La histórica resistencia mapuche en Chile y el estallido social actual

Desde la invasión militar a territorio mapuche a fines del siglo XIX, la relación entre el Estado chileno y el pueblo indígena ha sido conflictiva y ha estado signada por la violencia represiva. Germán Bidegain, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, sostiene en este artículo que la recurrente violación de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado chileno en el contexto de estallido social reproduce a nivel nacional una violencia que desde hace décadas es ejercida contra los sectores movilizados del pueblo mapuche en el sur de Chile. Afirma que el debate constitucional puede habilitar un replanteo de estos vínculos.

Cualquier observador del estallido social que se inició en Chile en octubre de 2019 habrá notado la masiva presencia de la bandera mapuche, la wenufoye, en cada una de las protestas que se sucedieron hasta que las restricciones de circulación impuestas por la situación de la covid-19 pusieron en pausa a las movilizaciones. De hecho, desde el inicio del estallido hasta su congelamiento por las medidas sanitarias, la wenufoye ondeó en el punto neurálgico de las manifestaciones: la antigua Plaza Baquedano (o Plaza Italia), que ha sido rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Esta importante presencia simbólica da cuenta de un largo proceso de luchas que desde hace tiempo distintos sectores del pueblo mapuche llevan adelante contra el “modelo chileno”, impulsado por los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1989 en Chile y otrora defendido por muchos analistas y actores políticos a nivel continental. Es por ello que no son pocos los que han señalado que actualmente el pueblo chileno comprende en carne propia las situaciones de injusticia, desigualdad y abuso policial que históricamente ha vivido el pueblo mapuche. Sin dudas, el histórico conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche constituye un antecedente clave para comprender la situación de malestar social generalizado actual.

Un conflicto de larga data

De acuerdo al último censo disponible (2017), la población mapuche representa casi el 10% de la población chilena. Si bien una importante proporción vive en Santiago, el territorio histórico mapuche en el que viven hasta hoy las comunidades se encuentra al sur del país, sobre todo en la región de la Araucanía y las regiones aledañas.

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es centenario y ha pasado por muy diversas fases desde la independencia del país en el siglo XIX. La invasión militar chilena del territorio mapuche se dio entre 1862 y 1883, en la mal llamada por la historia oficial “Pacificación de la Araucanía”. Esta invasión, espejo de la –también mal llamada– “Conquista del Desierto” argentina, sometió a las distintas comunidades mapuche.¹ Hasta allí, vivían en relativa autonomía gracias a distintos pactos, realizados con los españoles primero y con las autoridades chilenas después.

La invasión chilena sentó las bases de muchos de los problemas que continúan hasta nuestros días. El Estado chileno se hizo con 90% del territorio mapuche y estas tierras fueron dadas a colonos chilenos y extranjeros para fomentar la explotación agropecuaria. La suerte de la población mapuche fue trágica. Se forzó a las comunidades a radicarse en “reducciones”, espacios territoriales muy limitados y con las peores tierras, afectando severamente su modo de vida. Este contexto provocó el empobrecimiento de una población que vivía previamente en situación de relativa abundancia.² Mapuche significa en mapudungún –la lengua mapuche– “gente de la tierra” (mapu=tierra; che=gente), lo que sintetiza perfectamente el vínculo de este pueblo con la tierra. El despojo de su territorio histórico es una afrenta que el Estado chileno no ha subsanado hasta hoy, por lo que la recuperación territorial se mantiene al centro de las demandas mapuche.

Transición democrática: efímero encanto y rápido desacuerdo con los aliados político-partidarios

En el contexto de transición, las organizaciones mapuches se aliaron a los partidos políticos de centroizquierda para oponerse a Pinochet en el plebiscito de 1988 primero y apoyar a Patricio Aylwin en 1989, el candidato presidencial de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia. Entre otras cosas, este apoyo se dio a cambio de una agenda amplia que implicaba la creación de una nueva institucionalidad indígena, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que reconoce derechos colectivos indígenas) y la promoción de una política de tierras que protegiera y aumentara el territorio a manos de población indígena. El Acuerdo de Nueva Imperial selló varios de estos compromisos.

El triunfo de la coalición de centroizquierda implicó el cumplimiento de algunas promesas, como la aprobación de la Ley Indígena de 1993, que protegió a las tierras indígenas prohibiendo su venta a personas no indígenas (algo que había sido impulsado por la dictadura). La ley también creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), institución con representación indígena pero bajo control gubernamental. Distintos líderes mapuche cercanos a los partidos de la Concertación se integraron a la Conadi, dotando a este espacio de legitimidad. Sin embargo, rápidamente empezaron a ocurrir desencuentros entre el movimiento mapuche y los gobiernos concertacionistas. Por una parte, algunas promesas no lograron ser cumplidas. Tal es el caso del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, incumplido hasta el día de hoy. Por otra parte, distintos conflictos fueron dejando en claro en los 90 que el modelo de desarrollo económico liberal basado en la explotación de recursos naturales primaba sobre la protección de las tierras y comunidades indígenas, a pesar de lo dictaminado por la Ley Indígena. El caso Ralco fue tal vez el más emblemático. En esta ocasión el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) respaldó la realización de una represa hidroeléctrica a pesar de la oposición directa de las comunidades allí presentes, inundando sus territorios y cementerios para construir el embalse de forma forzosa. Paralelamente, distintos conflictos entre comunidades y empresas forestales ubicadas en el territorio histórico mapuche fueron escalando en intensidad. Estas luchas se fueron convirtiendo en un símbolo potente de resistencia a las grandes inversiones transnacionales con fuerte impacto ambiental en Chile, ubicando a la lucha mapuche a la vanguardia de la resistencia del “modelo chileno” de articulación entre Estado y mercado.

El caso Ralco hirió de muerte la legitimidad de la institucionalidad indígena, y los sectores más críticos de la colaboración con los partidos políticos fueron progresivamente ganando peso dentro del movimiento mapuche. Este proceso de autonomización partidaria del movimiento se dio aparejado con una radicalización de las tácticas de protesta de algunas organizaciones y comunidades (ocupación de tierras, incendio de maquinaria forestal, plantaciones forestales, etcétera) y una respuesta represiva excesiva por parte del Estado a través de los sucesivos gobiernos, de centroizquierda o centroderecha.³ La aplicación de normativas de excepción contra activistas mapuche como la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Antiterrorista ha sido criticada, e incluso condenada,⁴ por distintos organismos internacionales de derechos humanos y ha llevado a abusos judiciales y policiales de distinto tipo. Los asesinatos de jóvenes comuneros mapuche como Alex Lemún (2002), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) o más recientemente Camilo Catrillanca (2018) por parte de agentes policiales son las consecuencias más visibles de este proceso.

En definitiva, la recurrente violación de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado chileno en el contexto de estallido social reproduce a nivel nacional una violencia que desde hace décadas es ejercida contra los sectores movilizados del pueblo mapuche en el sur de Chile.

La situación mapuche al momento del estallido social y perspectivas a futuro

El gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) se caracterizó desde sus inicios por una relación conflictiva con el movimiento mapuche. En junio de 2018, a poco de haber asumido, anunció la instalación del Comando Jungla en el sur. Este comando se trataba de un equipo policial “antiterrorista” entrenado en Colombia y Estados Unidos, con alta tecnología militar y teóricamente orientado a mejorar las condiciones de seguridad en la Araucanía en el marco del conflicto existente. Las denuncias de militarización del territorio mapuche por parte de distintas organizaciones fueron inmediatas. Tan rápidas como fatales fueron también las consecuencias de esta errada política represiva: pocos meses después, el 14 de noviembre, un miembro de este comando asesinó al comunero Camilo Catrillanca. En el marco de la supuesta investigación del robo de una camioneta, un escuadrón del comando se adentró en una comunidad mapuche y disparó contra Catrillanca, quien se desplazaba en un tractor, desarmado y junto a un adolescente. A pesar de las declaraciones policiales y políticas habituales, que inmediatamente arguyeron un enfrentamiento armado, se demostró rápidamente que se trató de un homicidio policial sin otra justificación que la persecución constante que se realiza en la zona a los actores movilizados. El caso fue resuelto por el registro de una de las cámaras de los agentes, que pudo ser recuperado a pesar de que los registros de los demás involucrados habían sido eliminados a poco de consumarse el homicidio.⁵ Evidentemente, este nuevo montaje policial crispó las relaciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. El anuncio del retiro del Comando Jungla por parte de Piñera en diciembre de 2018 no calmó los ánimos, y al momento de estallar la crisis de octubre de 2019 el panorama entre el gobierno y los actores mapuche organizados era de gran tensión.

El proceso que vive la sociedad chilena en la actualidad abrió las puertas del debate hacia un nuevo pacto político y social. Esto se dirimirá en el plebiscito por una nueva Constitución del 25 de octubre (originalmente previsto para el 24 de abril y aplazado por la pandemia). Las demandas generales de este ciclo de protesta hacen eco y extienden las que desde hace años viene sosteniendo el movimiento mapuche: un sistema político más abierto a las inquietudes de los ciudadanos de a pie, la participación política de las comunidades en las decisiones políticas que las afectan, la promoción de un modelo de desarrollo menos concentrador, menos excluyente y más respetuoso del medioambiente, un sistema de protección social más solidario, y el fin del abuso policial, entre otras. La protesta mapuche, intensificada desde fines de los 90 y constante hasta nuestros días, dio cuenta de problemas del modelo chileno. Más cerca en el tiempo, estas deficiencias se hicieron visibles a nivel internacional con las protestas estudiantiles del siglo XXI.

A nivel más específico, en caso de que se apruebe la realización de una nueva Constitución, será posible replantear la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, así como con el resto de los pueblos originarios. Su reconocimiento en la Constitución, avanzar hacia un modelo plurinacional, así como la instauración de algún tipo de representación parlamentaria reservada⁶ son algunas de las medidas posibles para avanzar hacia la superación de la histórica discriminación política que los mapuche han sufrido en el sistema representativo actual. Una agenda más ambiciosa podría también incorporar debates sobre autonomía en espacios territoriales indígenas. En cualquier caso, el desafío actual pasa por lograr la aprobación del plebiscito y organizarse posteriormente para lograr una representación en la convención constituyente. Las dificultades son muchas, pero la oportunidad es única.

Germán Bidegain es doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia y Pensamiento Político por Sciences Po París y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay. Es profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Se especializa en el estudio de formas de acción política no convencionales, con particular énfasis en el análisis de los vínculos entre movimientos sociales y política institucional. Su trabajo ha sido publicado en revistas y editoriales académicas.