Apuntes sobre el inicio del final de la primera campaña electoral de 2024

Una semana intensa nos espera. En los primeros días, la atomización de mensajes electorales que recibiremos, inevitablemente, en la calle, en la radio, en la televisión, en las conversaciones casuales, o hasta en las redes sociales al momento de querer distendernos, seguida por el silencio mediático de la veda. En todo este ruido electoral (entre el encanto, el disfrute, la saturación y el agotamiento que a cada uno le puede producir), quisiera remarcar algunas características propias (y no tan propias) de esta campaña electoral interna que está iniciando su cierre.

La Fiscalía en la disputa electoral

Es preocupante que un ámbito del sistema de justicia haya tomado tanta centralidad en una campaña electoral. A lo largo del recorrido de esta campaña electoral fuimos testigos de fuertes cuestionamientos hacia el sistema de justicia. En la campaña electoral de estas internas, la Fiscalía General de la Nación ha sido uno de los ejes centrales de la discusión pública, y se ha llevado al plano político todas las acciones y decisiones tomadas. Ciertamente, la institución se encuentra en una delicada situación ante los cuestionamientos hacia la jerarquía máxima en ejercicio, que no cuenta con el respaldo de un Parlamento que no ha renovado una gestión finalizada; ante las intenciones de sectores del oficialismo por modificar su estructura y el control de su gestión¹; y ante la absoluta escasez de recursos con los que trabaja para dar respuesta en tiempo y forma a las denuncias recibidas. A esto se suma el tránsito hacia una impronta mediática en la que dirigentes políticos y parlamentarios comentan y critican abiertamente las decisiones tomadas por las y los fiscales, cuestionando el trabajo que realizan en los procesos de investigación que llevan adelante, dirigiendo sus críticas tanto hacia su profesionalismo como hacia las personas. En estas discusiones se solapa, además, un debate que permanece en todos los ámbitos vinculados a la justicia, que refiere al posicionamiento político sobre la reforma al Código del Proceso Penal realizada por el gobierno del Frente Amplio en 2017, que dota a la Fiscalía de funciones de investigación.

Estos cuestionamientos a la Fiscalía no son novedosos. En los últimos años, la denuncia e investigación de jerarquías y cargos de confianza de la actual coalición de gobierno ha generado diversas presiones políticas y mediáticas sobre las causas penales abiertas. En este contexto, ha sido preocupante la reacción de legisladores y jerarcas de la coalición de gobierno, al cuestionar la acción fiscal y politizar sus decisiones. En este complejo contexto, no debemos olvidar los ataques hacia medios de prensa o periodistas por investigar y revelar aspectos vinculados a estas investigaciones, algo que forma parte de su tarea fundamental. Estando aún varias de estas causas en investigación, podría esperarse que tuviera injerencia entre los asuntos de campaña, y este aspecto es peligrosamente novedoso.

La situación en la que se encuentra la Fiscalía General de la Nación requiere de responsabilidad política de todo el sistema para robustecerla. Los discursos que apelan a la indignación y desconfianza colectiva sobre instituciones centrales para impartir justicia construyen una peligrosa deslegitimidad hacia actores centrales para nuestra democracia.

El futuro ya llegó: campañas en las redes sociales

La existencia de una ciudadanía cada vez más conectada a los medios digitales ha orientado a los candidatos a repensar sus estrategias de comunicación política hacia estos formatos. Desde la campaña electoral de Obama para llegar a la presidencia en 2008, que utilizó internet y la tecnología móvil para llegar a una ciudadanía joven y alejada de la política, los medios digitales han tomado mayor relevancia dentro de las campañas políticas.

Las múltiples plataformas digitales utilizadas por distintos segmentos de la población complejizan y orientan la campaña política hacia formatos de comunicación dirigidos a distintos segmentos. En Uruguay, las edades más jóvenes acceden en mayor medida a redes como Instagram, Youtube y Tiktok, mientras que en edades mayores a 35 años se usa en mayor medida Instagram y Facebook². En el mismo sentido, la última medición realizada por Nómade Consultora a fines de abril de este año da cuenta de que las redes sociales son el segundo medio más utilizado para informarse sobre estas elecciones (19,7%) por la población uruguaya, y el más utilizado por los jóvenes entre 18 y 34 años de edad (25,3%)³.

En esta campaña se pudo observar a candidatos intentando insertarse en la virtualidad, por medio de videos elaborados especialmente para redes como Instagram o Tiktok, con mensajes cortos y directos.

Estas diferencias quedan claramente marcadas en las estrategias de comunicación de algunas precandidaturas, orientadas a públicos diferentes según el formato y el medio utilizados. Se destaca, por ejemplo, el precandidato Andrés Ojeda, quien ha manifestado abiertamente su intención de llegar a distintos públicos de todo el país a través de los medios digitales, mientras que otras candidaturas promovieron campañas más orientadas al recorrido territorial por zonas urbanas y rurales de los departamentos, como ha sido la campaña de Andrés Lima en el norte del país. Todas las precandidaturas, sin embargo, tienen, utilizan y se mantienen activas en las redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook.

Preocupa la falta de control sobre acciones cada vez más sofisticadas en el mercado digital para el desarrollo de campañas dirigidas hacia segmentos de población específicos en función de sus intereses personales, mediante la compra y utilización de datos personales.

En este contexto, es importante señalar que las modificaciones realizadas recientemente a la ley de financiamiento de partidos queda, en este sentido, desactualizada, al no reglamentar estas vías de propaganda electoral, de cada vez mayor uso e influencia sobre la ciudadanía. Además de las desigualdades que genera la ausencia de veda electoral en medios digitales, en donde la propaganda puede acompañarte hasta el momento mismo de ejercer el voto.

La estrategia de la mentira y la necesidad de un compromiso político de todo el sistema

La circulación de noticias falsas ha sido una estrategia histórica en la vida política, así como en otros ámbitos de la vida humana. En este campo, las redes sociales se han constituido como espacios de gran potencial para la difusión y amplificación de campañas de desinformación o fake news. Estas campañas han sido centrales en la definición de elecciones de países como Brasil (para el triunfo de Bolsonaro), Estados Unidos (con la campaña de Trump en 2018) y Gran Bretaña (a instancias del Brexit), de incidencia sustancial en los resultados.

Esta campaña electoral interna transitó por una situación única en la historia electoral de nuestro país. La denuncia realizada en marzo por la integrante de una lista departamental del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso, hacia el precandidato por el Frente Amplio Yamandú Orsi, sobre una supuesta agresión a una mujer trans, ocupó las primeras planas de todos los medios de comunicación, pero sobre todo de las tendencias en Twitter, donde la noticia alcanzó altos niveles de difusión. La denuncia fue presentada por la supuesta víctima, y luego de un mes y medio de formar parte de la campaña electoral, las acusaciones cruzadas de las mujeres implicadas derivaron en la formalización de ambas por calumnia y simulación de delito. El precandidato, en tanto, presentó una denuncia por simulación de delito y difamación, en el entendido de que la campaña de desinformación tenía fines políticos. Desde su comando se denunció la existencia de cuentas falsas provenientes de México y Hong Kong⁴.

Este caso de fake news ocurrido en nuestro país sintetiza algunos de los aspectos mencionados: una falsedad difundida masivamente en medios digitales, donde el trabajo de Fiscalía tomó una relevancia central para la revelación sobre la veracidad o no de la denuncia, quedando su trabajo profesional embretado en intereses electorales.

Es fundamental que el sistema político sea responsable en tiempos electorales, donde parece simple y rentable criticar funcionarios públicos, realizar falsas acusaciones e instalar oscuras suspicacias sobre las decisiones judiciales. Es necesario fortalecer la ética de la comunicación política entre los distintos actores que trabajan en las campañas políticas, pero, principalmente, entre los partidos políticos, para no debilitar la calidad democrática.

Es destacable, en este sentido, el Pacto Ético del Sistema Político Uruguayo Contra la Desinformación, promovido desde la Asociación de Prensa del Uruguay (APU), un compromiso firmado por todos los partidos con representación política para no difundir noticias falsas, promover una campaña de buenas prácticas de convivencia y evitar agresiones⁵. Pero, sobre todo, construir marcos regulatorios que controlen y transparenten las campañas políticas en las redes sociales, donde la población uruguaya valida lo que allí se publica.

Las novedades mencionadas se entrelazan con acciones que erosionan la calidad democrática de nuestro país. La campaña electoral que se abre luego del 30 de junio hacia las nacionales de octubre puede ser un ámbito ideal para profundizar estos discursos, rentables pero extremadamente peligrosos.