Pablo Rodríguez Almada

El referéndum se realizaría a fines de 2021 o principios de 2022, momento en que la popularidad del gobierno estará por el piso por las medidas económicas que está aplicando.

En muchos casos ya ocurrió, y en otros va a ocurrir en estos años, que la justicia no llegará, porque muchos de los responsables de los crímenes de lesa humanidad fallecerán antes de ser condenados.

La falacia de la presidenta dictatorial de Bolivia, Janine Áñez, de dar un paso al costado para defender la democracia es en realidad una estrategia electoral para que el MAS no gane las elecciones.

Las normas que provenían de la última dictadura eran más protectoras de los arrendatarios buenos pagadores que las normas de la LUC.

Este interés en proteger a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de Cabildo Abierto puede explicarse porque su cúpula es manejada por militares retirados afines a Manini Ríos.

La falacia de la persecución política por parte del fiscal de Corte a la fiscal de Carmelo busca justificar lo que en realidad está ocurriendo: una persecución política al fiscal de Corte.

¿Acaso la ciudadanía está dispuesta a renunciar a que el hogar en la noche deje de ser un sagrado inviolable a cambio de seguridad? ¿Y de qué seguridad?

La única garantía que necesitan los que presuntamente cometieron “crímenes de lesa humanidad” es el respeto al principio del debido proceso, garantía que no tuvieron sus víctimas.

En definitiva, la responsabilidad de las demoras en hacer justicia la tiene, en primer término, el sistema político, cuyos integrantes son los titulares de los poderes políticos y últimamente el Poder Judicial.

El tribunal interamericano sistemáticamente ha condenado a los estados ratificantes de la Convención Americana de Derechos Humanos por no investigar y castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Es imprescindible, para determinar los responsables y aplicar las penas que correspondan por los crímenes de lesa humanidad, que la Suprema Corte de Justicia modifique su posición.

En este tema se está legislando “al grito”, para que la sociedad se sienta más segura, respecto de una supuesta “peligrosidad” que generan los adolescentes, que no es tal.

La interpretación del vocablo “urgencia” que hacen el Poder Ejecutivo y los legisladores de la coalición de gobierno provocaría en el futuro constantes violaciones al principio de separación de poderes.

La tipificación de la conducta de José Gavazzo como “desaparición forzada” es más adecuada y además es una forma para que el ex militar no pueda evadir la condena con institutos como la prescripción.

Todos los instrumentos internacionales referidos y la Constitución imponen al Estado uruguayo el deber de combatir la pobreza extrema, de acuerdo a la realidad del país.

La frase “ni olvido ni perdón” no es sólo un sentimiento de los familiares de detenidos desaparecidos y de las organizaciones de derechos humanos, sino una obligación moral y también jurídica.

En definitiva, en la motivación de dichas revoluciones blancas “lo político partidario estaba por encima de lo jurídico”.

Lust está tramitando un asunto de terceros ante el gobierno departamental de Durazno, actividad que está prohibida por la Constitución para los legisladores.