En mi país a los jóvenes que les prometieron salir del círculo de la pobreza por medio de la educación hoy no encuentran trabajo, no pueden pagan sus cuentas, menos pensar en la casa propia, porque cargan con una millonaria deuda educativa. Chile, el paraíso neoliberal, le entregó el derecho a la educación al mercado; los empresarios se enriquecieron a manos llenas, abriendo escuelas y universidades de dudosa calidad. En octubre de 2019, los estafados por la educación de mercado dijeron basta.

Lidia González (33) es trabajadora social y madre de tres hijos. Vive en Talcahuano, una ciudad en el sur de Chile. Está cesante desde 2018 y no ha calificado para varios trabajos por tener cuotas impagas de su crédito universitario. En 2006 entró a estudiar a la Universidad de Concepción, pero a su familia, de clase media no le alcanzaba para pagar su arancel.

El año en que Lidia entró a la universidad se estrenó lo que ella creyó su salvación: el Crédito con Aval del Estado (CAE), una política de financiamiento a la educación superior, creada en el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, que fue financiada por los bancos privados, con la garantía del Estado. El CAE simbolizaba la promesa de cumplir el sueño del ascenso social por medio del acceso a la educación universitaria. Lidia, como miles de jóvenes que, apenas salían de la educación escolar y cumplían la mayoría de edad, asumieron deudas por hasta 38.000 dólares, que deben pagar obligatoriamente durante 20 años.

El estudio de Fundación Sol “Endeudar para educar y mercantilizar: el caso del CAE”, revela que del casi millón de deudores CAE (997.000) que hay en Chile, 44,5% de los que ya egresaron de sus carreras no puede pagar su millonario préstamo. “La bancarización a temprana edad del CAE ha traído consigo la precarización en la vida. La casa propia se aleja del sueño de familias jóvenes, eternizando la vida como allegados en casa de familiares, y los trabajos se hacen cada vez más precarios”, destaca Juan Pablo Rojas, activista de Deuda Educativa.

La política que prometía a los estudiantes pobres y de clase media cumplir el sueño de estudiar en la universidad se convirtió en una pesada mochila que perpetúa la pobreza. “Si pudiera volver el tiempo, jamás lo hubiera tomado. Uno a esa edad no tiene conciencia de las implicancias; lo que yo debo equivale a una casa, y teniendo hijos se vuelve todo más complicado. Es terrible; el CAE es una trampa para los que quieren estudiar”, relata Lidia González.

La condonación de las deudas de la educación superior, en especial del CAE, fue una de las demandas que se levantaron durante la revuelta social de 2019. “Muerte al CAE” y “fin al CAE” son algunos de los rayados que se podían leer en la Plaza Dignidad, el punto cero de las protestas que se desataron en Chile. Dos millones de personas se alzaron en contra de un modelo neoliberal que creó un país en donde el 1% más rico de la población concentra 26,5% del producto interno bruto (PIB), mientras que el 50% de los hogares más pobres alcanza sólo 2,1% de la riqueza.

El movimiento estudiantil y contra la educación de mercado en Chile es la antesala del estallido social de 2019. En 2006, el conocido como “movimiento pingüino”, liderado por estudiantes secundarios, tomó cientos de escuelas para protestar en contra de la “LOCE”, ley promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet, y el movimiento estudiantil de 2011 visibilizó el negocio de las instituciones de educación superior chilena y reivindicó a la educación como un derecho social.

Víctor Orellana, autor y editor del libro Entre el mercado gratuito y la educación pública, explica que “la lucha educacional chilena anticipó el cuestionamiento a la Constitución, porque anticipó el cuestionamiento al Estado subsidiario, que se pone al servicio del mercado. Se cuestiona la forma en que el neoliberalismo se enfrenta a la desigualdad social, que no ha tenido respuesta hasta hoy. El estallido de 2019 demuestra que el ciclo acumulativo de movimientos sociales sigue desarrollándose sin una respuesta satisfactoria desde las elites políticas del país”.

La educación de mercado

En 2011, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, Chile acaparó las portadas de diversos medios internacionales por las masivas protestas de los estudiantes de la educación superior. El Movimiento Estudiantil levantó las banderas por “educación pública gratuita y de calidad”, pedían la erradicación del lucro y terminar con el sistema de mercado, instaurado en la reforma educacional de 1981 y profundizado durante los últimos 30 años de democracia en Chile.

La educación superior de Chile resalta a nivel mundial por su explosiva expansión en las últimas décadas y alta privatización. A medida que fueron pasando los gobiernos democráticos, la educación superior estatal fue convirtiéndose en un apéndice dentro del sistema, de las 60 universidades que tiene el país sólo 18 son propiedad del Estado, y de los 1,2 millones de estudiantes en Chile, el 85% estudia en la educación superior privada.

“En la medida en que la educación fue presentada en este discurso de la igualdad de oportunidades y la superación uno a uno, los chilenos se pusieron de cabeza en la tarea de entregar una buena educación a sus familias. Ante la demanda cada vez más intensa, el mercado respondió con una oferta más intensa”, explica el investigador Orellana.

Para satisfacer la demanda por más educación, se aumentó el subsidio estatal mediante la creación del CAE, que favoreció la expansión del sistema privado y el aumento del costo de la educación superior. Chile tiene los aranceles más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en promedio 7.000 dólares al año, según el informe Education at a Glance 2017.

Desde su creación, el CAE ha entregado 7.000 millones de dólares a las instituciones de la educación superior. 67,9% de esos recursos han ido a parar a sólo 20 establecimientos que pertenecen a los grupos educacionales Laureate International, Santo Tomás, INACAP y Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, las universidades San Sebastián, Autónoma Central y del Desarrollo fueron investigadas por lucro, indagaciones que terminaron sin sanción penal durante el 2017.

Tras las protestas de 2011, el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó con un paquete de reformas educacionales que prometía cambiar el modelo. Se implementó la gratuidad universitaria y se reformó la estructura de fiscalización del sistema, creando una Superintendencia de Educación Superior. El objetivo es que pudiera fiscalizar el lucro, que se escondía entre una serie de operaciones financieras, como por ejemplo, inmobiliarias de la misma propiedad de los dueños de los holdings educacionales, que arrendaban edificios a sus propias universidades con precios inflados. Se crearon dos universidades estatales nuevas y una red de centros de formación técnica que está en proceso de implementación.

Pero la gratuidad siguió financiando la lógica de la oferta y la demanda del sistema privado. Una resolución del Tribunal Constitucional chileno prohibió que la medida fuera exclusiva para las universidades del Estado. Actualmente 53 instituciones se han adscrito a la gratuidad y 395.171 estudiantes han sido beneficiados con la política en 2020.

“El crecimiento de la matrícula obligó a aplicar la gratuidad: el sistema no podía seguir endeudando a más jóvenes. Si bien la gratuidad que se aplica con Michelle Bachelet no es lo que demandaba el movimiento estudiantil, y se basa en el financiamiento a la demanda y no la oferta, permite ser una fórmula de control a la expansión de la matrícula, al menos en términos económicos”, indica Marjorie Cuello, investigadora de Fundación Crea, especialista en acceso a la educación superior.

Abandono de la educación pública

Durante la dictadura chilena se disminuyó el poder del Estado, dejando la administración y financiamiento de las escuelas públicas en los gobiernos locales o municipalidades. Se estableció un financiamiento basado en la subvención por cantidad de estudiantes, la que también podía ser entregada a escuelas privadas, dando origen a los colegios particulares subvencionados. Un día antes de dejar el poder, Pinochet consagró el principio de subsidiariedad del Estado al promulgar la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, el 10 de marzo de 1990.

Llegada la democracia, durante los años 90 se instaló la idea de la superación individual, de la competencia y el mérito en los niños y niñas. La educación era el motor para surgir y ascender en la escala social, y mientras más pagabas por esa educación, esta prometía ser de mejor calidad. Se fortaleció la educación escolar subvencionada, administrada por un particular y financiada con un aporte del Estado, más un copago de las familias. Eran las escuelas de la denominada clase media emergente, que no les alcanzaba para pagar la costosa educación privada, pero querían aportar y pagar por la educación de sus hijos para obtener más calidad. La educación subvencionada pasó de concentrar 32% de los alumnos en 2001 a tener 54% de los estudiantes en 2015.

Camila Rojas, diputada de la República y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, explica que “la educación chilena es el fiel reflejo de la sociedad extremadamente neoliberal que tenemos. Y así como hay barrios y salud para ricos y otros para pobres, lo mismo pasa con la educación. En las últimas décadas hemos vivido el desmantelamiento de la educación pública, que se encuentra en abandono extremo, tanto a nivel material como en la calidad de la enseñanza que se imparte”.

Un ejemplo de esto son los resultados la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que es obligatoria para acceder a la educación superior. “De los 20 colegios con mejores resultados del país, en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, 19 son escuelas particulares pagadas de los barrios acomodados de la capital, cuyos estudiantes son los que pueden entrar a las mejores universidades del país. En las escuelas públicas de buena calidad hay pocos cupos, el sistema es una condena a una gran mayoría a educarse en desventaja, brecha que es muy difícil de superar”, agrega la congresista.

Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020, señala que esta desigualdad se puede ver en los resultados de instrumentos de medición como la prueba estandarizada SIMCE, que se aplica a niños y niñas en edad escolar. En el caso de la prueba de Matemáticas puede haber hasta 70 puntos de diferencia en los resultados de alumnos de octavo básico dependiendo de su realidad socioeconómica. Por otra parte, “la desigualdad socioeducativa y la segregación de la calidad de la educación según territorio y nivel socioeconómico, tiene otras expresiones, como por ejemplo, diversos estudios que indican que los altos mandos de las grandes empresas o los cargos públicos de alta relevancia, como ministerios y subsecretarías, están ocupados por personas que provienen de un mismo núcleo reducido de escuelas particulares, de elite”, indica Jara.

Reformas y resistencia

Las primeras reformas a la educación impulsadas por el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) estuvieron enfocadas en el cambio de administración del sistema de escuelas públicas y la regulación al sector particular subvencionado. La denominada “Ley de Inclusión”, eliminó la “selección” para el acceso, erradicando competencia individual del sistema escolar.

También prohibió el lucro y eliminó el copago que costeaban las familias en los establecimientos particulares subvencionados. Las escuelas debieron decidir si pasar a ser totalmente privadas o convertirse en sociedades sin fines de lucro. La última reforma crea la Nueva Educación Pública, que traslada la administración de las escuelas desde los municipios a un organismo central y estatal que tiene servicios locales de educación a lo largo del país.

Estas leyes produjeron resistencia en los sectores que reivindican el “derecho a elegir”, ligados principalmente a la derecha política del país. El movimiento de padres y madres Con mis Hijos no te Metas levantó una campaña en contra del fin a la selección y algunos alcaldes de centroderecha, de comunas con más recursos, solicitaron que la desmunicipalización fuera de libre elección para los municipios, entre ellos, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la principal carta presidencial de la centroderecha para las elecciones presidenciales de 2021.

Con el retorno de Piñera al gobierno, la crítica a las políticas creadas bajo la administración de Bachelet se ampliaron. El Ministerio de Educación intentó restituir la selección en las escuelas, junto a la idea del copago por medio de donaciones de los apoderados, ideas que no llegaron a buen puerto. A pesar de que no aceptó la idea de condonar las deudas universitarias, el gobierno de Piñera ingresó un proyecto que pone fin al CAE y crea otro sistema de crédito, esta vez sin la banca de por medio.

La cruda realidad tras la pandemia

La llegada del coronavirus en Chile dejó al descubierto que la desigualdad y la pobreza en el país eran mucho más profundas de lo que se creía. Cuando las aulas de clases se volcaron a la educación digital y las mesas para comer de las casas se convirtieron en pupitres y oficinas, “nos dimos cuenta de que la sociedad chilena no es Suiza, que no tiene una conexión digital que soporte una educación universal por medios digitales”, reconoce Víctor Orellana. Realidad. Agregó que esta situación se intensifica entre los alumnos más pobres, ya que sólo 40% de los estudiantes de la educación pública tiene acceso a internet.

Un estudio realizado por Educación 2020 identificó que 50% de los estudiantes encuestados tiene acceso ocasional o nulo a una computadora y que entre 60% y 80% no cuenta con espacio en el hogar para estudiar o un adulto responsable a quien acudir. “Esas problemáticas, lamentablemente, indican que este período de clases a distancia profundizará la preocupante brecha por nivel socioeconómico. A nivel país, estábamos conscientes de esta realidad, pero la pandemia lo ha esclarecido de una manera bastante desgarradora”, destaca Loreto Jara.

El aumento de la cesantía a 11,2% y la rebaja de salarios vaticinan un duro futuro para las familias en vulnerabilidad y sus hijos. Lidia González es consciente de eso y espera encontrar trabajo pronto para financiar el colegio particular subvencionado de su hermana menor, quien el próximo año quiere entrar a la universidad. Lidia ocupará 10% de su fondo de pensiones, que se ha permitido retirar por una sola vez en el marco de la pandemia, “para ayudar a costear su educación, para que ella no deba pasar por lo mismo que yo”.

Macarena Segovia es periodista de investigación en El Mostrador.