Nicolás Grau, doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, pone el acento en dos desigualdades que a su entender explican el estallido social de octubre, más allá de las diferencias de ingresos: la desigual exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. Por un lado, un importante porcentaje de la población chilena tiene una vida llena de incertidumbres e inseguridades de diversa índole: respecto de la atención de salud, la educación de sus hijos, el desempleo, entre otras. Por otro lado, Chile vive de acuerdo a las visiones de su elite económica, y las ideas de esta elite están sobrerrepresentadas en el sistema político, en detrimento de las visiones de la ciudadanía.


¿Cómo se relaciona la desigualdad con el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019? En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo.

Cuando se habla de desigualdad, lo usual es pensar en la distribución de los ingresos. A este respecto sabemos lo siguiente. Chile tiene uno de los niveles de desigualdad de ingreso más altos del mundo, sin importar la forma en que se mida o la información que se utilice. La conclusión es menos clara si lo que nos interesa es la evolución en el tiempo, ya que mientras la desigualdad medida con encuestas ha disminuido (el Gini ha bajado de 0,52 a 0,47 entre 1990 y 2015), no ha sido el caso si nos enfocamos en los datos del sistema impositivo. Al respecto, la mejor evidencia disponible señala que la fracción del ingreso que concentra el 1% más rico se ha mantenido constante en 24% desde 1990 a la fecha (Flores et al., 2019 y World Inequality Database.1 Dada la enorme fracción que concentra en Chile el 1% más rico y el hecho de que las encuestas no capturan adecuadamente los ingresos de este grupo, 2 una interpretación prudente de esta evidencia debería indicar que Chile tiene una desigualdad de ingresos muy alta y sin variaciones relevantes en los últimos 30 años.

Dicho lo anterior, no creo que la de ingreso sea la desigualdad más relevante para explicar el estallido social. En cambio, en este texto sostengo –como hipótesis– que hay dos tipos de desigualdades que están relacionadas con la desigualdad de ingreso y que tienen una relación más directa con el estallido social, a saber, la desigualdad de exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. 3 En particular, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera.

Desigualdad de exposición a la incertidumbre

A pesar de que, sin importar el indicador que utilicemos para medir aquello, la pobreza y la pobreza extrema han tenido una caída sustantiva en los últimos 30 años, el grueso de la población chilena todavía tiene una vida llena de incertidumbres e inseguridades de diversa índole: respecto de la atención de salud, la educación de sus hijos, el desempleo, entre otras.

La interacción de una alta desigualdad de ingresos con la ausencia de un estado de bienestar que rompa la relación entre los ingresos de la familia y la calidad de los derechos sociales a los que se accede (salud, educación, pensiones, vivienda, etcétera) determina que el grueso de la población esté expuesta a enfrentar situaciones como la enfermedad grave de un miembro del hogar, sin una red de seguridad social que garantice su tratamiento oportuno y que el resto de la familia mantenga una calidad de vida similar a su situación anterior.

De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. Así, la desigualdad de exposición a la incertidumbre se relaciona con el hecho de que sólo una fracción minoritaria de la población tiene acceso a un conjunto de seguros (privados, en este caso) que le permiten sortear estos “shocks negativos”, lo que se suma a que tal grupo enfrenta una menor incertidumbre laboral, es decir, tiene en promedio menos shock negativos que sortear.

Si se miran los datos correctos, este tipo de desigualdad muestra toda su crudeza. En un reciente artículo (Bilal et al., 2019) se estudia la diferencia en esperanza de vida al nacer entre el percentil 90 y el 10 para seis grandes ciudades de América Latina, incluyendo Santiago de Chile (las otras son Buenos Aires, Belo Horizonte, San José de Costa Rica, Ciudad de México y Ciudad de Panamá). Tanto en mujeres como en hombres, Santiago se encuentra en el grupo de mayor desigualdad. Sin embargo, en mujeres es donde los datos impresionan: en Santiago la diferencia en esperanza de vida entre las mujeres de tales percentiles es de 17,7 años. Mientras que la ciudad que sigue es Ciudad de Panamá, con 11,2 años, en el otro extremo, Buenos Aires y San José, tienen valores iguales a 5,8 y 3,0 años, respectivamente.

A su vez, en un novedoso trabajo, el académico Joaquín Prieto construye dos indicadores de inseguridad económica para el caso chileno, usando información sobre la exposición a eventos económicos inesperados: la desprotección del empleo, el sobreendeudamiento y la pobreza de activos (Prieto, 2020). A partir de tal información, concluye que 82% de los hogares son clasificados como económicamente inseguros en al menos una de las dimensiones estudiadas durante la década del estudio (2007-2017), y 47% de los hogares tuvo una carencia en al menos dos de las cuatro dimensiones consideradas.

En síntesis, en Chile tenemos una desigualdad alarmante en cuanto a la seguridad con que ciertos grupos sociales pueden enfrentar los riesgos propios de la vida y del mercado laboral. Una desigualdad que se conecta con nuestros miedos más profundos y que, por lo mismo, puede generar indignación.

Desigualdad de poder4

Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder. Por ejemplo, la concentración de las decisiones de inversión en una pequeña elite le entrega a esta última una capacidad de veto sobre la política económica, sobrerrepresentando sus intereses en el debate público. Por ello es esperable que Chile, con su forma de capitalismo extremo, tenga también una concentración extrema del poder, a pesar de que su democracia cumple con los estándares mínimos para considerarla como tal.

Aun cuando caracterizar y cuantificar la desigualdad de poder es una tarea más compleja, tal desigualdad puede tener expresiones muy concretas en el funcionamiento de las democracias.

En el Informe del Desarrollo Humano en Chile de 2015 (PNUD, 2015) se distinguen cuatro tipos de elites: económica, política, simbólica y social. En tal estudio se entrevistaron miembros de estos cuatro grupos, quienes fueron consultados respecto de un conjunto de tópicos. La tabla 79 de tal informe, que incluyo a continuación, resume sus respuestas a la pregunta de si el Estado se debe hacer cargo de diversos de temas. Como punto de referencia, en la última columna de la tabla se presenta además el promedio de las respuestas de una muestra representativa de toda la sociedad chilena. Dada su representatividad, a este grupo se le denomina “ciudadanía”. En esta tabla vemos que, por ejemplo, frente a la pregunta de si el Estado debe hacerse cargo del sistema de pensiones, se manifiestan a favor el 3% de la elite económica, el 27% de la elite política, el 80% de la elite social y el 80% de la ciudadanía.

Cabe señalar que aun cuando esta tabla sólo describe una de las dimensiones consultadas en este estudio (relativa al rol del Estado), las respuestas en las otras dimensiones consultadas son consistentes con el análisis que sigue.

¿Qué podemos aprender de esta tabla?

Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad.

Segundo, mientras que la elite económica parece ser totalmente dogmática, ya que se niega a que el Estado se haga cargo en cualquiera de los ámbitos consultados; la ciudadanía, en cambio, tiene un juicio más reflexivo y pragmático, apoyando mayoritariamente la acción del Estado en algunos ámbitos y minoritariamente en otros. Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones. Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo.

Tercero, vivimos de acuerdo a las visiones de la elite económica. En Chile, el Estado “no se hace cargo” de ninguno de los ámbitos consultados, a pesar de las preferencias políticas de la ciudadanía. En todas estas áreas, y tal como lo promueve nuestra Constitución, el rol del Estado es subsidiario: el Estado actúa allí donde para el privado no es rentable. Es decir, la tabla nos dice que el conflicto entre los intereses de la ciudadanía y la elite económica es procesado por nuestra democracia favoreciendo a la elite económica.

Cuarto, los intereses de la elite económica están sobrerrepresentados en las ideas de quienes nos gobiernan: la elite política. Si modeláramos las ideas de la elite política como un promedio ponderado de las visiones políticas de la elite económica y la ciudadanía, concluiríamos que la elite política pondera dos tercios a la elite económica y un tercio a la ciudadanía.5 Esto, a pesar de que la elite económica representa a un grupo muy pequeño de la población.

Quinto, la elite social (dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera) es la que, por lejos, mejor representa políticamente los intereses de la ciudadanía. Aquello contrasta con la visión política, repetida por la derecha, sus medios, y cada cierto tiempo coreada por sectores de la centroizquierda, de que la irrupción de los movimientos sociales puede hacer peligrar la capacidad de nuestra democracia de representar los intereses de la mayoría.

En resumen, esta tabla nos muestra una democracia en la que se enfrentan intereses opuestos de la ciudadanía y la elite económica, que el resultado de esta confrontación ha sido absolutamente favorable a tal elite, que –al menos en parte– aquello se debe a que la elite económica ha logrado una sobrerrepresentación de sus intereses en las ideas de los políticos que nos gobiernan y que en la irrupción de los movimientos sociales puede existir un mecanismo que nos ayude a revertir este resultado, democratizando nuestra democracia, tal como ha sucedido paradigmáticamente durante este estallido: visibilizando los intereses de la mayoría y presionando al sistema político para actuar de acuerdo a ellos.

Para concluir

En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno.

Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años. Pero ello no es razón suficiente para descartarlas como causas relevantes del estallido social. Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso moral de un país haga intolerable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo.

Nicolás Grau es doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile e investigador adjunto en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Fue también coordinador programático (en conjunto con Claudia Sanhueza) de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez en 2017 (Frente Amplio, Chile) y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2006.

Bibliografía

  • Usama B, M Alazraqui, W Caiaffa, N López-Olmedo, K Martínez-Folgar, J Miranda, D Rodríguez, A Vives, A Diez-Roux (2019). Inequalities in life expectancy in six large Latin American cities from the SALURBAL study: an ecological analysis. The Lancet Planet Health.
  • Candia B, y E Engel (2018). Taxes, transfer and income distribution in Chile: incorporating undistributed profits. CEQ Working Paper 82.
  • Flores I, C Sanhueza, J Atria, y R Mayer (2019). Top Incomes in Chile: A Historical Perspective on Income Inequality, 1964–2017. The Review of Income and Wealth.
  • PNUD (2015). Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización. Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
  • PNUD (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
  • Prieto, J (2020). Measuring economic insecurity: An application to Chile. En New approaches to measuring economic and social well-being (Tesis de doctorado). The London School of Economics and Social Sciences.

  1. Este valor se calcula con el ingreso que incluye las utilidades no distribuidas. Realizar este cálculo requiere hacer ciertos supuestos, por ello distintos estudios arriban a diversos resultados. De hecho, el valor de este índice fluctúa entre 22% y 33% (esta última es la estimación del Banco Mundial). 

  2. La diferencia principal no es el Gini versus la fracción que concentra el 1%, sino más bien la naturaleza de los datos: encuestas versus datos administrativos. En efecto, al corregir el cálculo del Gini del ingreso disponible, incorporando las utilidades no distribuidas (vía datos del sistema de impuestos), este sube de 0,518 a 0,574 (Candia y Engel, 2018). Según entiendo, no existen estudios que hayan calculado la dinámica del Gini corregido. 

  3. Hay otra desigualdad que probablemente tiene un importante poder explicativo: la desigualdad de trato. El hecho de no resaltarla en este texto se debe a que no tengo una comprensión suficiente sobre esta materia como para hacer un análisis sustantivo. Un muy buen libro que trata esta desigualdad de forma detallada es PNUD (2017). 

  4. Esta parte del texto está basada en la columna que publiqué en marzo de 2016 (en el medio digital El Mostrador), titulada “Tabla 79: la democracia capturada por los intereses de una minoría”

  5. La elite económica se ubica en promedio a 61 puntos porcentuales (pp) de la ciudadanía, mientras que la elite política lo hace a 40 pp. Como estos números están en referencia a la postura de la ciudadanía (la que obviamente está a 0 distancia de sí misma), el ponderador de dos tercios es una aproximación de 40/61.