Este jueves se llevó a cabo el segundo seminario web de las Jornadas de Defensa de las Empresas Públicas, una actividad organizada por el colectivo Comuna y el Transnational Institute (TNI). Los economistas Fernando Esponda y Jorge Molinari y la ingeniera María Simon resaltaron el papel de estas empresas del Estado como agentes de desarrollo de las políticas públicas.
Esponda fue el primer expositor. Además de columnista en la diaria como integrante del Grupo Jueves, Esponda trabaja en el área Planificación de Inversiones de UTE y fue asesor de dirección en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante la administración frenteamplista. “Desde esa experiencia, que no es académica, pienso y hablo”, advirtió. A la hora de analizar el rol de las empresas públicas, Esponda trazó una analogía con la santísima trinidad cristiana y también presentó algunas paradojas relacionadas. La primera paradoja: “En el período de gobierno de un partido 'más defensor' de las empresas públicas [por el Frente Amplio, FA], se transitó por un camino que amplió la propiedad privada de medios de producción en las áreas de influencia de las empresas públicas, además de incrementarse el uso de modalidades alternativas de inversión en lugar de inversión pública tradicional”.
Fernando Esponda: “Las empresas públicas son una y tres al mismo tiempo. Son empresas públicas, pero también son empresas comerciales, agentes de desarrollo e instrumentos de política macroeconómica”.
Posteriormente, la segunda paradoja: “Un gobierno [el actual] ‘menos defensor’ de las empresas públicas abre la posibilidad para corregir el sesgo antiinversión pública de la contabilidad uruguaya”, al pretender transformarlas “en entidades netamente empresariales”, explicó Esponda parafraseando al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
En este punto, Esponda explicó el carácter triádico de las empresas públicas: “Son una y tres al mismo tiempo. Son empresas públicas, pero también son empresas comerciales, agentes de desarrollo e instrumentos de política macroeconómica (incidencia en inversión, inflación, déficit fiscal)”. “Hay un mecanismo de contrapesos que cuánto más uno se vuelque a un costado de la santísima trinidad, aparece una restricción para contenerla”, añadió.
El economista analizó la tercera paradoja: “Caminos más 'desarrollistas' pueden introducir elementos que limitan a las empresas públicas, y caminos más ‘privatizadores’ pueden generar espacios de mayor libertad”. Para Esponda, esta es la discusión de fondo de las empresas públicas en Uruguay: roles, objetivos y desafíos de las empresas públicas.
No obstante, a la hora de aplicar el esquema de la trinidad, con relación al actual gobierno, Esponda advierte que las empresas públicas no son visualizadas como agentes de desarrollo, aunque son vistas por su importancia comercial en el área del Ministerio de Industria o por la incidencia en la macroeconomía por parte de los responsables de la OPP.
La mirada del actual gobierno
El economista Jorge Molinari aportó la perspectiva de un funcionario de UTE y docente de la Universidad de la República (Udelar) que “no mira desapasionadamente” este tema. Molinari dijo defender “el instrumento de empresas públicas como elemento de desarrollo”, y que entiende la aplicación de una estrategia más encendida por parte de los funcionarios “porque existe un fuerte ataque a las empresas públicas”. En ese sentido, Molinari apuntó que desde algunos sectores del actual gobierno se esgrime un “discurso relativamente técnico con aseveraciones sin ningún asidero empírico”.
A eso añadió “afirmaciones” hechas por el ex presidente Luis Lacalle Herrera, por ejemplo, sobre que “los funcionarios públicos no trabajan” o la aplicación del impuesto del Fondo Coronavirus únicamente a los funcionarios públicos que ganan un salario líquido superior a 80.000 pesos. “Afirman que los trabajadores públicos son un gasto”, lamentó.
Molinari también criticó la forma en la cual se designan los cargos de directores de empresas públicas, especialmente en aquellos casos en que se otorgan a dirigentes políticos que no resultaron electos para algún cargo.
El docente dijo que “no hay que ser complaciente” con las empresas públicas y que deben analizarse “las malas experiencias”, porque “eso es parte de la defensa de las empresas públicas”. “Hay situaciones que no deberían darse, como las malas prácticas de las tercerizaciones, hay que revisar esas prácticas”. Para Molinari la defensa de las empresas públicas requiere una discusión que analice “cuáles son sus aportes a las políticas públicas y cómo inciden en una agenda de desarrollo”.
Propuso la realización de estudios sistemáticos del funcionamiento de las empresas y de los mercados con la participación de equipos técnicos que cuenten con la intervención de la Udelar.
Jorge Molinari: “Hoy se plantea mejorar la gobernanza de las empresas públicas mientras se plantea una reducción de gastos sin ningún criterio”.
Tras resaltar la existencia de un proceso de 15 años de inversiones en las empresas públicas por parte de los gobiernos del FA, Molinari planteó interrogantes: qué pasará a futuro con las empresas públicas, cuáles serán las formas de regulación y cómo serán los modos de gobernanza de estos organismos en esta administración. “Hoy se plantea mejorar la gobernanza mientras se plantea una reducción de gastos sin ningún criterio”, cuestionó.
Antel y su contexto
La ingeniera María Simon, decana de la Facultad de Ingeniera de la Udelar, ex presidenta de Antel y ex ministra de Educación y Cultura, aportó su mirada sobre este tema.
Propuso “pensar en el rol de las empresas públicas” y analizar “dónde reside el enorme valor” que ellas tienen para los uruguayos. “El principal rol de las empresas públicas es dar un servicio público” ‒energía, agua, telecomunicaciones‒, y opinó que en Uruguay “es mejor” que estas “se encuentren bajo el control del Estado”.
Para Simon debe existir una regulación del funcionamiento de las empresas públicas que apunte a la “defensa del ciudadano, más que del consumidor” y a “atender a los sectores menos favorecidos”.
Según Simon, el desarrollo de políticas públicas resulta más difícil de concretar sin empresas públicas, y puso como ejemplo el Plan Ceibal, que “no podría haberse hecho sin Antel”.
La académica resaltó la idea de que “el servicio público es un derecho, no un favor” y “es importante que el ciudadano sea titular de derecho, son elementos que integran” a los habitantes del país.
Si bien las empresas públicas deben ser instrumentos para la realización de políticas públicas, Simon recordó también que son organizaciones comerciales “que deben ganar para poder invertir”. En ese sentido advirtió sobre la pretensión del actual gobierno de no invertir en la generación de contenidos para Vera TV, que pertenece a Antel. “En los contenidos residen gran parte de las telecomunicaciones”, dijo, y recordó que Antel no recibe fondos públicos para desarrollar esa plataforma, sino que, al contrario, dicho organismo vuelca parte de sus ganancias a rentas generales.
María Simon: “Antel debe dar ganancias, debe realizar servicio público, ser agente de desarrollo, en un contexto de competencia dura con empresas internacionales que tienen un tamaño 200 veces mayor”.
Las empresas públicas deben otorgar apoyo “a la equidad, a la educación y a la cultura. Está bien que Antel mantenga a Vera TV, que lo lleve a más, porque está ligada a la cultura. En el contenido está la ganancia”, resaltó.
Para Simon, Antel “debe dar ganancias, debe realizar servicio público, ser agente de desarrollo”, en un contexto de “competencia dura con empresas internacionales” que tienen un tamaño “200 veces mayor” que la empresa pública uruguaya.
Simon resaltó el valor que tienen las empresas públicas para los uruguayos. “Valen mucho, por el patrimonio, por el patrimonio humano. La empresa pública en su conjunto es maravillosa, sobre todo por el aprecio que la gente le tiene, y por la vocación del servicio público; el funcionariado ejerce una defensa de la empresa porque están acostumbrados a ser atacados. El valor más importante de la empresa es inmaterial, tiene que ver con las expectativas de la población”, reflexionó.
Simon lamentó que distintos gobiernos hayan decidido colocar en el directorio de empresas públicas a políticos “que han fracasado”. Las empresas públicas “se usan como lugares para quienes no ganaron una intendencia o un lugar en el Parlamento”, agregó.
En tiempos donde predominan discursos que apuntan a la restricción de las inversiones públicas, la ex presidenta de Antel dijo que existe “un riesgo mayor” al invertir poco que al invertir mucho. “El riesgo de sobreinversión es limitado”, mientras que “no invertir es un camino para fundir a una empresa pública”.
Otra receta que atenta contra la sostenibilidad de una empresa pública “es la restricción de personal”, dijo. “El trabajo hay que hacerlo”, pero como existen limitaciones a la hora de contratar trabajadores “se termina contratando personal de otro modo o tercerizando el proyecto entero”.
Simon admitió que mientras estuvo al frente de Antel “nos faltó invertir más en investigación y desarrollo”. Las empresas públicas “deberían tener más vinculación con la Udelar, porque el observatorio que vale es el de la investigación, con laboratorios que estén investigando en tecnologías. Hay que esperar más de las empresas públicas, sobre todo una alianza de largo aliento con la Udelar”. La decana de Ingeniería resaltó la idea de que “los buenos servicios públicos son las herramientas que generan mayor equidad, son claves de equidad, son un factor de igualdad y de cultura, y tienen que atenerse a su rol”.