“No nos puede pasar como a Macri”. Durante la campaña electoral, en los círculos de economistas y personas de influencia vinculadas a la derecha se discutió ampliamente sobre la estrategia económica que debería seguir una administración de ese signo si ganara la elección y le tocara asumir el gobierno en 2020. Básicamente, se argumentaba que el ex presidente argentino Mauricio Macri heredó un grave problema fiscal que no atendió al inicio de su mandato, y que, producto de una estrategia “gradualista”, había fracasado en tomar las decisiones adecuadas, viéndose obligado a tomarlas más adelante, cerca de las elecciones y con un contexto externo desfavorable que lo sumió en una crisis de la cual no pudo salir.

Con esta idea de urgencia en mente, el miércoles de tarde, con la presencia del presidente de la República ladeado por su equipo económico, se hicieron anuncios muy relevantes sobre la aplicación concreta de la política económica del actual gobierno. Básicamente se enunciaron tres elementos de política: 1) la política tarifaria, 2) la política tributaria y 3) la estrategia del gasto público. Si bien voy a referirme someramente a cada punto, el centro de la presente nota es señalar los graves riesgos de implementar una estrategia de shock en el contexto económico mundial actual.

Promesas sobre el bidet

En cuanto al primer punto, más allá de la discusión sobre la magnitud del aumento y su comparación con los anteriores cambios tarifarios durante los gobiernos del Frente Amplio y también de su comparación o no con los datos de inflación (ver la columna “El boomerang del tarifazo”), el elemento relevante es el no cuestionamiento a la política de dividendos llevada adelante por las últimas administraciones. Lo que en el pasado fue “voracidad fiscal”, hoy es convalidado por el argumento de “adecuar” tarifas a costos, sin cuestionar la magnitud de los aportes solicitados a las empresas públicas para el financiamiento de Rentas Generales. En cuanto a la política tributaria, el anuncio de disminución en la devolución del IVA en compras en restaurantes de nueve a cinco puntos, así como la eliminación del descuento adicional de dos puntos de IVA a ciertas compras con tarjetas de débito, incumple la promesa electoral de no realizar un aumento de impuestos.

Por último, el tercer punto anunciado y materializado en un decreto que todavía no se ha publicado plantea la misma receta ya aplicada en otros contextos: fijar topes a la ejecución de gastos e inversiones de la administración central, exhortar al resto de los organismos a adecuarse a ese mismo lineamiento, reducir la entrada de personal, salvo algunas excepciones acotadas, y reducir los contratos no permanentes. Este tercer punto, que se elaboró considerando un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), constituye el elemento más preocupante de los tres reseñados, ya que aplica una dinámica de tabla rasa sobre el conjunto de gastos, inversiones y reposición del personal del Estado. En particular, sabemos por la experiencia que este tipo de ajustes termina recayendo en las inversiones, en modalidades contractuales sui generis y en un aumento de la deuda flotante. Esto sucede, además, sin mencionar otros gruesos errores: ¿reducir 15% el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y exhortar a Administración de Servicios de Salud del Estado a lo mismo en este contexto de expansión del Coronavirus? No parece razonable.

Echando leña al fuego

En este contexto, la estrategia de shock planteada por el gobierno es mucho más preocupante que el incumplimiento de las promesas de campaña en política tarifaria y tributaria, además de plantear un ajuste de las cuentas públicas genérico en inversiones, gastos y personal de pésima calidad. Aunque alguno podrá argumentar que era de esperar una estrategia de austeridad como la anunciada y que probablemente el equipo económico de gobierno tiene en mente este planteo desde que colocó al director de la OPP, Isaac Alfie, en el centro de las decisiones económicas a fines de 2019 (no es casualidad que el decreto de topes se parezca muchísimo a los decretos de fines del período 2000-2005), no reaccionar y adecuar la estrategia de gobierno frente al cambio de contexto mundial para 2020 es tremendamente equivocado.

El coronavirus, que primero nos afectó por el lado de la demanda vía exportaciones, y en breve, tras la confirmación de casos autóctonos, nos afectará por el lado de la producción y la oferta de trabajo, coloca una tensión extremadamente fuerte sobre la economía uruguaya. Si bien la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se esforzó en señalar que estas medidas son para “reactivar el empleo y la economía”, quizá con el viejo libreto que ya tenía escrito, difícilmente un paquete de austeridad ciega como este logre ese objetivo en un mundo al borde de la recesión. Imaginamos que en estos días veremos comercios y servicios vacíos, planes de turismo cancelados, fábricas y oficinas públicas cerradas, y además –con una política cambiaria errática– una fuerte depreciación del peso.

Una economía es muy distinta a un hogar. Como siempre ejemplifica el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, tiene al menos dos características distintivas: 1) en una economía, a diferencia de un hogar, “mi gasto es tu ingreso”, por lo que los recortes de gastos del gobierno afectan de forma directa al sector privado (empresas que cancelan proyectos de inversión, comercios que vivían de los gastos de los obreros de dichas inversiones, etcétera) y 2) “los estados no mueren”, el horizonte temporal de largo plazo permite que el manejo financiero del endeudamiento suavice la marcha de la economía frente a shocks. No tomar en cuenta estos dos elementos para el manejo de la política fiscal en el corto plazo en 2020 constituye un grave error. Uruguay tiene espalda financiera en monto, madurez y tasas de su endeudamiento, y, fundamentalmente, credibilidad para hacer frente a este contexto sin infligir un grave daño sobre la economía en el corto plazo, planteando una estrategia razonable de reducción del déficit fiscal de mediano plazo.

Incluso desde la perspectiva más conservadora, dejando de lado las valoraciones sobre ambos gobiernos argentinos, el Uruguay de hoy se parece muy poco a la Argentina del comienzo de la administración de Macri. Efectivamente existe un desequilibrio fiscal que en la campaña ambos candidatos hablaron de la necesidad de mejorar. Pero hoy Uruguay tiene una amplia espalda financiera, y el contexto internacional está coyunturalmente peor de lo que estará dentro de un tiempo. Inspirados por una falsa lección argentina, los conservadores de este lado del Plata podrían llegar a arrastrarnos a una situación muy indeseable para las grandes mayorías.

En un mundo en llamas, la economía uruguaya no necesita echarle leña al fuego, sino una estrategia sólida para atender la situación actual y los desafíos futuros.

Grupo Jueves (Juntadas de Evaluación Económica y Social) | Nos convocamos periódicamente un grupo de personas, mayoritariamente jóvenes economistas, especializadas en diferentes áreas de las políticas públicas, a intercambiar opiniones sobre la realidad económica y social de Uruguay. Intentamos que las discusiones tengan como producto final una breve nota de prensa para compartir, que a veces firmamos individualmente y otras de forma grupal. Estaremos publicando una nota cada 15 días, tomando inicialmente como eje la ley de urgente consideración. La primera nota del ciclo fue publicada el 7 de febrero: es un artículo de Fernando Esponda que se titula “Las urgencias de las corporaciones”. Hay más información en el sitio grupojuevesuy.wordpress.com.