Como si se tratara de una película de ciencia ficción, en pocas semanas la pandemia transformó el mundo y lo puso contra las cuerdas en diversos frentes. El aislamiento para mitigar el contagio del nuevo coronavirus está golpeando fuertemente a las economías y sus empleos, y los subsidios por desempleo han adquirido un fuerte protagonismo como instrumentos para paliar la emergencia.

En nuestro país, casi 170.000 trabajadores han sido enviados al seguro de desempleo (SD) en sólo dos meses, más de 20% de los asalariados formales del sector privado en 2019. Sí, uno de cada cinco. Según lo que ocurra en los próximos meses, algunos escenarios indicarían que la proporción de trabajadores cubiertos por el subsidio sería en 2020, como mínimo, similar a la observada en el mercado de trabajo en el crudo 2002. Se viene otra noche muy fría, y, como suele ocurrir, no todos tienen el abrigo suficiente.

La rapidez con la que ha sucedido todo hizo que menos de 15 días de aislamiento bastaran para que los ingresos mensuales al SD se multiplicaran casi por ocho. Mientras que en un mes normal ingresaban al SD aproximadamente 11.000 trabajadores, en marzo las altas fueron casi 80.000. Con una cantidad de trabajadores cubiertos por el seguro sensiblemente menor, en 2002 el pico mensual más alto de la crisis se dio en agosto, con 11.541 altas, sólo 14% de los que entraron en marzo de este año.

Pese a la situación crítica, no todas son malas noticias. Los datos indican que las empresas, al menos por ahora, perciben los efectos de la pandemia como algo transitorio y reversible. De las casi 80.000 altas en marzo, sólo unas 6.000 son por trabajadores despedidos (una cifra similar a la de meses anteriores), que empezarán a cobrar el subsidio decreciente desde 66% del salario hasta 40% durante los próximos seis meses. En los restantes 74.000 enviados al SD se mantiene el vínculo con la empresa, ya que 68.000 fueron por motivo de suspensión, lo que implica que dejan de ir a su trabajo por hasta un máximo de cuatro meses cobrando 50% de su salario, y los restantes 6.000 fueron enviados al SD por motivo de reducción. En esta última causal, sólo disponible para jornaleros y destajistas, se pasa a trabajar menos días y el seguro también cubre 50% del salario por dicho período.

Esta amplia mayoría de trabajadores que mantienen el vínculo laboral con su empresa implica que al menos una parte del deterioro del mercado de trabajo que inevitablemente supondrá esta crisis recién podrá verse en la segunda mitad del año. Esto se debe a que si bien el desempleo se incrementará rápidamente por las dificultades del sector informal y de aquellos asalariados sin derecho a protección, otra parte de los asalariados permanecerá cobrando el subsidio bajo la causal suspensión o reducción, lo que implica que no figuren como desocupados durante estos próximos meses, dada la forma en que se computa el desempleo, y sólo pasen a estarlo una vez que agotaron el derecho y, eventualmente, la empresa no pueda retomarlos.

La explosión de solicitudes al SD no ocurrió sólo en marzo. Durante abril, estas han seguido creciendo a un ritmo vertiginoso. Hasta el día 22 de abril totalizaban más de 60.000, de las cuales casi 50.000 eran por motivo de suspensión, poco más de 7.000 por reducción y unas 3.700 por despido. Si bien como ocurre todos los meses una parte de estas solicitudes serán rechazadas, cabe esperar que en abril ingresen más de 60.000 nuevos trabajadores al seguro.

Adicionalmente, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, el gobierno implementó una nueva modalidad de SD parcial por reducción de la jornada o días de trabajo que incluye a los trabajadores mensuales y cuenta con alguna flexibilidad en el acceso respecto de las causales antes mencionadas. Esta modalidad es compatible con haber participado en el seguro en el último año, y el subsidio cubre 50% del salario por los días no trabajados o las horas en que se reduce la jornada, según el caso. Hasta el 22 abril se habían recibido 35.000 solicitudes por esta nueva ventana.

En mi país qué tristeza

El SD no es un programa dirigido exclusivamente a la población vulnerable. En 2019, sólo 5% de los beneficiarios del seguro era pobre. No obstante, de no recibir esta prestación, la incidencia de la pobreza en este grupo poblacional ascendería a 18,4%, asemejándose a la del promedio de los trabajadores no cubiertos por la seguridad social. El instrumento cumple así con su función de mantener ingresos y suavizar los shocks que afectan a los trabajadores cubiertos.

Pero en esta coyuntura en particular, el ingreso percibido por el seguro puede ser insuficiente. En un escenario conservador, si 10% de los trabajadores formales del sector privado permanecieran en el promedio del año en el SD por motivo de suspensión, la pobreza en el país se incrementaría 28%, pasando de 8,8% (último dato de 2019) a 11,2%.

Los efectos más nocivos se concentrarán con mayor intensidad en la población más vulnerable, y cuanto más rápida y contundente sea la respuesta del Estado, menores los impactos que condicionen el día después.

En todas sus modalidades, el subsidio tiene un mínimo de 5.574 pesos y un máximo de 61.330 pesos, y si el trabajador tiene familia a cargo, el monto a cobrar se incrementa en 20%. De incrementarse el monto mínimo del subsidio a un salario mínimo nacional (SMN), actualmente ubicado en 16.300 pesos, la pobreza afectaría a casi 35.000 personas menos. Por tanto, además de suavizar el shock por la pérdida de ingresos laborales, la fijación de un piso mínimo superior colaboraría de forma significativa a reducir el impacto negativo sobre el conjunto de hogares del país.

En mi país qué tibieza

Los instrumentos de política pública utilizados durante la pandemia deberán priorizar a los hogares más vulnerables y, por tanto, estas propuestas deben entenderse como complementarias a otras que son incluso más pertinentes y urgentes.1 Las medidas que se han tomado son aún insuficientes. Varias modificaciones factibles de realizar al SD podrían contribuir a amortiguar los efectos sobre la pobreza a partir de diferentes dimensiones: flexibilizando el acceso, incrementando la duración del subsidio y subiendo los montos de aquellos que perciben subsidios muy bajos.

Son varios los requisitos para tener derecho al seguro que tienden a privilegiar el acceso a trabajadores con empleos más estables.2 Los trabajadores mensuales deben haber realizado aportes al Banco de Previsión Social (BPS) durante al menos seis meses de los últimos 12 y debe haber transcurrido un año luego de un uso completo del seguro para generar nuevamente derecho al beneficio. En esta coyuntura, deberían levantarse estas restricciones para todas las modalidades del SD. También deberían levantarse las restricciones al acceso al SD para trabajadores con más de un empleo, cuando el empleo que reporta menores ingresos no esté cubierto por el seguro (empleo público, por ejemplo).

Aun cobrando el subsidio, con un monto mínimo tan bajo, y un subsidio que sólo cubre 50% del salario (en el caso de SD por motivo de suspensión) o menos (debido al escalonamiento del SD por motivo de despido), podría suceder que muchas personas caigan en situación de pobreza o pasen a estar en una situación de gran vulnerabilidad. Como se mencionó antes, incrementar el valor mínimo del SD a un SMN logra mitigar este efecto, con la ventaja de concentrar el esfuerzo en aquellos beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad relativa.

Dado que este beneficio no sólo permite amortiguar la pérdida de ingresos sino mantener el vínculo con las prestaciones de salud de los trabajadores y sus hijos menores de 18 años, extender la duración del SD en la medida que la situación lo requiera parece una medida imprescindible. Así, no sólo se puede amortiguar la caída en los ingresos y sostener el vínculo con el puesto de trabajo, sino también evitar una eventual saturación del prestador público de salud.

El mundo enfrenta una crisis sanitaria, económica y humana sin precedentes en el último siglo. En medio de la distopía, hay dos certezas: los efectos más nocivos se concentrarán con mayor intensidad entre la población más vulnerable, y cuanto más rápida y contundente sea la respuesta del Estado, menores los impactos que condicionen el día después. El vasto despliegue de medidas instrumentadas por los estados a lo largo y ancho del mundo muestran la importancia de la protección social como forma de sostener los ingresos de la población más vulnerable. Ante la pandemia y el descalabro, la pobreza acecha, y tomar medidas se torna urgente, porque mañana será tarde.

Esta nota es una síntesis de un documento más amplio disponible en ladiaria.com.uy/U2U.