A semanas de asumir, al nuevo gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación le toca atravesar posiblemente uno de los desafíos más grandes de la historia carcelaria nacional. Hasta ahora ha estado a la altura, promoviendo la información, el intercambio con actores y un encare acorde a las dificultades del momento.

En Uruguay hay casi 12.000 personas privadas de libertad que cumplen reclusión en las 26 unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). De ellas, 620 son mujeres, el resto son varones. Si bien son mayoritariamente jóvenes –aunque allí está sobrerrepresentada la carga de enfermedad para la edad–, hay unas 100 personas que tienen más de 65 años. Algunas pasan los 80 años. También hay cientos en situación de discapacidad. Y si se toma en cuenta a quienes tienen diabetes, inmunodepresión, enfermedades respiratorias y otros factores de riesgo, la cifra se multiplica.

A nivel general del sistema, las actividades de educación formal y no formal están suspendidas. Las actividades religiosas, no. En espacios cerrados están limitadas a cinco personas por vez. Según el protocolo del INR, “las unidades estimularán las actividades recreativas y deportivas que se realizan al aire libre”.

Las visitas no se han suspendido y se realizan bajo determinadas condiciones. Se permite una visita –mayor de 18 años– por persona privada de libertad. No se permiten mujeres embarazadas ni personas inmunodeprimidas o que presenten síntomas de portar coronavirus (tos seca, fiebre, mocos o goteo nasal, dificultades respiratorias). Al ingreso deben lavarse las manos en piletas que se instalaron en las revisorías. Se proporciona alcohol en gel para complementar las medidas de higiene. En el ingreso se mide la temperatura con termómetro infrarrojo: si es de 37,5 grados o más, no se permite el ingreso. Se le da un tapaboca y se le indica que debe reintegrarse a su domicilio, pidiéndole que se contacte con su prestador de salud. La visita se realiza por turnos. Se va permitiendo el ingreso en etapas, previendo evitar las aglomeraciones.

El INR elaboró un protocolo que contempla una diversidad de acciones para evitar el ingreso del virus a las cárceles. Pero falta lo básico: recursos, apoyo y responsabilidad institucional externos, comprender que las cárceles son un problema de salud pública.

Como en todos los aspectos, la situación más crítica está en la zona metropolitana y en las grandes unidades. La complejidad está dada, entre otras cosas, porque son grandes estructuras que acumulan demasiadas personas, mucho encierro, condiciones ambientales adversas y, por supuesto, violencia.

Mientras la recomendación técnica es apuntar a cárceles de menos de 500 personas, la mitad de la población carcelaria está recluida en grandes unidades. La afirmación de apuntar a pequeñas cárceles es sostenida por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que en una de las últimas conferencias de prensa que dio dijo que “se está trabajando en no tener megacárceles, sino microcárceles”. Mientras tanto, en la Unidad 3 Libertad y en la Unidad 7 Canelones hay más de 1.000 personas en cada una, en la Unidad 1 Punta de Rieles (proyecto público-privado) hay más de 1.500 y en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) hay 3.500 personas presas.

El día a día en el Comcar

El Comcar es mucho más grande que muchos pueblos del país. Pero tiene muchos menos servicios que cualquier pueblo. Casi 30% de la población carcelaria del país habita esta unidad. Además, diariamente ingresan 400 funcionarias y funcionarios y miles de visitantes por semana.

El acceso a luz y agua es complejo. El caño maestro que abastece de agua a toda la cárcel es viejo y no para de romperse. La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado no ingresa a la cárcel. Entonces, cada vez que se rompe el caño una empresa privada –que debe seguir determinados tiempos administrativos– entra a la unidad. Mientras tanto, no hay agua. Más allá de este problema, en gran parte de las celdas no hay agua.

El encierro ha aumentado. No es una cuestión de voluntad, es que no hay alternativa posible. La circulación es casi nula. No se parece a la cárcel de siempre. Reina el silencio. Hay un encare general muy fuerte. Se comprende la situación y lo que a cada persona que no le queda otra que estar ahí –esto se aplica para personas privadas de libertad y para el funcionariado– le toca atravesar.

Hay un pacto silencioso en el que todas y todos parecen saber que están sosteniendo en conjunto una situación. La mancomunión incluye a todas las personas que integran el universo carcelario: presos, los y las operadores penitenciarios, guardias policiales, los efectivos policiales de la Guardia Republicana que están en las revisorías.

A la cárcel llega todo, menos los insumos. Llegan el miedo y las preocupaciones. Llegan la desinformación y los rumores. Hasta llega Carmela Hontou.

Pero falta de todo para todos. Falta agua y falta jabón. Faltan desinfectantes y productos de limpieza. Ni que hablar de que el alcohol en gel no entra. Las condiciones repercuten sobre los presos y los trabajadores.

De las siete medidas que propone el Ministerio de Salud Pública, que se conocen en la cárcel porque hay un afiche, cinco no dependen de las personas privadas de libertad ni de la gestión de las cárceles. El Estado los lleva a una situación opuesta a la que aconseja. Ni hablar que las aglomeraciones –y el hacinamiento– es algo que en la cárcel hoy en día no se puede evitar, ni aunque se quisiera.

El Comcar es como un pueblo en el que hay que saludar a cada persona que te cruzás. Ahora el saludo es de lejos. Desde los módulos se escuchan gritos. Son saludos y agradecimientos para quienes cumplen funciones laborales.

Como siempre, el rumor suplanta a la información. Se dice que se dijo que ya hay personas infectadas. Pero no es cierto. No hay ninguna persona diagnosticada con coronavirus hasta el momento en todo el sistema. Tampoco hay ningún caso en estudio. También vale decir que no ha habido ningún testeo, quizás porque no hay ningún caso sospechoso, quizás porque todo demora en llegar a la cárcel.

Todos estos días, la dirección del Comcar –que es de las más aptas y más comprometidas que tiene este sistema– recorre los módulos y tiene reuniones con referentes de los distintos espacios. Se les pide colaboración para que intenten restringir voluntariamente la llegada de sus familias a la cárcel para visitarlos.

¿Por qué es importante no suspender las visitas?

Las visitas son el sostén emocional y económico de las personas privadas de libertad, y su suspensión puede implicar un riesgo de salud y de seguridad, por la tensión que podría generarse.

La sugerencia es reducir las visitas –en la medida de lo posible–, para evitar los contactos de riesgo. Esta reducción, para que no implique tensión, debe ser voluntaria. Muchas personas ya les pidieron a sus familias que no concurran, para no ponerse ni ponerlos en peligro.

Otras cuestiones a contemplar

Una de las principales innovaciones de la anterior gestión fue la aplicación de un sistema denominado OASYS 2.0, que apunta a medir los riesgos de reincidencia. Así se define la intervención penitenciaria, el trato y el tratamiento. A través de datos autodeclarados en entrevistas de aplicación de este protocolo se puede conocer el riesgo delictual y otras cuestiones, entre ellas el uso problemático de sustancias.

En este sentido Ana Juanche, anterior directora del INR, comunicaba durante su gestión, con base en estos datos, que ocho de cada diez personas privadas de libertad tienen uso problemático de sustancias. Si las cárceles quedan absolutamente aisladas hay que instalar estrategias para abordar las crisis de abstinencia, siendo que más de 8.000 personas tienen problemas de salud asociados con el uso problemático de sustancias.

Para pensar la problemática del coronavirus en las cárceles hay que trascender los hashtags. Dado el contexto, los riesgos de propagación son inmensos. Sin duda que “Juntos [y juntas] podemos controlar el coronavirus”, pero hay que saber que las cárceles no van a poder solas y que tenemos que mirar hacia ahí antes de que sea demasiado tarde.

Medidas que se tomarán en las cárceles

  • A cada persona privada de libertad se le entregará jabón.
  • Se proporcionará “la máxima cantidad de hipoclorito posible” para limpiar todo lugar donde haya actividades de personas privadas de libertad y visitas.
  • Cada cárcel tendrá cuadrillas de limpieza.
  • En cada cárcel habrá zonas de aislamiento para aquellas personas privadas de libertad que contraigan el virus y no requieran internación.

Condiciones para la visita:

  • Se permite una visita por persona privada de libertad.
  • Debe tener más de 18 años.
  • No se permiten mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas o que presenten síntomas de portar coronavirus (tos seca, fiebre, mocos o goteo nasal, dificultades respiratorias).
  • Al ingreso deben lavarse las manos en piletas que se instalaron en las revisorías. Será proporcionado alcohol en gel para complementar las medidas de higiene.
  • En el ingreso se mide la temperatura con termómetro infrarrojo. Si la temperatura es de 37,5 grados o más, no se permite el ingreso. Se le dará un tapaboca y se le indicará que debe reintegrarse a su domicilio, pidiéndole que se contacte con su prestador de salud.
  • La visita se realiza por turnos. Se va permitiendo el ingreso en etapas, previendo que no haya aglomeraciones.

Para el personal penitenciario:

  • El uniforme de servicio debe ser lavado diariamente utilizando agua caliente y jabón.
  • Aquellas funcionarias y funcionarios de las revisorías que chequean el ingreso de paquetes deben utilizar tapabocas y guantes.
  • Si en el ingreso a las unidades se constata que tienen 37,5 grados de temperatura o más no podrán ingresar al recinto. Se les dará un tapaboca y se indicará reintegro a sus domicilios.
  • Muchas de las guardias policiales son semanales (trabajan una semana y libran otra). En este sentido, quienes pernoctan dentro de las cárceles y presenten síntomas serán trasladados al alojamiento transitorio que se instaló con estos fines en la Unidad 3 Libertad.

Para las salidas transitorias o conducciones:

Aquellas personas privadas de libertad que retornan a la cárcel tras una salida transitoria o una conducción deben pasar por los controles de ingreso. Si presentan temperatura de 37,5 grados o más se les proporcionará un tapaboca y se los conducirá al servicio de salud de la unidad.