Pablo Rodríguez Almada

No se está atentando “contra el respeto a los Poderes del Estado” cuando a través de la firma se habilita el recurso de referéndum, se está ejerciendo un derecho constitucional.

Es la mejor señal para un Estado de derecho que el Poder Judicial obligue a otro poder del Estado a cumplir con las normas jurídicas, principalmente aquellas que refieren a derechos humanos.

No existe solamente un deber moral y ético de vacunarse, sino un deber jurídico consagrado en la Constitución, que tiene la finalidad de que cada persona sea responsable no sólo de su salud sino de la de los demás.

En la historia de Uruguay del siglo XXI, Tabaré Vázquez como presidente de la República será considerado con la misma importancia que José Batlle y Ordóñez para el siglo XX.

El plebiscito de reforma constitucional frustrado de 1980, sin que el gobierno dictatorial se lo propusiera, formó parte de un proceso constituyente para retornar a la democracia.

El referéndum se realizaría a fines de 2021 o principios de 2022, momento en que la popularidad del gobierno estará por el piso por las medidas económicas que está aplicando.

En muchos casos ya ocurrió, y en otros va a ocurrir en estos años, que la justicia no llegará, porque muchos de los responsables de los crímenes de lesa humanidad fallecerán antes de ser condenados.

La falacia de la presidenta dictatorial de Bolivia, Janine Áñez, de dar un paso al costado para defender la democracia es en realidad una estrategia electoral para que el MAS no gane las elecciones.

Las normas que provenían de la última dictadura eran más protectoras de los arrendatarios buenos pagadores que las normas de la LUC.

Este interés en proteger a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de Cabildo Abierto puede explicarse porque su cúpula es manejada por militares retirados afines a Manini Ríos.

La falacia de la persecución política por parte del fiscal de Corte a la fiscal de Carmelo busca justificar lo que en realidad está ocurriendo: una persecución política al fiscal de Corte.

¿Acaso la ciudadanía está dispuesta a renunciar a que el hogar en la noche deje de ser un sagrado inviolable a cambio de seguridad? ¿Y de qué seguridad?

La única garantía que necesitan los que presuntamente cometieron “crímenes de lesa humanidad” es el respeto al principio del debido proceso, garantía que no tuvieron sus víctimas.

En definitiva, la responsabilidad de las demoras en hacer justicia la tiene, en primer término, el sistema político, cuyos integrantes son los titulares de los poderes políticos y últimamente el Poder Judicial.

El tribunal interamericano sistemáticamente ha condenado a los estados ratificantes de la Convención Americana de Derechos Humanos por no investigar y castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Es imprescindible, para determinar los responsables y aplicar las penas que correspondan por los crímenes de lesa humanidad, que la Suprema Corte de Justicia modifique su posición.

En este tema se está legislando “al grito”, para que la sociedad se sienta más segura, respecto de una supuesta “peligrosidad” que generan los adolescentes, que no es tal.

La interpretación del vocablo “urgencia” que hacen el Poder Ejecutivo y los legisladores de la coalición de gobierno provocaría en el futuro constantes violaciones al principio de separación de poderes.

La tipificación de la conducta de José Gavazzo como “desaparición forzada” es más adecuada y además es una forma para que el ex militar no pueda evadir la condena con institutos como la prescripción.