Artículo publicado originalmente en CIPER

Funcionan en todo el país y se han convertido en una experiencia de participación inédita. Surgieron tras la revuelta social que comenzó el 18 de octubre y su crecimiento explosivo se desarrolla en paralelo al descalabro de los partidos. Las asambleas las integran jóvenes y viejos, del norte, del centro y del sur de Chile, y con demandas diversas. Todos coinciden en la desconfianza extrema con la institucionalidad y se han encargado de darle vida al estallido social en sus barrios. Son los actores ocultos de la política chilena que desde octubre reclaman protagonismo.

En las primeras semanas de octubre de 2019, cuando los escolares saltaban torniquetes y llamaban a evadir el pasaje del Metro, Verónica (39) pensaba “qué lata”. No tenía idea de que un Comité de Expertos había decidido subir 30 pesos el pasaje. Tampoco que le saldría más cara la cuenta de la electricidad, ni cómo la Constitución influye en su vida: “Sólo sabía que me demoraba más en llegar a la casa y al trabajo”, dice. Vivía ajena a esos problemas, con su marido y sus hijos en una villa de clase media en Puente Alto, hasta que, la noche del 18, empezó la revuelta.

Por esos días en su barrio, donde no pasan helicópteros ni se escucha el combate entre manifestantes y carabineros, hubo algunos cacerolazos. Verónica también salió y, conversando con sus vecinos con el repicar metálico de fondo, en cosa de días ya estaba enterada. Al poco tiempo invitó a un grupo de vecinas a su casa, para hablar sobre lo que pasaba en las calles. Buscó cabildos, fue a charlas sobre el proceso constituyente. Estos últimos meses, explica, “han sido un proceso de autoformación, de inquietud constante”.

Hoy Verónica es parte de la comisión de Formación y Cultura de la Coordinadora de Asambleas Territoriales de Puente Alto, que reúne aproximadamente a 26 de esas agrupaciones repartidas por toda la comuna. Antes del período de vacaciones, llegaron a ser 50.

Verónica no es una excepción. Su historia es parecida a las de muchas de las personas que hoy se convocan en asambleas y cabildos en todo el país, y que accedieron a hablar para este reportaje. Fue inevitable: se organizaron. En todos los territorios, las agrupaciones que ya existían se fortalecieron y, donde no había, surgieron nuevas. Aprendieron unos de otros para resolver temas prácticos: ¿cómo tratar las lesiones de lacrimógenas y perdigones?; ¿quién puede prestar primeros auxilios en las manifestaciones?; ¿qué hay que hacer cuando detienen a alguien en una protesta?

Las asambleas territoriales y autoconvocadas florecen mientras la imagen de los partidos políticos cae en picada: sólo 2% de los consultados en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile confía en ellos. A los parlamentarios les cree el 3%.

CIPER conversó con miembros de asambleas y coordinadoras de Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Chillán, Pudahuel, Santiago, La Florida, Puente Alto, La Granja, Maipú, Concepción, San Pedro de la Paz, Temuco y Panguipulli. Estos espacios consultados por CIPER agrupan a más de 2.000 personas organizadas en 17 asambleas y tres coordinadoras territoriales.

La organización que más asambleas reúne es la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) de la Región Metropolitana. El 18 de enero juntaron a 1.200 personas en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago de Chile, en lo que fue un primer intento por armar un pliego de demandas de estos espacios.

No todas las asambleas están en la CAT. El conteo hecho por CIPER se queda corto porque ha sido un proceso masivo y transversal en todo el país. Muchas no están coordinadas y, por ser espacios que surgieron al calor del estallido social, su existencia también podría ser efímera. Pero la persistencia en el tiempo de decenas de ellas da cuenta de que son un actor a considerar.

¿Una estimación de su masividad? 118 asambleas se juntaron en el encuentro de la CAT en enero; otras 43 participaron en el Zonal Norte (que agrupa a espacios de Antofagasta, Iquique, Calama y Alto Hospicio) en diciembre; en Concepción estiman que sólo en esa comuna funcionan 18; en Valparaíso dan cuenta de 20, mientras que en La Serena y Coquimbo sus participantes calculan que en esas comunas existen, al menos, seis. Hay muchas más y han logrado ser masivas. Por ejemplo, en Chiloé las Asambleas Autoconvocadas reunieron en noviembre a 300 personas dentro de una iglesia.

Se puede afirmar, sin riesgo de equivocarse, que las asambleas territoriales han sido el espacio de participación política ciudadana luego del estallido social, superando con creces a los partidos políticos, cuya presencia territorial en muchas comunas es prácticamente nulo.

¿Hay presencia de militantes políticos en las asambleas? Sí, pero no monopolizan el debate, y en el recorrido efectuado por CIPER no apareció ninguna organización que conduzca el proceso. En algunas asambleas aparecieron miembros de colectivos de la izquierda extraparlamentaria (Convergencia 2 de Abril, Partido Igualdad, Movimiento Internacional de Trabajadores) y dirigentes que forman parte de colectivos estudiantiles y otros de sensibilidad anarquista. Todos con agendas tan disímiles que es difícil que puedan darle una conducción única al proceso.

De los testimonios recogidos para este reportaje se desprende que las agrupaciones buscan construir algo muy parecido a lo que la RAE define como democracia: “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”; “Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones”.

En las discusiones que se han dado en las asambleas pesquisadas por CIPER –y que han quedado registradas en actas, ordenadas en tablas y convertidas en comunicados compartidos por whatsapp y correo electrónico– se repiten ciertas definiciones: son horizontales y feministas; exigen justicia para las violaciones a los derechos humanos; fomentan la autoformación en los barrios; promueven la participación en marchas y protestas; desconfían de la política tradicional.

Las asambleas también han recogido las demandas y problemas que se manifiestan en los territorios. Aunque se repiten a nivel nacional –salud y educación públicas, gratuitas y de calidad; fin a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP); acceso a viviendas dignas a precios razonables; proteger el medioambiente y convertir el agua en un recurso realmente público; el cese de la represión y justicia para sus víctimas, entre otros–, en cada lugar se traducen distinto, según su historia y sus necesidades particulares.

En Puente Alto se preguntan cómo organizarse a pesar del narcotráfico, y en San Pedro de la Paz los vecinos reclaman tratamiento para los que son adictos. En La Serena exigen la protección de terrenos ancestrales diaguitas; y en Puente Alto, Temuco y Panguipulli se defienden las demandas históricas del pueblo mapuche. En todas se ha discutido qué hacer frente al proceso constituyente.

¿Boicot? No, gracias

Es un tema no resuelto. La desconfianza con la política tradicional es tal que, si los militantes de esos partidos (incluidos el Partido Comunista y el Frente Amplio) quieren participar, tienen que transparentar su afiliación, ir como independientes, y no pueden ejercer las vocerías. Por ese mismo recelo con los partidos, casi todos los que hablaron para este reportaje no le ponen fichas al proceso constituyente acordado dentro de los muros del Congreso en la madrugada del 15 de noviembre.

“Ellos son parte del problema, y dudamos mucho que nos solucionen algo”, dice Matías (23), de la Asamblea de Pudahuel Sur. Jorge, de La Granja, también es tajante: “No nos vamos a comprar una Constitución modificada por los mismos que no hicieron nada por años”.

Como sea, ese pacto forzó el debate constitucional. Las asambleas organizaron charlas y foros para aprender sobre el proceso y para qué serviría –o no– redactar una nueva Carta Fundamental. Aunque no lo validan, la mayoría de los entrevistados no se restará del plebiscito, y sus asambleas dejarán en libertad de acción a sus participantes. Ninguno participará en llamados a boicotear la consulta.

“En la asamblea no me he topado con nadie a quien le haya gustado este acuerdo. Hay cero apoyo. No hemos zanjado si llamar a votar o no. Todas las posibilidades se han puesto sobre la mesa, incluso asistir y votar Convención constitucional, que son los menos acá”, dice Luis, miembro de la Asamblea Popular de Temuco.

“En el wallmapu [territorio mapuche] hay organización, resistencia, y participar en este proceso es legitimar al Estado opresor. Acá en la warria [ciudad] no; es raro, acá no están en contra. Los warriache [mapuche urbanos] venimos de un proceso de subordinación cultural, nuestros ancestros tuvieron que adaptarse. Mi mami vivió un proceso de rechazo, a ella le decían india, y ahí hay una resignificación, ella va a ir a votar. ¿Cómo voy a boicotear su proceso?”, plantea Lautaro (29), de la Coordinadora de Asambleas de Puente Alto.

De la misma coordinadora es Daniel (33): “Sabemos que hay muchas asambleas que creen que sí hay que aprobar, otras que creen que no hay que participar… El tema del rechazo o el boicot ya no está tan fuerte, pero muchos creen que eso no es tan importante”.

María Hilda (50), de la Asamblea Permanente de La Serena, asegura que ella no irá a votar, que desconfía de los políticos, pero que tampoco boicoteará el proceso: “En nuestra asamblea hemos sacado una declaración en que decimos que no adherimos, pero tampoco vamos a boicotear ni a desgastarnos en eso”.

Hay otras asambleas que sí adhieren al proceso constituyente en marcha y que, de hecho, están haciendo propaganda ante el plebiscito de abril. Una de las que funcionan en la comuna de La Florida, Latinoamérica Unida, organizó una charla con un abogado constitucionalista para que explicara con detalles la discusión. Todos los martes, desde que comenzó la revuelta, se han juntado en las tardes alrededor de una mesa instalada en plena calle, en Rojas Magallanes con Venezuela. Desde ahí, planean un puerta a puerta por el vecindario para informar y llamar a votar.

La Asamblea del Fundo El Carmen, en Temuco, está en la misma postura. Así lo explica Hilda (39): “Estamos realizando escuelas constituyentes. Hubo algunos cientistas políticos que nos ayudaron. Sacamos material explicativo sobre la Constitución y los puntos más críticos de ella. La idea es que todos estemos preparados para hablar de eso e informar a los vecinos”.

Feminismo, vivienda, salud y pensiones

El feminismo está instalado en todas las asambleas. Es parte de las directrices de cómo se organizan estos espacios. Alicia, geógrafa y miembro de la Comisión de Comunicaciones de la CAT, lo explica así: “Las asambleas territoriales tienen la posibilidad de disolver las costumbres políticas donde necesitas un ‘padre’, alguien que te diga qué hacer, alguien que te lidere, y eso tiene mucho que ver con el feminismo y sus pilares”.

“Yo ya me consideraba feminista, pero ahora soy más. He aprendido muchas cosas, me cuestiono más, pienso más en cómo nos relacionamos, y eso no me pasa sólo a mí, se ve en las asambleas. La paridad se lleva a la casa, también”, dice Verónica (39), miembro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales de Puente Alto.

Los hombres han tenido que entender y adaptar su comportamiento. Carlos (29), del cabildo que funciona en la villa Bernardo Leighton, de Puente Alto, asegura que “el feminismo se ha instalado en los espacios. Ha sido importante, por ejemplo, no monopolizar la palabra, o que los compañeros no vayan a tantas asambleas para quedarse ellos con los hijos y que ellas puedan ir”.

Con el feminismo como plataforma de las asambleas, han surgido otras demandas transversales. Sin duda, las pensiones han ocupado un lugar protagónico. Richard (34), de la Asamblea del barrio Boca Sur (San Pedro de la Paz), explicó a CIPER que “el fin de las AFP se ha levantado bien fuerte por acá. También estamos pidiendo hace mucho tiempo un hospital público en la comuna, porque los Centros de Salud Familiar no dan abasto. Es grave, porque no tenemos condiciones mínimas para asegurar nuestra atención”.

María Hilda (50), de la Asamblea Permanente de La Serena, agrega otros problemas locales, como la precariedad de la vivienda: “Hacen viviendas sociales, pero caras y construidas sobre espacios naturales, como por ejemplo en parques. Los intervienen y ponen viviendas de 3.000 UF, que no se pueden pagar, en el sector alto de la ciudad, que antes estaba lleno de árboles y ahora está lleno de casas”.

En Puente Alto también han problematizado la lucha por la vivienda. Carlos (29) recuerda cuando llegó a vivir a la villa Bernardo Leighton, a una de las “casas Copeva”, justo antes de que la lluvia las echara abajo, hace poco más de 20 años. “Cuando hicimos el cabildo en el barrio nuestra primera demanda fue el derecho a la vivienda digna. Ahora vamos a hacer una escuela de formación popular que se va a llamar Ana González, y uno de los ejes es la memoria barrial de la lucha de las casas Copeva, que fue uno de los procesos constituyentes de movilización de Puente Alto”, dice. En su cabildo también ha surgido con fuerza el debate sobre las pensiones. Muchos de los miembros “tienen 55, 60 años, en promedio, y avizoran preocupados las jubilaciones que les van a llegar”.

Narcos, seguridad y represión estatal

Las discusiones en las asambleas son variadas, pero hay temas transversales, como la represión estatal en las protestas. En algunas también han instalado como enemigo al narcotráfico.

Desde la Coordinadora de Puente Alto explicaron a CIPER que ahí identifican al narco “como otro actor que ha estado en contra de la organización. Con poder de fuego y de coordinación, y que muchas veces trabaja con juntas de vecinos e instituciones públicas”, acusa Daniel (33), profesor de Física y quien participa activamente en ese colectivo. Dice que en las asambleas “ha salido la denuncia sobre lo difícil que ha sido reunirse teniendo a los narcos al lado. Eso pasa en Andes del Sur, pasa también en Bajos de Mena, por ejemplo, donde nos corretearon de una actividad a balazos”.

En el barrio de Boca Sur, en San Pedro de la Paz (Región del Biobío), los vecinos están abordando el tema narco como un problema, entre otras cosas, de salud pública: “Estamos debatiendo cómo combatir la normalización de la narcocultura, hay muchos vecinos que vemos en las esquinas muertos en vida y es porque no tienen otra opción. Los narcos dominan las poblaciones y nuestros vecinos no pueden acceder a rehabilitación”, dice Richard (34), que participa en la asamblea del barrio.

En las asambleas de la Zonal Norte (Iquique, Calama, Alto Hospicio y Antofagasta) los vecinos levantan, una y otra vez, su rabia y preocupación por la represión policial. Hasta noviembre pasado el Instituto Nacional de Drechos Humanos (INDH) de la región había presentado cinco querellas por casos de tortura, apremios ilegítimos y violencia innecesaria. Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo sumaban casi 2.000 heridos.

En la Asamblea Autoconvocada del Curvo (Antofagasta) desconfían de las cifras del INDH. Aseguran que el organismo estatal no tiene la capacidad para desplegarse por todos los sectores donde se registran las protestas. Por ello han recibido apoyo de otras organizaciones –como la Agrupación Providencia y la Asociación de Abogadas Feministas–, para elaborar informes propios sobre la represión que han vivido. Esos documentos se los entregaron a las comitivas internacionales que han visitado la ciudad: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, veedores de Canadá y de la Organización de las Naciones Unidas. Antonio (31), de la misma asamblea, agrega: “Estamos intentando trabajar todos juntos por un mismo propósito, que es lograr más justicia social y pelear contra la violación de los derechos humanos”.

Desde la Asamblea Territorial Marga Marga (Valparaíso) denuncian detenciones ilegales, torturas y abusos sexuales cometidos principalmente contra menores de edad. Como muestra: en Viña del Mar hay 18 denuncias de golpizas de parte de carabineros y en Quilpué acumulan 16. Según el reporte del INDH, en la región ha habido un total de 61.

En Pudahuel Sur la asamblea acusa que la represión recrudeció luego de las protestas por la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo-Colo atropellado por un camión de Carabineros a fines de enero en las afueras del Estadio Monumental. El gobierno y la Policía han denunciado ataques a la comisaría del sector. Han sido protestas con choques violentos entre ciudadanos y carabineros.

Entrevistados por CIPER, representantes de la Asamblea de Pudahuel Sur explicaron que han tenido que desarrollar métodos de seguridad propios para defenderse, y que en el camino han descubierto que “el barrio puede estar perfectamente bien sin los carabineros, que con organización nos podemos cuidar”.

En Puente Alto también acusan brutalidad policial, y allí han organizado brigadas de primeros auxilios, la que partió en la plaza Italia, pero que rápidamente se trasladó a los principales puntos de enfrentamiento de su territorio –Plaza de Puente Alto y alrededores de las estaciones de Metro Elisa Correa y Protectora de la Infancia–, por la cantidad de heridos que contaban entre sus vecinos, principalmente jóvenes.

En la Asamblea Carmela Larraín de Infante, de Maipú, las principales demandas se relacionan con la seguridad. Exigen, por ejemplo, tener calles sin hoyos y más luminarias públicas, porque reclaman que las noches son demasiado oscuras e inseguras. Además, dijeron a CIPER que la asamblea ha servido como plataforma educativa para quienes no tienen mayor formación política.

Gladys (84), Sonia (77) y Natalia (82) están en ese grupo. Las tres amigas, que siempre iban a una plaza a distraerse conversando, vieron cómo después del estallido el lugar –comúnmente vacío– se empezaba a llenar de niños, jóvenes y adultos que, por primera vez, se relacionaban entre ellos. “Nosotras no sabemos mucho de política, nunca nos hemos metido en nada de eso. Ahora la gente más joven nos está enseñando cómo será lo de la nueva Constitución”, cuentan. Esta villa de Maipú está conformada por 50 casas, y allí unas 30 personas participan en la asamblea Carmela Larraín. Entre todos han proyectado documentales, pasaron la Navidad juntos y han hecho actividades educativas sobre el proceso constituyente. Pintaron un mural y plantaron un huerto público que cuidan y riegan como comunidad.

Educación, medioambiente, sequía, inmigración

En la Asamblea Permanente de La Serena –que reúne a organizaciones de esa comuna y también de Coquimbo y Vicuña– discuten cómo proteger el medioambiente y el territorio indígena. Allí participan integrantes del pueblo diaguita, por lo que también ha surgido como una urgencia “cuidar y no tocar los lugares de ellos, como El Olivar, que es un sitio arqueológico donde quieren hacer una carretera”, dijo a CIPER María Hilda (50 años, socióloga), miembro de esta agrupación.

La socióloga dice que otro tema que surge como prioritario es el cuidado y tratamiento del agua. “Acá tenemos claro que es saqueo y no sequía, porque un río no se seca de un día para otro. Eso también lo reclamamos, porque nos dicen que cuidemos el agua, que Chile se seca, pero el agua no se estaría acabando si no fuera privada”, remata.

Entre los temas que se han levantado como relevantes en las organizaciones de la zona central del país también está la integración de los extranjeros en el debate. En la Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay crearon una comisión de inmigrantes. A pesar de que esta comisión es pequeña –20 personas–, buscan coordinarse con otras agrupaciones de inmigrantes de la región para comenzar un proceso que llaman “de educación mutua”.

Humberto Camarena (31) nació en Estados Unidos y sus padres eran inmigrantes mexicanos. Vive en Chile hace poco más de tres años por razones laborales. Incluso con los contactos con que llegó, dice, fue muy difícil: “En Chile no haces nada sin tener un RUT, se demoran mucho en dártelo y en ese tiempo quedas absolutamente limitado. Eso nadie te lo advierte, y cosas como esas son las que queremos intentar solucionar para quienes se van integrando a este territorio”. Camarena dijo a CIPER que su comisión se conformó con chilenos e inmigrantes de Perú, Argentina, Estados Unidos, Italia, Panamá y Colombia. “Nuestros objetivos son educar a la población migrante sobre el proceso constituyente que se viene en este país. La idea es poder fortalecer y crear vínculos entre los migrantes y educar a los chilenos sobre la interculturalidad”.

La participación de los mapuche en las asambleas también ha sido algo a discutir. Según Lautaro (29), joven mapuche que vive en Puente Alto, eso no es extraño. Explicó a CIPER que las agrupaciones del mundo mapuche tienen sus propios tiempos. Necesitan conocerse, llegar a acuerdos, “no como el mundo chileno en que hacen una asamblea abierta y listo. En nuestras reuniones vamos rotando por familias, para que todos participen. Entonces las organizaciones mapuches están fortaleciéndose, pero no al ritmo de las huincas”. De todas maneras, plantea que el proceso en la ciudad es distinto al del sur.

En Temuco, a la Asamblea Popular –que llegó a reunir a 500 personas en noviembre– sólo ha llegado, en promedio, 20% de personas mapuches. Según Luis, profesor de Historia que participa en esa agrupación, esto se debe en parte a los tiempos de los procesos mapuches –más lentos–, y a que ellos se han organizado dentro de sus comunidades porque, además, en muchos casos están lejos de los lugares de reunión.

En el límite de la zona central del país está la Asamblea Popular Autoconvocada de Chillán, en la que participan activamente unas 40 personas que, según comentaron a CIPER Cristóbal (24) y Catalina (28), coinciden en que uno de los problemas que suenan con insistencia en su territorio es la calidad del aire. En invierno, con las estufas a leña, empeora considerablemente y ayuda a colapsar los servicios de salud que, denuncian, han sufrido una baja presupuestaria en el último tiempo. También reclaman que “en educación hemos levantado recursos de protección, pues se ha visto que año a año se cierran establecimientos educacionales”.

En Puchacay (Concepción), los vecinos organizados agregan sus demandas territoriales: “Estamos preocupados por los límites de construcción de las inmobiliarias, que son una amenaza para nuestra comunidad”, explica Mauro (32), de la asamblea de ese barrio.

Hilda (39), de la Asamblea del Fundo El Carmen de Temuco, da cuenta de las demandas medioambientales que se han discutido en su espacio: “Hemos puesto en las prioridades temas como el fomento del reciclaje, que se amplíen beneficios municipales como recambio de estufas y entrega de composteras. Hay algunos barrios donde la situación es más compleja porque no tienen retiro de basura domiciliaria y prácticamente no hay áreas verdes”.

Las asambleas han seguido funcionando en el verano, aunque su masividad ha decaído. Sus integrantes se preparan para retomar en marzo las actividades con mayor intensidad. Todos anuncian meses movidos, en los que buscarán tejer una alianza entre la organización territorial y la protesta callejera. Algunos participarán activamente en el plebiscito de abril, mientras que otros se dedicarán a fortalecer su organización barrial. Es una historia que se seguirá escribiendo.

Catalina Albert es periodista de la Universidad Diego Portales. Fue periodista en CNN Chile. Tamara Köhler es estudiante de Periodismo y publicista.