Al concebir la prestación de internet como un servicio y tras instaurar una “lógica de empresa pública”, Antel logró posicionar a Uruguay como uno de los países con mayor equidad en el acceso a internet. En 2020, la cobertura acaparó “casi 90% de los hogares” con banda ancha fija y fibra óptica, según dijo en diálogo con la diaria el doctorando en Ciencias Políticas e investigador de modelos telecomunicacionales Jaén Motta.

Bajo el título “Variedades de capitalismo e internet: calidad, equidad y soberanía de servicios de banda ancha en Chile y Uruguay”, la tesis doctoral de Motta brinda un marco teórico y político para estudiar la brecha de banda ancha en clave de acceso a conexión de internet. “La calidad de acceso según el componente tecnológico y el despliegue de infraestructura es la clave de la comprensión de la desigualdad en las telecomunicaciones”, se indica en el texto.

“A diferencia de otros países, como Chile, Uruguay siempre se mantuvo equilibrado en cuanto a la desagregación de servicios de banda ancha”, sostuvo en diálogo con la diaria el académico, quien estudió los modelos telecomunicacionales de ambos países desde 2013.

Según el autor, el diferencial del modelo de telecomunicaciones uruguayo fue contar con una fuerte presencia estatal en el mercado. En consecuencia, colocar en el centro de la competitividad de Antel el monopolio de telefonía fija, un servicio de internet de banda ancha con fibra óptica, más otras políticas, como el Data Center, que propicia la venta de servicios de nube para empresas privadas, y el ofrecimiento de una banda ancha móvil con velocidades altas lograron como resultado el “reconocimiento internacional” por equidad y calidad en la banda ancha fija.

La distribución en Uruguay, promovida estratégicamente por Antel bajo la dirección de Carolina Cosse en 2010, tuvo lugar gracias a la implementación de la fibra óptica, “un componente tecnológico de mayor calidad para la transferencia de datos y de internet”, y aseguró la igualdad en el acceso. “En Uruguay todo el mundo tiene un buen internet y de buena calidad en casi todos los hogares”, subrayó Motta. La conexión a la fibra óptica alcanza a siete de cada diez hogares uruguayos. En Chile, la conexión con fibra óptica alcanza a tres de cada diez hogares.

En este sentido, Motta sostuvo que la historia de Antel y su vocación de servicio se vio atravesada por otros conceptos, como la soberanía. “El monopolio de la telefonía fija por parte de un servicio estatal y la necesidad de contar con ello para tener internet fueron algo que brindó infraestructura a las estrategias comerciales de Antel”, explicó el autor, para luego detallar que esta institucionalidad puede verse afectada por la autorización otorgada por el gobierno a las empresas privadas para prestar servicios de internet.

Respecto de la equidad, “el proceso uruguayo comenzó mucho antes que el del caso chileno”, remarcó. Según los datos obtenidos por el autor de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, ya en junio de 2018 Uruguay cubría a 80% de la población, mientras que la cobertura chilena alcanzaba a 50%.

La política que propició este escenario en Uruguay fue el monopolio de la telefonía fija por parte de la empresa estatal, que sigue asegurada jurídicamente. Pero “con el cambio de autoridades y la nueva normativa fijada a través de la Ley de Medios, que brinda a los cableoperadores la posibilidad de ofrecer servicios de datos con la fibra óptica de Antel, la calidad del servicio puede verse afectada”, advirtió el investigador.

Cinco empresas privadas están habilitadas, desde la aprobación de la normativa, en junio de este año, a utilizar la fibra óptica a un precio “al por mayor”. “Antel, sin embargo, estaría encargado del mantenimiento de la infraestructura y este gasto no sería compartido con las empresas privadas”, cuestionó el investigador.

En este sentido, Motta sostuvo que con esa política Antel desapareció de las “estadísticas de equidad y de despliegue de infraestructura”. Pese a que Uruguay fue uno de los primeros países en realizar un programa piloto para avanzar hacia la tecnología 5G y de que ya existen antenas 4G a las que sólo habría que hacerles modificaciones, “este programa está detenido”. Algo en lo que sí avanzó el modelo telecomunicacional de Chile, que al momento cuenta con oferta comercial y ya ha realizado subastas de frecuencias para que las empresas “puedan comercializar este servicio”, informó Motta.

Medir la desigualdad

Con la finalidad de elaborar un indicador que revele la desigualdad en el acceso a internet, el magíster e investigador en Ciencias Políticas de la Universidad de la República propuso comparar dos modelos de telecomunicaciones que, en apariencia, eran “exitosos”. Tanto Uruguay como Chile ocuparon, entre 2017 y 2020, los primeros lugares en rankings internacionales. Según un informe elaborado por la Speedtest Ookla en 2018, la vida digital bajo variables como la calidad en internet aseguraba el puesto 53 a Uruguay y el 70 para Chile; lo mismo ocurría con la velocidad móvil, que los colocaba en los puestos 51 y 70, respectivamente.

Pese a que internacionalmente aún no se ha consensuado una definición global sobre la calidad de la banda ancha, según sostuvo Motta, su investigación se basó en la definición emitida en 2015 por la Federation Communication Commission, organismo internacional que determinó que los servicios de banda ancha serían aquellos con una velocidad de bajada de 25 Mb por segundo.

En Chile la velocidad de bajada en la banda ancha fija alcanza los 162 Mb por segundo, cuyo alcance lo coloca en la posición 17 en el mundo. Uruguay, con 54.59 Mb por segundo, llega al puesto 68. Pese a la aparente ventaja de Chile sobre Uruguay, las cifras cambian cuando se observa la conexión por hogares.

Mientras que la banda ancha fija llega a 89,1% de los hogares uruguayos, las conexiones chilenas sólo alcanzan a 60,4%. Es decir, 10% de los uruguayos no tiene acceso a una conexión de primera, mientras que en Chile casi 40% accede a internet mediante “cableados o telefonía móvil”.

Al analizar las cifras bajo parámetros de desigualdad en el acceso, los números se complejizan. “Hablar de acceso a internet sin analizar las tecnologías desde las que se accede es como tomar el PIB y dividirlo por la cantidad de habitantes”, ilustró Motta en el documento.

“Existe una diferencia sustantiva entre conectarse con la banda ancha fija y hacerlo con la banda ancha móvil, es decir, la banda ancha fija, y más aquella que es por fibra óptica, es considerada de primera clase; la de los móviles es de segunda”, explicó a la diaria Motta.

En este sentido, el autor pudo encontrar un argumento para estudiar los modelos telecomunicacionales con su propio indicador: la brecha de banda ancha. “La idea es poder señalar que al haber una calidad de primera y una de segunda, también podría argumentarse que hay una banda ancha para clases altas y otra para clases bajas”, definió Motta.

Pese a ofrecer internet de velocidades de bajada que llegan a los 500 Mb por segundo, al dividir el acceso chileno a la banda ancha fija por quintiles, la conclusión es que, si bien Chile es uno de los países con más velocidad de bajada, al menos hasta 2020, “las clases altas y los sectores más altos son quienes tienen acceso a internet de banda ancha fija de buena calidad y precio relativamente bajo, la otra mitad de Chile se conecta por banda ancha móvil”.

“La velocidad es buena porque se toman promedios, pero cuando uno desagrega qué tipo de conexión en términos de banda ancha móvil, según los datos de la Subtel, es que recién hacia 2020 se llega a 60% de la población con acceso a banda ancha fija”, remarcó Motta. Estas cifras desagregadas son las que colocan a Chile como “uno de los peores países del mundo en cuanto a banda ancha móvil”.