Tanto la vicepresidenta, Beatriz Argimón, como senadores de todos los partidos que integran la coalición de gobierno rechazan artículos sobre minoridad infractora que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) enviado al Parlamento la semana pasada, y posiblemente sean modificados o retirados del texto.

Los artículos que generan más rechazo son el 74, 75 y 76 del proyecto. Dichos artículos eliminan la aplicación del régimen de semilibertad para adolescentes que cometieron delitos graves, duplican las penas máximas de privación de libertad y también elevan de uno a dos años la privación de libertad mínima en los casos de adolescentes (de entre 15 y 18 años) que cometan delitos considerados como gravísimos. Este punto es el que genera mayor rechazo, porque supondría que la privación de libertad mínima para esos delitos sea más alta en menores de edad que en mayores.

Según pudo saber la diaria, Argimón planteó su discrepancia en una reunión con varios senadores y comentó además que había hablado sobre el tema con el presidente Luis Lacalle Pou. El senador Jorge Gandini dijo que su sector, Por la Patria, no acompaña las modificaciones al régimen penal para adolescentes. En la misma línea está el sector colorado Ciudadanos, según dijo su representante, Adrián Peña, en la comisión que estudia el tema. Por otra parte, de acuerdo con lo informado a la diaria, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech también manifestó reparos con la actual redacción. A pesar de estos cuestionamientos, el coordinador de bancada del Partido Nacional y presidente de la comisión que estudia el proyecto, Gustavo Penadés, dijo que el tema no está cerrado.

Otro de los artículos que serán modificados o eliminados es el 230, que refiere a la desmonopolización de la importación de combustible por parte de ANCAP. Legisladores de Ciudadanos y Cabildo Abierto ya habían manifestado diferencias, aunque algunos senadores buscan acordar una fórmula que logre mayorías y cumpla el objetivo de bajar el precio de los combustibles, explicó el nacionalista Sergio Botana. “Lo podemos obtener de ese modo o sin desmonopolización, y tengo la sensación de que no va a existir desmonopolización pero sí acuerdo”, dijo el senador a la diaria.

En tanto, el artículo 115, que habilita a militares retirados a poseer armas de fuego cortas después de su retiro, sólo tiene la oposición de Ciudadanos dentro de la coalición, por lo que contaría con los votos para ser aprobada en el Senado, aunque no en Diputados.

Acuerdos y modificaciones

A pesar de estas diferencias, en la gran mayoría de los artículos hay acuerdo dentro de la coalición de gobierno. “De los 500 artículos estamos trabajando en 20 o 30, los otros están acordados”, graficó Peña. El legislador estimó que no habrá división en más de diez.

Otro tema que negocia la coalición es la regulación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Los cambios de la LUC no permiten que un territorio sea declarado como parte del SNAP sin el permiso del propietario, y esto ha generado cuestionamientos de colorados y blancos. Botana propone cambiar la redacción del artículo porque no comparte que “desaparezca el rol de responsabilidad social del propietario de la tierra”. En su opinión, debería ser una decisión compartida entre el gobierno central, el propietario, el gobierno departamental y las organizaciones ambientalistas.

En otras áreas, como la relacionada a la eficiencia del Estado o la inclusión financiera, sólo resta ajustar detalles, señaló Gandini. Peña agregó que en el capítulo de inclusión financiera su sector propuso que el tope de 100.000 dólares para el pago en efectivo también rija para las transacciones de honorarios profesionales y que se elimine la posibilidad de que el Estado pueda pagar con efectivo.

A partir del lunes, la comisión que analiza el proyecto comenzará a recibir delegaciones. Penadés explicó a la diaria que entre lunes y jueves la comisión recibirá delegaciones de organismos públicos, y los viernes y sábados a organizaciones sociales, asociaciones u otro tipo de representaciones.

Bancada frenteamplista molesta con los tiempos

La bancada del Frente Amplio (FA) está disconforme con la carátula de “urgente consideración” y con los tiempos que viene insumiendo su tratamiento en la comisión especial.

La iniciativa fue enviada el jueves 23 de abril al Parlamento, pero recién ingresó el martes 28 a la comisión especial y el miércoles 29 se planteó el régimen de trabajo. Cuando comiencen a llegar las delegaciones, ya se habrán perdido 11 de los 45 días que el Senado tiene para tratar el proyecto. “Nos extrañó que no comenzáramos a trabajar inmediatamente. Lo único que hicimos fue instalar la comisión y el régimen de trabajo y recién el lunes empiezan a venir las delegaciones, por lo que nosotros planteamos nuestra disconformidad”, dijo a la diaria el senador frenteamplista Mario Bergara.

Para ganar tiempo, la bancada del FA recibió el jueves al Sindicato Único de Antel, a la Federación ANCAP, a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay.

El miércoles, la bancada de este partido propuso invitar a más de 90 organizaciones sociales, lo que fue cuestionado por el oficialismo. Penadés opinó que la estrategia de la oposición es “saturar con delegaciones que son satélites del FA o muy vinculados a esta fuerza política” y así “construir el relato de que no se pudo trabajar”.