Las clases sociales en Chile y su rol en el estallido del 18/O y la pandemia

Una educación segmentada, una movilidad cada vez más reducida entre clases sociales, y el deterioro de salarios y pensiones vuelven lejano el “sueño de la clase media” en Chile. A partir de 2010 se consolida la idea de que los frutos del crecimiento no llegan a todos, y la tolerancia a la desigualdad empieza a erosionarse. Emmanuelle Barozet, integrante del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social de ese país, analiza en este artículo cómo el sentimiento de abuso que experimenta desde hace años la mayoría de la población chilena se convirtió en estallido a partir de octubre de 2019.

El estallido del 18/O en Chile abrió un proceso de cambio de una amplitud tal que la clase política aceptó someter a aprobación popular un cambio constitucional, un hecho inédito en la historia del país. La multiplicación de demandas sociales, junto con la rabia acumulada, plantea una pregunta sobre las fuerzas que sostienen este conflicto social. ¿Es el estallido el reflejo de conflictos de clase? ¿Qué dice la estructura social chilena de las últimas décadas que permita entender las fuerzas sociales que se han tensado a este punto en el conjunto del país? Retrataremos Chile primero desde su fisionomía productiva y segundo desde las distintas clases sociales que lo componen. Luego veremos que el crecimiento económico no ha logrado minimizar las desigualdades, por lo que la sensación de malestar frente a la modernización abrió un nuevo ciclo contencioso, que, mezclado con un creciente sentimiento por parte de la población de ser abusados por la elite, desata el conflicto.

¿Cuál es la fisionomía productiva de Chile?

Referirse a clases sociales es usual en sociología, aunque menos en los medios de comunicación. Para un continente con tantas distancias y jerarquías sociales como es América Latina, sigue, sin embargo, siendo un concepto útil para comprender quién recibe qué recursos y ventajas (o desventajas) y en función de qué reglas de distribución. Como los recursos sociales no están repartidos de manera igualitaria entre personas (educación, ingresos, patrimonio, capital social, entre otros), se forman clases sociales, es decir, conjuntos de personas que comparten una misma posición en la sociedad en base a su relación con los medios de producción y su lugar en el mercado laboral. Si bien la noción de clase ha perdido relevancia frente a otras lecturas de lo social, como las identidades sociales, el género, la adscripción racial-étnica¹ o territorial, y tendemos hoy a hablar más bien de estatus socioeconómico, esta noción permite analizar no sólo grupos, sino las relaciones entre ellos y, por lo tanto, los conflictos que los atraviesan. Existen otras mediciones basadas en los ingresos (deciles o quintiles, sobre todo) o en la capacidad de compra, que dan todas visiones válidas de la sociedad, pero en general no buscan entenderla en su dimensión conflictiva.

Como las clases sociales reflejan posiciones económicas, recordemos que Chile se caracteriza, luego del golpe de Estado de 1973, por un modelo económico calificado de neoliberal, pero que, al cabo de años de aplicación primero bajo una dictadura (1973-1990) y luego en una democracia protegida (1990-2005), terminó siendo calificado de capitalismo jerárquico y familiarista (Schneider, 2013), por su tendencia monopólica. Chile es un país de 18 millones de habitantes y con un mercado interno estrecho, que lo hace dependiente del comercio internacional. El cobre sigue siendo uno de los motores de la prosperidad del país, aunque sólo comprenda algo más de 200.000 trabajadores. Si bien se trata de un sector de alto rendimiento, junto con el sector del comercio y de la banca, la mayor parte de los empleos que requiere la estructura productiva es de baja calificación.

¿Y su fisionomía de clases?

Como en muchas sociedades hoy, más de 70% de la población chilena se considera de clase media, entre otras razones porque cuesta asumirse pobre o parte de la elite, y también porque sentirse perteneciente a la clase media refleja un estatus de mayor estabilidad y prestigio. Sin embargo, cuando se usan herramientas de medición objetiva, las clases medias alcanzan niveles mucho más bajos.

A continuación, usamos el esquema clásico de Erikson y Goldthorpe (1992) en su versión de seis clases. Advertimos que la clase de servicio agrupa a la elite y a sectores acomodados, junto con la clase media alta. Si bien sería ideal separar a la elite (en general, el 1% que concentra 26,5% del producto interno bruto en Chile) por el grado de concentración de la riqueza, las encuestas cara a cara no capturan a las personas con mayores ingresos.²³

La población calificada y que accede a cargos con mayor autonomía es limitada (en Europa del Norte esta cifra alcanza entre 35% y 40% de la población ocupada).⁴ Existen diferencias por sexo en algunos grupos ocupacionales, en particular de las mujeres en los sectores de venta, comercio y administración (rutina alta) y trabajos manuales semicalificados o no calificados. Fuera de la clase de servicio, existe una preponderancia masculina en las ocupaciones calificadas. Finalmente, el sector agrícola es mayoritariamente masculino.

Crecimiento económico, pero con desigualdad

Es innegable que desde los años 1990 la pobreza ha bajado muy significativamente, de 45% a 8% (pobreza unidimensional) o 21% (pobreza multidimensional). También los ingresos promedio han aumentado, gracias a políticas proempleo y de apoyo dirigido a los sectores pobres, por un lado, y a un crecimiento económico sostenido entre 1990 y 2014, debido al dinamismo de la demanda de commodities, por el otro. Sin embargo, Chile es un clásico ejemplo de la trampa de los ingresos medios: fue competitivo a nivel internacional por sus bajos salarios y sus exportaciones con alta demanda en los mercados internacionales, como el cobre, la madera, la fruta y la celulosa. Pero ahora que los precios de estas materias se degradan, particularmente el del cobre, debido a la baja de la demanda china, Chile ve alejarse el horizonte de los ingresos altos, en conjunto con la promesa del desarrollo, poco compatible con un índice de Gini de 46, que refleja altas desigualdades.

Los datos siguientes permiten comprender algunas de las tensiones que se han acumulado en la estructura social en los últimos años.

Primero, estudios de movilidad intergeneracional (Espinoza, Barozet & Méndez, 2013) han mostrado que entre 2001 y 2009 la movilidad entre los grupos medios y el más alto ha sido más limitada; es decir, a pesar de la ampliación de la educación universitaria, cuesta cada vez más que los hijos de una clase distinta a la clase de servicio accedan a esta. Esto es uno de los mayores fracasos de la promesa meritocrática de los gobiernos desde el retorno a la democracia. A pesar de la explosión de la cantidad de personas con acceso a la educación superior y técnica (con 1.200.000 matriculados en el sistema de educación superior en 2019), esta se ha segmentado, dejando los mejores puestos a quienes acceden a unos pocos establecimientos educacionales o provienen de familias de la clase de servicio y de la elite. También se ha vuelto más difícil para los hijos de personas del sector agrícola moverse a la ciudad, donde existen más oportunidades, sobre todo en un país muy centralizado como Chile, donde la capital concentra cerca de 40% de la población del país.

Segundo, 50,6% de los trabajadores gana 585 dólares o menos y sólo 15,3% tiene un salario superior 1.300 dólares (Durán & Kremerman, 2018). Una parte importante de la población chilena vive cerca del umbral de pobreza (ingresos de 250 dólares), considerando la gran cantidad de inactivos en el país.

Tercero, las pensiones tienen un nivel muy bajo para gran parte de la población, por debajo del nivel de pobreza. El acceso a una educación o salud de buena calidad, finalmente, pasa por el ingreso al sector privado, inalcanzable para muchos.

En resumen, a pesar de décadas de discursos públicos en torno al sueño de la clase media, si bien la situación de Chile ha mejorado sustancialmente, el país no ha logrado salir de la trampa del ingreso medio, en parte por la degradación del precio de los commodities a nivel internacional, pero también por su falta de inversión en servicios públicos, mejora de las condiciones de vida de la población y políticas de redistribución activa.

De lo objetivo a lo subjetivo: malestar y renovación de los movimientos sociales

La percepción de que los frutos del crecimiento no llegan a todos se acentúa a partir de la década de 2010, cuando las protestas escolares y estudiantiles se intensifican, particularmente en 2011, bajo el primer gobierno de derecha desde la vuelta a la democracia. En términos de prioridad social, la narrativa pasa de la necesidad de superar la pobreza, lo que no implicaba ninguna demanda específica de redistribución hacia la elite, a una nueva pregunta por la repartición de las ventajas y las desventajas en la sociedad. En la medida en que la baja de la pobreza se estanca y que, sin embargo, la riqueza sigue acumulándose en la parte alta de la sociedad, y que las barreras hacia la clase media alta se vuelven más impermeables, una nueva generación plantea la pregunta de la segregación social y la falta de oportunidades.

El malestar de la sociedad chilena a su “modernización” fue tematizado a fines de la década de 1990 (PNUD, 1998). Se analizó como una paradoja, debido a que se asumía que el aumento del bienestar material debía llevar a mayor bienestar subjetivo y, por lo tanto, a una menor crítica social. Sin embargo, el ciclo de acción colectiva de 2011 abre una fase intensa de repolitización de la sociedad, mientras se erosiona la tolerancia hacia la desigualdad. Si bien la lectura más obvia de este movimiento es generacional, existe también una lectura en términos de clases sociales, pues los estudiantes veían con preocupación aumentar su carga financiera por las deudas contraídas y un mercado laboral que no les ofrecía cargos calificados.

En paralelo, una serie de otros movimientos sociales adquirió relevancia durante la década de 2010: el movimiento No+AFP, en contra de las bajas pensiones por capitalización y la sensación de alimentar el sistema financiero, movimientos territoriales contra la degradación ambiental propia del modelo de desarrollo, hasta las protestas feministas de 2018. Como telón de fondo, las demandas indígenas nunca perdieron su intensidad. Esta mezcla de movimientos sociales apunta al desarrollo no sólo de reivindicaciones sociales, sino a una incipiente conciencia de clase por muy borrosa que sea, resaltando las relaciones desiguales que operan en la sociedad chilena en la repartición de las ventajas sociales, junto con el poder político y social.

Del sentimiento de abuso al estallido

Durante gran parte de la década del 2000 no se identificó a la elite como el problema, aunque sí existía una irritación en la vida cotidiana respecto del maltrato de las personas más acomodadas hacia los demás (Araujo, 2009). Cuando la baja de la pobreza se estanca en los años 2000 y disminuye muy levemente la desigualdad, se puede intuir que, según un fenómeno ya conocido a nivel mundial, la riqueza se acumula en la parte alta de la sociedad. No obstante, en ese momento, gran parte de la población en Chile no ve en la elite un grupo acaparador o sencillamente no lo identifica como problema. Sin embargo, un conjunto de escándalos en el ámbito económico había empezado a erosionar esa mirada benevolente de la parte baja y media de la sociedad chilena, como son las colusiones de las empresas en sectores clave de la economía al final de la década de 2000 y principios de la década de 2010.

Ello adquirió ribetes inusitados en 2015, cuando se descubrió el financiamiento ilegal de grandes empresas hacia la mayor parte de los partidos políticos, lo que desencadenó una condena muy fuerte de parte de la opinión pública hacia la elite política y económica. La defensa corporativa del sector empresarial y las bajas penas asociadas a los crímenes de cuello y corbata tuvieron un efecto corrosivo en términos de oposición de intereses, entre sectores acomodados dispuestos a hacer trampa para evitar la competencia y sectores medios y populares cansados de no ver venir la tan ansiada estabilidad, ni para ellos, ni para sus hijos. Mientras tanto, se iba agotando el relato meritocrático y avivando la sensación de estar en un eterno sobrevivir.

En 2019, varios elementos anuncian una posible tormenta: la desaceleración de la economía internacional, el aumento del valor de los bienes de primera necesidad, y el alza del precio de la vivienda y de los arriendos, declaraciones del entorno presidencial que denotan desprecio de clase y, finalmente, un alza del costo del metro en Santiago, lo que enciende la mecha. El estallido del 18/O desencadena un proceso en contra de la elite política y económica: clases medias y bajas se dan cuenta de que el relato de meritocracia y sacrificio que se contaba privadamente como mantra familiar no es la realidad de la mayor parte de los chilenos y extranjeros residentes en el país, mientras que la generación de riqueza no alcanza y alimenta más bien el bienestar de los más acomodados.

En la coyuntura actual, con la campaña por el plebiscito del 26 de abril sobre una nueva Constitución, se inicia una etapa más compleja: no basta con que Chile haya despertado frente a sus elites y su modelo económico, sino que debe concretar alianzas sociales y políticas para definir las nuevas reglas de la convivencia nacional. Sabemos que estas alianzas son precarias y que los intereses de las diversas clases sociales, junto con la dificultad de la elite para entregar parte de su poder, auguran un período complejo pero abierto en la historia de Chile.

Emmanuelle Barozet es integrante del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Contacto: [email protected]

Referencias

• Araujo, K (2009). Habitar lo social. Usos y abusos en la vida cotidiana en el Chile actual. Santiago: LOM.
• Barozet, E, Boado, M & Márquez-Perales, I (Por publicar). The measurement of social stratification: comparative perspectives between Europe and Latin America. En S Fachelli & P López Roldán, Comparative Analysis of Social Inequalities between Europe and Latin America. Berlin: Springer.
• Barozet, E, Cifuentes, L & Valenzuela, C (Por publicar). The Chilean Socio-ethno-genomic cline. Enviado para publicación.
• Durán, G & Kremerman, M (2018). Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando la ESI 2017. Santiago: Fundación SOL.
• Espinoza, V, Barozet, E & Méndez, ML (2013). Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal maduro: el caso de Chile. Lavboratorio, 169-192.
• PNUD (1998). Informe sobre Desarrollo Humano 1998. Las paradojas de la modernización. Santiago: PNUD.
• Schneider, B. R. (2013). Hierarchical Capitalism in Latin America: Business, Labor, and the Challenges of Equitable Development. Cambridge: Cambridge University Press.