Desigualdades en el acceso y en la calidad de la educación en Chile

La educación ha sido quizás el símbolo del estallido social chileno; la protesta de los estudiantes por el precio del boleto escenificó el malestar de la población por las desigualdades en el acceso a los bienes básicos. Gastón Carrasco, doctor y magíster en Literatura, licenciado en Educación y docente universitario chileno, repasa en este artículo los orígenes y el desarrollo de las movilizaciones estudiantiles en Chile y reflexiona sobre los distintos niveles de desigualdad en términos educativos. Finalmente, sostiene que el cambio constitucional es la única solución para restablecer los principios de una educación gratuita, laica, de calidad y no de mercado. En definitiva, para poder concebir la educación como un derecho y no como un bien de consumo.

El estallido social, nombre con el que la prensa y la sociedad chilena han preferido llamar a un período reconstitutivo con tintes de revuelta, dio inicio el 18 de octubre de 2019 con un hecho puntual: la evasión masiva de miles de estudiantes secundarios en el Metro de Santiago. Articulados en su mayoría por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), además de algunos grupos espontáneos, los estudiantes saltaron los torniquetes de las estaciones de metro, sin pagar su pasaje y oponiéndose a guardias y luego a agentes policiales, para manifestarse en contra del sistema. En esa semana se había aprobado un alza del valor del transporte público de 30 pesos, cifra que después sirvió para sostener el descontento: “No son 30 pesos, son 30 años”, haciendo alusión al largo período de transición posdictadura. De alguna manera los estudiantes cristalizaron un malestar mayor, común, que venía arrastrándose desde hacía años en torno a las desigualdades en el acceso a bienes básicos, y la educación fue el estandarte.

El movimiento “pingüino”, llamado así por el parecido del uniforme escolar con estas aves, adquirió fuerza por primera vez en 2006, año en que una de las principales demandas fue justamente de orden constitucional, es decir, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) dictada el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura de Augusto Pinochet. La LOCE se definió en relación con la educación como un bien de mercado, reforzando ideas como la libertad de elección del apoderado/cliente, la privatización del sistema, además de una atomización de la educación municipal. En definitiva, la desarticulación de las garantías de acceso a la educación.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se logra derogar la LOCE, reemplazándola por la Ley General de Educación (LEGE, 2008). Con ella se intentaba eliminar la selección escolar y uno de los temas centrales de las manifestaciones de 2006, es decir, la educación con fines de lucro. En el proyecto original esto fue parte de su publicidad y cumplió con calmar parcialmente a los estudiantes movilizados; sin embargo, para lograr la aprobación que se requería los parlamentarios (en su mayoría de derecha) pusieron la condición de eliminar dichas disposiciones para su tramitación. En resumidas cuentas, se promulgaba una nueva ley educacional, pero se mantenía la misma lógica o estructura de mercado de la ley anterior.

El pacto realizado esa vez logró dormir, parcialmente, los movimientos sociales vinculados a la educación. En su lugar comenzaron a visibilizarse otros movimientos de colectivos vulnerados por el sistema imperante, cuyas formas de exclusión, discriminación y desigualdad demostraban el problema estructural del ordenamiento político nacional. Convergieron entonces grupos que abogaban por mejoras en el acceso y calidad de la salud, pensiones, vivienda, medioambiente, entre otros. El que más visibilidad mediática y apoyo social logró fue el movimiento “No+AFP” (Administradoras de Fondos de Pensiones), en contra de las instituciones que se preocupan de recaudar, administrar e invertir los ahorros de los chilenos. Este sistema creado por José Piñera, hermano del actual presidente, se caracterizó desde un inicio por trabajar en beneficio de los dueños de las administradoras y en desmedro de los usuarios, principalmente en cuanto a la pérdida de los ahorros personales, de toda una vida en algunos casos, invertidos irresponsablemente en la bolsa.

Fue en este punto que los movimientos sociales comenzaron a distanciarse de cualquier tipo de institucionalidad política. Los dirigentes universitarios de los movimientos estudiantiles de 2006, 2008 y 2011 crearon sus propios partidos políticos (Revolución Democrática e Izquierda Autónoma, en una primera instancia), aunando grupos de izquierda, liberales igualitarios y ciudadanos en el denominado Frente Amplio.¹ La idea fue desmarcarse de la lógica bipartidista de la política chilena conformada por la Nueva Mayoría (ex Concertación, grupo de centroizquierda) y Chile Vamos (partidos de centroderecha, actuales gobernantes del país). Sin embargo, esta inserción al sistema político tuvo por consecuencia un distanciamiento y desconfianza por parte de diversos grupos sociales de esa institucionalidad política. Para un importante sector de los chilenos la clase política se ha ido deslegitimando desde el retorno a la democracia, pactando y vendiendo el país al sector privado, sobre todo en relación con los bienes y recursos básicos. Los mismos políticos, de partidos de izquierda y derecha, se han visto envueltos en casos de conflicto de interés por participar del poder económico y político (el mismo presidente representa el modelo del empresario devenido político). El cuestionamiento hacia la clase política tiene que ver justamente con el desmantelamiento de los vínculos y relaciones endogámicas entre el sistema político y económico, repitiéndose los mismos nombres y apellidos al momento de votar una ley en favor o en contra de temas controvertidos.² Un ejemplo importante de esto se ha dado el último tiempo con los derechos de agua (Código de aguas, 1981). En el libro El negocio del agua (Ediciones B) de las periodistas Alejandra Carmona y Tania Tamayo, se demuestra de qué manera localidades como Paine, Petorca, Illapel, Til Til, Colina, La Higuera, Curacaví, Alhué, Osorno y San Pedro de Melipilla se han visto vulneradas por la privatización (en muchos casos a perpetuidad) permitida y ejecutada por políticos nacionales, cuando Chile es uno de los países con más agua en el mundo.³

La crisis de representación y legitimidad de la clase política ya se hacía sentir en los movimientos sociales de 2011. Cualquier tipo de decisión institucional se vio débilmente apoyada por la sociedad. Los intentos de transformación social fueron aplacados por la oposición de aquellos años (Chile Vamos, encabezado por Piñera), poniendo en las cuerdas a la administración del segundo gobierno de Michelle Bachelet. La regla a seguir, desde entonces, fue la desconfianza. No había real confianza en que las buenas intenciones de los políticos se convirtieran en una aceptación de las demandas sociales. El poder político se vio neutralizado por las acciones de la oposición, pero también por el bajo apoyo social, lo que se tradujo en la aceptación de lo que el poder económico requería para agudizar aún más el descontento social.

Aparentemente la Constitución de 1980, hecha por Jaime Guzmán, garantiza el derecho de cada persona a escoger entre un sistema estatal y otro privado (sea de salud o educación), cuando en realidad esta elección solamente opera para quien tenga la posibilidad de pagar por dicho “derecho”. En el caso particular de la educación se les entrega a los padres el derecho a decidir o preferir un tipo de educación por sobre otro, siendo el Estado garante de que esto se realice. El Estado financia la educación parvularia, básica y media, subvencionando a las municipalidades (que operan como los sostenedores de las instituciones educativas). El problema radica en que los recursos de las municipalidades no siempre se distribuyen de buena manera y no todas las municipalidades tienen los mismos ingresos per cápita. Por este motivo, muchos padres optan por sacar a sus hijos de este sistema y pagar por educación privada. Los últimos diez años la educación municipal ha bajado sus tasas de matrícula y, por ende, ha recibido menos subvención por parte del Estado, lo que ha llevado al cierre de algunas instituciones y el posible o inminente desmantelamiento de la educación pública.

La paradoja es que la actual Constitución opone dos derechos fundamentales. El derecho a la educación se ve limitado por la libertad de enseñanza (regido por el Recurso de Protección constitucional). La libertad de enseñanza es la que restringe cualquier posibilidad de mejorar o inyectar de mejor manera y con más recursos el sistema público. Esto reafirma el carácter de libre mercado en la conformación de la educación chilena, poniendo la competencia por sobre la calidad de la educación.⁴ Por otro lado, al tratarse de una ley orgánica, se requiere una mayoría de 4/7 de parlamentarios en ejercicio para poder hacer modificaciones, lo cual según el actual sistema hace casi imposible tomar decisiones que no sean aceptadas por los partidos de gobierno.

Las formas de desigualdad educativa se evidencian en diversos niveles. Para el profesor e investigador Juan Eduardo García Huidobro, el sistema chileno presenta al menos cinco tipos de desigualdad. En primer lugar, en relación con los que no están, es decir, los ausentes y desertores del sistema. Si bien hay acceso casi universal a la educación, lo que no existe es un seguimiento o trabajo con quienes desertan del sistema, situación que se agrava en enseñanza media. En segundo lugar, respecto de quienes no aprenden (o repitentes). En este caso desde 2019 se ha empezado a discutir qué hacer con los casos de repitencia (el cual subyace al sistema de notas). En tercer lugar, están quienes no acceden a condiciones de aprendizaje adecuadas, esto es, baja calidad docente, mala estructura, escasez de recursos de aprendizaje. En definitiva, escuelas poco eficientes. En cuarto lugar, se encuentran los segregados por la escuela, debido principalmente a la segmentación, selección de estudiantes o cobros a familia. Por último, en cuanto a los maltratados y discriminados, esto implica violencia física, psicológica, estigmatización de minorías y estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Según Fernando Reimers, director de la Iniciativa Global de Innovación en Educación de la Universidad de Harvard, en un sistema educativo básico debe haber equidad en el acceso, insumos, procesos, resultados cognitivos y globales (capital social, participación ciudadana, etcétera), que es justamente lo que el sistema chileno no presenta. La libertad de elección que se levanta desde la Constitución, y que defiende el actual gobierno, no se traduce en equidad, eficiencia ni efectividad. El Estado no asegura oportunidades, integración ni desarrollo social en términos educativos.

La evasión masiva del 18 de octubre de 2019 fue un primer gesto de insurrección, retomado en marzo de 2020 con los llamados “mochilazos” (evasión masiva en metros, además de marchas hacia la Plaza Dignidad, centro de reunión del estallido social). En el momento en que el movimiento perdió algo de fuerza en términos de adhesión a las movilizaciones (además del factor vacaciones), los estudiantes fueron quienes volvieron a poner en el centro de la discusión los problemas de educación en enero de 2020 al “funar” o boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU).⁵ La rendición de la prueba ya había sido pospuesta un mes y no se contaba con las condiciones mínimas para su realización. Además de las protestas de los mismos estudiantes, se añadió un cambio inusitado de instituciones, aparición de agentes policiales en los locales de rendición, padres alborotados por la situación. Una de las principales críticas a la prueba es reproducir los vicios del sistema premiando la competencia y favoreciendo a los postulantes con mejores condiciones económicas. Bajo un discurso de meritocracia se escondía un proceso de selectividad propio de un sistema de mercado.⁶ Quienes han tenido sostenidamente una educación de calidad podrán acceder a la universidad, mientras que quienes no la han tenido tendrán que relegarse a formar parte de la fuerza laboral o, si pueden costearlo, ingresar a un instituto o centro de formación técnica. No es casualidad entonces que en estos últimos meses hayan sido los estudiantes, secundarios y universitarios, quienes han llevado las demandas sociales a niveles masivos de visibilización.

La crisis de la educación chilena ha estado en el centro de la discusión los últimos 15 años y cuenta con una gran adhesión social. Padres, profesores y estudiantes se han movilizado y representan uno de los principales motores del actual estallido. El cambio constitucional es la única solución para reestablecer los principios de una educación gratuita, laica, de calidad y no de mercado, es decir, poder concebir la educación como un derecho y no un bien de consumo.

Gastón Carrasco Aguilar es doctor y magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Lenguaje y Comunicación y licenciado en Educación por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente dicta clases de Literatura en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Finis Terrae.