La solicitud de extradición a Panamá de la contadora Maya Cikurel, pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, puede poner en una situación delicada al coordinador de programa del presidente electo Luis Lacalle Pou.

Cikurel fue detenida el miércoles en Colonia cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires junto a Da Silveira, y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. Interpol emitió una alerta roja para su captura; la Fiscalía de Panamá acusa a Cikurel de ser beneficiaria de sociedades anónimas desde las cuales se hicieron transferencias ilícitas por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Esta empresa es protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, y está acusada de pagar coimas millonarias y sobornos a autoridades de varios países.

A la contadora uruguaya se la acusa de cometer un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, según el artículo 254 del Código Penal de Panamá. Se le dispuso 60 días de prisión preventiva domiciliaria y se estima que en ese plazo el gobierno de Panamá enviará la solicitud de extradición.

Según el tratado de extradición vigente entre Uruguay y Panamá, suscrito en 2008 y ratificado por el Parlamento en 2009, la autoridad competente para diligenciar la extradición –que en el lenguaje de los tratados se conoce como “Autoridad Central”– es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cartera que a partir del 1º de marzo ocupará la pareja de Cikurel, Pablo da Silveira.

Funcionarios judiciales y diplomáticos explicaron a la diaria que el diligenciamiento es un procedimiento por el cual el MEC se limita a transmitir al gobierno que solicitó la extradición cuál es el dictamen de la Justicia uruguaya al respecto. Por lo tanto, si bien lo tramitan funcionarios del MEC, prácticamente en ningún caso el ministro interviene ni la cartera interfiere en la decisión de extradición.

Sin embargo, en la historia reciente de Uruguay hay por lo menos una excepción a esta generalidad. En 2004, durante el gobierno de Jorge Batlle, el Poder Ejecutivo, asesorado por el fiscal de Corte Óscar Peri Valdez, negó la extradición a Argentina de los militares Manuel Cordero, Jorge Silveira, José Gavazzo y Julio Vadora, acusados de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar, por entender que sus casos estaban amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

La vicepresidenta de la República y senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, dijo a la diaria que a Da Silveira “se le va a complicar” si el MEC interviene en el proceso. “En ese caso, él se tiene que excusar de algún modo por el tiempo que esté eso en discusión, y quedará el subsecretario”, estimó. Acotó que desde el Partido Nacional (PN) se busca “minimizar la relación” porque hace seis meses que están en pareja, “pero la realidad es la realidad”.

Esta semana, cuando se conoció el caso, Da Silveira dijo a la diaria que prefería no opinar para que sus declaraciones no fueran interpretadas como “un intento de influir sobre la Justicia”. “Lo mejor es esperar a que las cosas evolucionen confiando en que todo se va a aclarar”, manifestó.

El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez opinó en Twitter que Da Silveira debería renunciar a ocupar el cargo de ministro de Educación y Cultura, y sostuvo que el gobierno electo tiene “varios allegados procesados o involucrados con la trama de corrupción”. “Pablo Correa, abogado del PN en el caso ANCAP, había sido procesado. Betingo Sanguinetti, hermano del ex presidente y actual senador de la coalición, procesado por lavado de activos y sigue la investigación. Maya Cikurel, pareja del futuro ministro, está con prisión preventiva”, enumeró.

Núñez advirtió que si bien la Fiscalía Nacional es un servicio descentralizado, se conecta con el Poder Ejecutivo a través del MEC. “Los fiscales tienen autonomía técnica, pero existe tutela administrativa del MEC. Sería sano para la democracia que el futuro ministro no asuma mientras se encuentra en trámite el expediente vinculado a su pareja”, consideró.

Una mala señal

El anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) presentado a fines de enero por el presidente electo contiene un capítulo que busca eliminar algunas disposiciones vinculadas a la inclusión financiera. En particular, un artículo suprime la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos cuando las transacciones superen determinado monto. El senador electo del Frente Amplio (FA) y ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, y la senadora Topolansky hicieron notar que en casos como el de Cikurel debe valorarse la importancia de no volver a la opacidad financiera que existía en el país.

“En la LUC ellos bajan los recaudos, y creo que cuando aparecen casos de estos, queda claro que los recaudos son necesarios”, afirmó Topolansky. La senadora recordó que “el gran artífice de todo este tema de las sociedades anónimas fue Ignacio de Posadas”, en referencia al ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, y sostuvo que en el PN “siempre se quejaron de todo el control antilavado”.

“Cuando nosotros metemos todo ese control, no quiere decir que logremos antilavado cero, porque eso es imposible, pero sí le metemos complicaciones y complicaciones, y entonces empieza a ser un país no amigable para eso. Justo en la ley que va a venir, si lo mantienen, aparece esto en el momento en que salta este caso. Ahí uno puede decir: ‘nosotros lo poníamos por estos casos’”, señaló Topolansky.

Bergara, en tanto, cuestionó lo que calificó como un “intento de volver a habilitar esa innominatividad de acciones que va en contra de las recomendaciones internacionales”. Destacó que casos como el de Cikurel se descubren porque “hay un andamiaje jurídico y normativo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo” y resaltó que el gran salto en esta materia se dio con los gobiernos del FA.

El senador advirtió que “hay que cuidar como el oro” la transparencia financiera porque es “tan relevante para el país como el grado inversor”. El ex presidente del BCU destacó que actualmente Uruguay “incluso es mejor que la mayoría de los países que integran el G20” en materia de transparencia fiscal y financiera. “Debilitar estos mecanismos, tanto en el orden jurídico como operativo, no sólo es malo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de la reputación para el Uruguay”, remarcó.

Especialmente, Bergara cuestionó la disposición contenida en el anteproyecto de LUC que habilita el uso del efectivo en todas las transacciones: “Derogar la obligatoriedad de algunos pagos a través de medios electrónicos es un retroceso importante en esta materia”, sostuvo. Consideró que sería una señal de debilitamiento de las disposiciones en materia de transparencia y por lo tanto un estímulo a “aprovechar esa debilidad” para realizar transacciones ilícitas.

Rafael Paternain, referente del sector Casa Grande escribió en Facebook que lo que está pasando en el país es “muy grave”. “Tal vez sea de las coyunturas más sombrías del ciclo democrático reciente. Que lo naturalicemos, es otro cantar. No sólo estamos en vísperas de la rotación de un gobierno, estamos próximos a una experiencia de coalición que combina neoliberalismo con autoritarismo”, advirtió. Afirmó que el vínculo de Cikurel con Da Silveira se da “en un contexto de un proyecto político que pretende desmontar los mecanismos para los necesarios controles”.