¿Elecciones reñidas? Reflexiones sobre la teoría del voto económico y el resultado final de la elección presidencial

En los debates sobre la elección presidencial uruguaya surge con frecuencia un argumento centrado en el voto económico y su impacto sobre el resultado final. Quienes ofrecen este razonamiento destacan que la carrera por la presidencia está tensionada por dos fenómenos. Por un lado, el Frente Amplio presenta una intención de voto superior al 40%; por otro, el gobierno cuenta con fortalezas que favorecen un buen desempeño electoral de los partidos que lo integran. Estas dos fuerzas contrapuestas determinan una conclusión muy clara: la elección será muy competitiva entre los dos bloques y habrá incertidumbre sobre su resolución. El texto que sigue fundamenta que los supuestos de este razonamiento son débiles y que tal vez la elección presidencial no sea tan competitiva como algunos esperan.

La teoría del voto económico parte del supuesto de que el votante toma en cuenta la información disponible y decide racionalmente si castiga o no al gobierno. Si la situación económica les resulta favorable, las personas votarán por el partido en el gobierno, pero si la evaluación es desfavorable optarán por el partido de oposición. En cierto modo, esta teoría, inspirada en el modelo de Anthony Downs,¹ percibe cada elección como un plebiscito ciudadano sobre la política económica del gobierno.

Los detractores de este enfoque sostienen que en la sociedad existen fuertes asimetrías de información que con frecuencia impiden a los ciudadanos evaluar correctamente los resultados del gobierno. Cifras complejas, indicadores y conceptos macroeconómicos diversos pueden ser parte de un lenguaje incomprensible para buena parte de la población. También se afirma que los individuos que adoptan una determinada ideología procesan la información disponible basándose en sus valores y expectativas, lo que conduciría a una evaluación sesgada sobre los resultados económicos reales del gobierno.

Aun así, los defensores de la teoría del voto económico creen que la medida de satisfacción sobre la economía se expresa en resultados normalmente asequibles para el ciudadano común. El desempleo y la inflación serían dos indicadores básicos que permiten comprender en forma sencilla si las políticas del gobierno funcionan o no. Visto de este modo, un gobierno que recupera el nivel de empleo y que detiene el aumento de precios debería tener buenas expectativas de conseguir un triunfo en las siguientes elecciones, y en Uruguay sucede precisamente eso. Obsérvese que luego de la crítica situación económica impuesta por la pandemia, el país recuperó los niveles de empleo y consiguió un drástico descenso de la inflación. A mediados de 2020, la tasa de desempleo se ubicaba en 10,4% y en la actualidad se encuentra en 8%.² La inflación pasó de 11,05% en mayo de 2020 a 4,96% en junio de 2024.³ A esto se agrega el hecho de que la economía se ha recuperado moderadamente y que el salario real volvió a los niveles anteriores a la pandemia.

Por otra parte, algunos estudios han demostrado que la aprobación presidencial responde a variables similares a las del voto económico. Por ejemplo, mi colega Lucía Selios mostró que en Uruguay la evolución de la inflación ha sido un factor relevante –junto a otros de carácter institucional– para explicar el nivel de aprobación de los presidentes.⁴ La alta aprobación que hoy consigue el presidente Lacalle Pou puede ser explicada por ese factor, pero también por otros más específicos, como su capacidad de comunicación, liderazgo o atributos personales especiales.

Siguiendo la teoría del voto económico, podría pensarse que hay algunas buenas razones para que los partidarios del gobierno alienten expectativas de triunfo en las elecciones de este año. Si sumamos a este razonamiento la favorable aprobación del presidente Lacalle Pou, habría que conceder la razón al pronóstico de la elección competitiva y la incertidumbre.

Sin embargo, existen factores no considerados que atentan contra ese pronóstico. En primer lugar, los ciudadanos uruguayos no parecen percibir las mejoras económicas con mucha nitidez. Una encuesta publicada por la empresa Equipos Consultores a comienzos de agosto muestra que sólo el 29% considera el estado de la economía como buena o muy buena, en tanto 28% la percibe como mala o muy mala. El resto de los encuestados entiende que la situación económica no es ni buena ni mala, lo que confirma que la interpretación de los resultados de política económica resulta compleja para las personas comunes.⁵

En segundo lugar, la aprobación del presidente está descalzada de la evaluación que los ciudadanos hacen de otras políticas relevantes. Mientras que la opinión sobre el presidente se mantiene en alto, una encuesta realizada por la empresa Cifra en mayo de este año mostraba que la desaprobación de las políticas de educación y seguridad había aumentado, ubicándose en 49% y 47%, respectivamente.⁶ O sea, para muchos ciudadanos Lacalle Pou es una figura apreciable pero su gobierno parece no ser tan bueno como él. A esto se agrega que el presidente no será candidato y muchos de los gestores de las políticas públicas sí (Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Robert Silva, Pablo Mieres, etcétera).

En tercer lugar, durante el gobierno de Lacalle Pou ocurrieron varios escándalos de corrupción que evidentemente impactarán sobre los resultados finales. Los casos son varios: el exjefe de seguridad Alejandro Astesiano y sus ramificaciones en pedido de coimas, pasaportes rusos, espionaje a senadores, etcétera; el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y sus derivaciones relativas al ocultamiento y destrucción de información; el procesamiento del senador Gustavo Penadés por pedofilia y el uso de recursos públicos para fraguar la causa; el clientelismo de la ministra Irene Moreira dirigido a militantes de Cabildo Abierto; el patronazgo de Carlos Albisu en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dirigido a ediles blancos y colorados de Salto y Paysandú; el desfalco por horas extras en la Intendencia de Artigas por más de ocho millones de dólares; etcétera. Todos esos episodios dominaron la agenda pública luego del referéndum contra la ley de urgente consideración realizado en abril de 2022 y afectaron indudablemente la forma en que los ciudadanos perciben los resultados del gobierno. Varios estudios señalan que la corrupción suele ser un elemento movilizador en virtud de que los ciudadanos prefieren un gobierno limpio y responsable. Sin embargo, muchas veces sucede que los ciudadanos con una identificación partidaria sólida prefieren pasar por alto los casos de corrupción y mantener sus convicciones al precio de la ignorancia. Algunos estudios empíricos muestran que las pérdidas electorales de candidatos vinculados a escándalos de corrupción suelen oscilar entre 3% y 7%, dependiendo del grado de exposición pública de los casos.⁷ En resumen, la corrupción es un factor importante aunque no decisivo. Aun así, debe ser tomado en cuenta.

Por lo tanto, parece claro que la teoría del voto económico difícilmente pueda explicar por sí sola el resultado de la próxima elección presidencial de Uruguay. La descripción de la tensión entre un partido de oposición con una intención de voto muy alta y un gobierno con resultados económicos favorables está mal construida porque pasa por alto factores relevantes. El pronóstico de la elección reñida y la incertidumbre puede ser interesante para concitar la atención del público, pero parece alejarse de lo que realmente está sucediendo. Tal vez finalmente no sea tan reñida ni haya tanta incertidumbre como se predice.

Daniel Chasquetti es politólogo.