentar la acción policial lleva a que exista una prevención contra la corrupción. Ninguna profesión está ajena a la corrupción, pero la policial es la que más daño produce. Cuando el policía se corrompe causa un daño a la sociedad muy importante. Eso se cambia promoviendo valores, pero también favoreciendo la transparencia, permitiendo que nos auditen y pudiendo investigar a los policías internamente. Se ha avanzado mucho en ese terreno.

¿En qué se basa el respaldo al accionar policial?

El respaldo parte de la base del conocimiento de las normas, de tener los protocolos claros. Se basa también en el cuidado que hay que tener para atender las necesidades humanas del policía, que van desde su salario hasta su equipamiento, además de las medidas que se le dan para su protección y acción. Desde el punto de vista político, aumentar el presupuesto fue un avance. El trabajo en equipo también es un respaldo.

¿Por qué se cuestiona el respaldo?

Se está utilizando un concepto antiguo. Se está identificando sólo un aspecto del policía represor. Se trata de proteger al policía cuando ejecuta una acción de represión.

Dispará y después vemos.

Si es que vemos qué sucede. Pero en principio podés disparar. Esto choca mucho con la administración de justicia, con las garantías constitucionales y con todo lo que refiere a lo procesal y penal. No sé cómo se va a resolver. Es un aspecto que se tiene que debatir, pero las leyes no las hacemos nosotros. Hay que avanzar en aspecto reales que den respaldo a la Policía, en lo que tiene que ver con lo presupuestal, lo salarial, las condiciones de vida.

“Si nosotros, que somos los representantes de la ley, no entendemos el valor de la vida unido a una legítima defensa, en realidad no somos los representantes de la ley, pasamos a ser los matones a sueldo del gobernante de turno”.

Disparar implica también que puede recibir un disparo a cambio.

Es elevar el problema. Es pasar a un estado de guerra. Ya sucedió en otros países y luego todo el mundo lo lamenta.

En este tipo de planteos no se valora el aumento de la letalidad como problema. O parecería ser que aumentar la letalidad “no estaría tan mal”.

Parte de la base de hacer prevalecer la fuerza sobre la inteligencia. Entonces, si me van a dar un cañón, voy a disparar con eso. Lo mismo si me dan un arma de mayor calibre. Parte también de la base errada de creer que el arma es la principal herramienta. Antiguos policías, que se estaban yendo cuando yo estaba ingresando, siempre me decían “la principal herramienta de un policía es el lápiz”. Lo que nos querían decir era que la mayor defensa es lo que registramos. Porque era lo que nos iba a defender ante cualquier situación. Nunca me dijeron que el arma era lo más importante. Nunca fui entrenado en ese sentido. El arma está unida a un código de legítima defensa. Legítima defensa para mí o para una tercera persona. Ese concepto es fundamental. Porque si nosotros, que somos los representantes de la ley, no entendemos el valor de la vida unido a una legítima defensa, en realidad no somos los representantes de la ley, pasamos a ser los matones a sueldo del gobernante de turno.

Los delitos han aumentado, y a priori no parece que vayan a disminuir. ¿Cómo se valora esto en un escenario de mejora de la Policía?

Hemos estudiado los factores que inciden en este tema. La dinámica y los recursos no permiten comprender a fondo esta realidad. Lo mejor sería contar con un observatorio criminal multidisciplinario, ajeno a la Policía, para estudiar este fenómeno. Hay aspectos externos que han afectado. La matriz de la modalidad criminal cambió hace unos 20 años. La conducta criminal cambió y se radicalizó hacia la violencia extrema dentro de determinados grupos sociales vulnerados, que tienen necesidades insatisfechas. Por otro lado, hay una oferta muy importante de bienes materiales, que hacen que esta sea una sociedad de consumo. Hay una fiesta y no te invitaron, pero vos querés participar. Como no podés hacerlo de una forma adecuada, entrás a la fuerza. Vemos movimientos de gente que trata de acceder a determinados lugares donde está la fiesta. Y ahí surge el conflicto, porque los que están en la fiesta no quieren que los que llegan lo hagan a la fuerza. La realidad nuestra es que hay pequeñas fiestitas y una cantidad de gente que las observa y quiere participar. Para eso se rompieron códigos. Muchos dicen “antes podías ser pobre, pero tenías valores”. Pero antes no había tantas fiestas, o no las veías.

¿El delito tiene que ver con una cuestión de necesidad o de identidad?

No es una cuestión de necesidad. Es una cuestión asociada a una hiperrealidad, donde lo material excede lo moral y los valores. Siempre tengo algo más para adquirir, siempre hay un bien nuevo que me están ofreciendo. Tener ese bien es observado por mi grupo como un elemento de reconocimiento. Un bien material transmite cuál es mi capacidad en el grupo. Y yo quiero ser reconocido entre mis iguales como que soy capaz de adquirir los bienes que transmiten reconocimiento. Ese pensamiento comienza a permear todo. Estamos tratando de identificar cómo manejamos esos aspectos. Por ahora, no lo estamos resolviendo muy bien; estamos yendo hacia un conflicto de dos partes.

¿Cuánto impactó la tecnología en la prevención y represión del delito? ¿Y en la complejización del delito?

La tecnología vino para quedarse y es súper necesaria, principalmente en lo que tiene que ver con la investigación y las pruebas, luego de que se comete el delito. Bien utilizada, tiene además un poder de disuasión del delito. No es poner cámaras, es tener capacidad de respuesta. Si coloco una cámara en un lugar, pero no tengo capacidad de respuesta ante un hecho, no tiene sentido. Pensar que porque pongo cámaras en todos lados ya se soluciona el problema es errado. El elemento humano es lo más importante, va mucho más allá de la tecnología. Por otra parte, hay que saber que toda tecnología, cuando es para darnos mayor seguridad, choca contra las libertades individuales. Para quien cometió un crimen va a ser una prueba a superar, y la va a superar. En algún momento lo logra superar. Por lo tanto, la tecnología debe ser renovada continuamente.

¿Hay un avance del crimen organizado?

En el mundo hay un avance del crimen organizado ya reconocido. El crimen organizado es una de las herramientas con más poder.

¿El crimen organizado tiene vínculo con el poder político?

El crimen organizado siempre va a intentar vincularse con el poder político, incluso va a tratar de participar en la política. En nuestro país no tengo conocimiento de que haya sucedido eso. No puedo hablar de una vinculación de la clase política uruguaya con el crimen organizado. Pero es un tema que está presente siempre.

¿El temor y la opinión pública pueden determinar las estrategias de seguridad?

Pueden influenciar en las políticas de seguridad. Hay que ser muy equilibrado, para que el público en general entienda los problemas y se pueda tener un equilibrio reflexivo sobre la seguridad, y no una respuesta emocional radical y extrema.

¿Hay todólogos de la seguridad?

Hay opinólogos de la seguridad. Parecido a lo que pasa con el fútbol. Todos formaríamos nuestro cuadro, lo haríamos jugar de tal manera y ganaríamos todos los partidos. Pero la realidad no es así.

¿Qué riesgos tiene la ciudadanía cuando asume tareas que son policiales?

Pone en riesgo su vida, su libertad y su consciencia. Todo eso está en juego. Todo eso está en juego también para un policía cuando actúa.

¿Qué riesgos tiene la privatización de la seguridad?

Lo que siempre está detrás de algo privado es que sea visto como un negocio. Eso determina que para la seguridad sólo se va a mirar el aspecto económico. Por lo tanto, todo aquel que quede fuera de esas capacidades no sería objeto de ser cuidado.

¿Se reducen las garantías?

Foto: Ernesto Ryan

Foto: Ernesto Ryan

Claro. Porque también se pierde determinada ética y moral. Tiene que ver con los resultados, para que no haya una pérdida económica. En la justa medida está bien, porque no recarga tanto al Estado en determinados ámbitos en los que quizás no sea tan necesario. Permite que las empresas se desarrollen y permite promover el empleo también. Tiene que haber un equilibrio y tiene que estar pensada y supervisada.

¿Hay que repensar la idea de que un policía es policía las 24 horas?

Absolutamente. Es un problema asociado a esa cultura antigua. Primero, porque como trabajador no me están pagando por esa cantidad de horas. Sería una dedicación exclusiva; en la Ley Orgánica Policial se habla de la permanencia e indivisibilidad de la tarea. Eso quiere decir que vos tenés que actuar en cualquier tiempo y espacio. Es un límite que nos eleva a un nivel de superhombre que no existe.

Y aumenta los riesgos para las y los policías.

En muchos casos. También puede afectar la salud del policía.

¿Los policías deben portar el arma fuera del horario de trabajo?

En el mundo hay policías que no portan arma incluso en el horario de trabajo. En nuestro país hay policías que no requieren arma para las tareas que realizan. Es un tema de debate, preferiría tener un nivel mucho más alto de calidad de policía y menor cantidad de armados. Nos daría el espectro que necesitamos para captar otros recursos humanos de muy alto valor para desarrollar otras funciones que apoyen al policía que está armado. Este cambio también es cultural. Nuestra sociedad todavía tiene la idea de que tener un arma tiene mayor valor. En Uruguay admitimos bastante el tema de tener armas.

En las últimas semanas hubo hechos delictivos que tuvieron policías como víctimas.

Es un fenómeno que se está dando actualmente y que es muy peligroso. Tiene que ver con acciones de control que se han realizado sobre las armas. Ahora pasamos a ser un objetivo importante porque tenemos una pistola y un chaleco antibalas. Duplicamos el riesgo que ya teníamos. Por eso es que a veces pensamos en cuán necesario es portar un arma. Los policías siempre tuvimos la posibilidad de, una vez finalizado nuestro servicio, sacarnos el uniforme y dejar el arma en nuestra unidad de trabajo. Muchos policías lo hacen, y andan sin el arma. Otros no lo hacen. Y otros no andan sólo con el arma de reglamento sino que además llevan un arma propia, que están habilitados a tener.

Han aumentado los homicidios asociados a conflictos criminales. 60% de los homicidios de varones se dan en este marco. ¿Cuánto de esa violencia derrama?

Es una preocupación, porque es un horror que estas circunstancias se manifiesten de la manera que lo están haciendo. Puede ir en aumento y eso va a ir contra la seguridad en general. Es un elemento que daña a toda la sociedad y que la va a seguir dañando, si no buscamos las maneras de controlar y reducir estos homicidios.

Te has expresado a favor de la regulación de los mercados de drogas.

He llegado a la conclusión de que no me tengo que cerrar en que la prohibición y la represión sean la única manera. Hay que observar que este fenómeno crece. Esta dinámica me lleva a cambiar de pensamiento. A decir: ¿qué pasa si buscamos de otra manera? O estamos destinados a mantenernos en este estado y seguir pasando de generación en generación la idea de que no hay solución para este fenómeno social. Si no se aborda de otra forma, va a generar más daños en la sociedad. Tiene que haber otro abordaje. En las políticas antidrogas, un factor importante es el control de la demanda, y trabajar con otras instituciones. Al existir una prohibición parece que todo el mundo se descansa en que la represión debe ser la que obtenga los resultados. Y se descuidan los otros aspectos. Tenemos que incorporar una mirada que apunte a regular. Es un tema a debatir, observando la realidad. La regulación de la marihuana hasta el momento no ha modificado negativamente la seguridad.

A pesar de que su falla es sabida, sigue imperando la idea de la guerra contra las drogas.

Hemos sido dañados por la oferta de drogas muy malas. Hay elementos geopolíticos que están detrás de las circunstancias. Tenemos que ubicarnos en nuestra realidad: no estamos liderando los principios de las normas y las políticas públicas.

¿Hay una cuestión de clase en la persecución de las drogas?

El crimen organizado trabaja sobre todos los lugares, no hemos discriminado a la hora de abordarlo. La política criminal apunta a seguir la cadena de producción. Hay que analizar si lo prohibido afecta negativamente. Es decir, si lo prohibido es un incentivo para que se lo traspase. Si es así, no tendríamos que prohibir, entonces.

Hay críticas a las estrategias de seguridad, pero la población carcelaria no para de crecer en Uruguay. La persecución del delito no parece ser el problema, por ende el problema no estaría en la Policía.

El problema no está en la Policía. Tenemos que redefinir muchísimo la aplicación penal y las cárceles. En este momento, la Policía está en un nivel aceptable, lo que todavía no logramos entender y definir es, justamente, cómo sancionamos, a quien sancionamos y en qué condiciones. Y también definir qué logran esas condiciones, si estamos logrando que el individuo se rehabilite y que no reitere su conducta. Una sociedad en la que las garantías y los derechos existen se va a enfrentar con este dilema. ¿Qué estamos buscando? ¿Hasta dónde soporta la sociedad? Pareciera ser que la sociedad se inclina hacia una respuesta represiva y contundente frente al delito.

¿Cómo impacta la situación de las cárceles en la seguridad?

Las cárceles son el origen de casi todo lo que sucede afuera. Al ser tan importante la población carcelaria, pasa eso. Estamos hablando de casi 12.000 personas, con vínculos que pueden ir multiplicándose en la medida que contemplamos el núcleo familiar y los entornos. Ahí vemos la magnitud del problema que tenemos. El tema tiene que ser redefinido de alguna manera para lograr mejores resultados, que en definitiva tienen que ver con lograr el descenso del delito. De eso se trata. Rehabilitar para que haya menos delincuentes y por ende menos cantidad de delito, y, por consiguiente, menos personas en las cárceles.

La ley de urgente consideración del futuro gobierno tiene diversas propuestas en seguridad. Entre ellas, propone que los policías retirados pueden portar armas y actuar ante flagrante delito.

Es una figura que se ha utilizado en el pasado. Trata de cubrir espacios con una posibilidad de recursos humanos que tiene algún conocimiento –no actualizado–. Pero, en realidad, si tuvo una edad para el retiro, no lo veo en la aplicación de una patrulla, ni siquiera en una comisaría. Podría aceptarlo en un nivel de dirección, pero eso es algo que ya existe. Como una solución: no. Prefiero que ingresen policías jóvenes.

¿Se pone en riesgo la seguridad de esos policías retirados?

Claro.

También propone el derribo de aviones.

Se ha estudiado mucho el tema. Es una cuestión disuasiva, pero que no soluciona el problema. Si el mercado de la cocaína está en expansión es porque hay muchos vuelos; son miles de vuelos. Cuando se aplicó esta ley en Brasil y en Perú hubo derribos equivocados. La norma continuó, pero se dejó de aplicar por razones obvias. También es una cuestión de recursos, necesitaríamos comprar un avión muy moderno para interceptar. Desconozco qué recursos podría haber para esto. También hay que saber que si los narcotraficantes ven que la vía aérea es complicada, buscan otras.

El proyecto además propone agregar al Código Penal como delito el “agravio a la autoridad policial”. Quien “obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agrave, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial, en ejercicio o no de su función”, podrá ir preso con una pena de entre tres meses y un año. ¿Qué impacto puede tener esta medida?

Esto deja librado al criterio subjetivo de cualquier policía la detención de una persona. Al configurar delito, en cualquiera de esas situaciones el policía va a poder considerarlo flagrante y puede disponer la detención de la persona. Como luego tiene cuatro horas para dar cuenta a la Fiscalía, estaría habilitando la posibilidad de una indiscriminada forma de detención. Con eso ataca las garantías individuales, que en el concepto general actual se deberían proteger, no contravenir. En todo caso, habría que plantearlo de una manera tal, dentro de lo que ya se considera un desacato ante cualquier autoridad, y no sólo ante la Policía. Creo que tiene bastantes fallas jurídicas que van a ser confrontadas.

¿Los pingos se ven en la cancha?

Sí.