A dos meses de las elecciones, uno de los principales temas de discusión en la campaña electoral es la inseguridad. Cabildo Abierto (CA) pidió esta semana que se declare la emergencia en seguridad pública por el riesgo de que “hasta el 1º de marzo haya 200 uruguayos más asesinados”. La advertencia pegó fuerte dentro y fuera de la coalición y activó en su máxima expresión una polémica que lleva años sin encontrar una salida.

Las acusaciones van y vienen de un lado a otro. “En la coalición tienen un lío bárbaro, porque, por un lado, hay un enfoque dual del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y, por el otro lado, están Gustavo Zubía y Guido Manini [Ríos], subidos al carro del punitivismo”, dijo a la diaria el exfiscal de Corte Jorge Díaz, marcando las divergencias en el seno del oficialismo.

El actual asesor del candidato frenteamplista Yamandú Orsi acusó a los blancos de “jugar para la tribuna” después del “fracaso de la ley de urgente consideración [LUC]” con propuestas “de fetichismo normativo que sólo llenan las cárceles de presos, pero no solucionan nada”.

Desde el Partido Nacional (PN), en cambio, culpan a los frenteamplistas de ser los causantes del problema por tener una mirada “antropológica” de la delincuencia. Luis Calabria, principal asesor en el tema de Álvaro Delgado, aseguró, entrevistado por Búsqueda, que el Frente Amplio (FA) ya demostró en sus gobiernos que siente “culpa de ejercer la autoridad”, lo que representa una debilidad cuando las circunstancias exigen “actuar con puño de hierro contra los grupos narco”.

“Los blancos dijeron que con la LUC se iban a resolver todos los problemas de seguridad. ¿Se resolvieron?”, preguntó Díaz, y agregó: “Yo escuché desde la década del 90 que con una ley de seguridad ciudadana se iban a resolver todos los problemas. Y este verso lo he escuchado a mis 57 años demasiadas veces. Entonces, el fetichismo normativo es creer que con la aprobación de una norma se resuelve un problema. Y ese es el gran error”, agregó.

la diaria intentó conocer la opinión sobre estos temas de Luis Calabria (PN), Diego Sanjurjo y Matías Bordaberry (Partido Colorado, PC), pero declinaron las entrevistas argumentando cuestiones de agenda y que aún no estaban definidas las propuestas de sus respectivos programas de gobierno.

¿Se acabó el recreo?

CA, por su parte, asume que la frase que hizo famosa Manini Ríos advirtiendo a los delincuentes que “se acabó el recreo” no llegó a cumplirse totalmente durante el gobierno de la coalición.

“No se acabó el recreo del todo porque en todas las áreas de actividad del Estado, y fundamentalmente en seguridad, no se cumplió en su totalidad lo planificado en el programa de gobierno del PN contemplado en el ‘Compromiso por el país’”, dijo a la diaria Jorge Gómez, asesor en materia de seguridad de CA, tomando distancia de la gestión del gobierno en esta área.

“Si bien los guarismos de muchos tipos de delitos que ocurren en el país han mejorado en la gestión del Ministerio del Interior, no fue tanto por la estrategia desarrollada, sino más bien por la gestión de la Policía. Pero desde el punto de vista de los homicidios no se ha dado en el clavo, ni tampoco con otros delitos contra las personas, que no han logrado controlarse y han aumentado en este último tiempo, como ocurre con la gente herida por arma de fuego, con puñaladas, mutilaciones, que según informaciones de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] han aumentado en algunas policlínicas de la periferia de Montevideo. Entonces, lo que nosotros decimos es que llegó el momento de pararse en el carro y desembarcar con medidas operativas mucho más intensivas y perdurables en el tiempo”, señaló Gómez, quien es comisario mayor retirado y licenciado en Seguridad Pública.

Desde CA consideran que la Policía en general “no está desbordada”, pero estiman que algunas zonas del país necesitan una intervención. Gómez puso el ejemplo de Villa Española y Cerro Norte, zonas que precisan una “sustentabilidad operativa y proactiva” en el territorio.

“De esa forma se pueden utilizar todas las fases de actuación de la Policía, es decir, la prevención, la disuasión, la persuasión para que no ocurran delitos, la represión al tiempo inmediato de ocurrir este evento”, agregó.

Con una mirada semejante, el exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía dijo, en una entrevista con la diaria tiempo atrás, que en materia de las políticas de seguridad el gobierno no dio cumplimiento a los programa establecidos en el “Compromiso por el país”, como el que citaba que las cárceles serían reguladas por un sistema de servicio descentralizado, “lo que nunca se llegó a aplicar, y así como ese, otros temas más”.

“Está faltando un Estado que tome medidas más de fondo, de tipo represivas”, recalcó el legislador, hoy referente de seguridad del PC, para quien la gestión del gobierno tuvo dos etapas bien diferenciadas, ya que “durante la administración de [Jorge] Larrañaga hubo una mejora sustantiva en el descenso de delitos”, mientras “con la administración [Luis Alberto] Heber nuevamente se elevaron”.

“Populismo punitivo”

Desde el FA critican las propuestas en materia de seguridad de la coalición por su “falta de coherencia” y señalan que, aunque hay un discurso que pretende ser integral, en la práctica las medidas se centran casi exclusivamente en el despliegue policial y el endurecimiento de penas. Así lo afirmaron, en diálogo con la diaria, tanto Jorge Díaz como el coordinador de la Unidad Temática de Convivencia y Seguridad de la comisión de programa del FA, Diego Olivera.

Ambos entrevistados criticaron el enfoque de la coalición centrado en la creación de nuevas leyes como solución mágica para los problemas de seguridad, argumentando que se necesita un análisis global y una planificación a largo plazo en lugar de medidas improvisadas.

Olivera señaló que desde lo “discursivo” los partidos de la coalición tienen una respuesta integral, pero “a la hora de bajar a tierra, a medidas concretas, se centran casi exclusivamente en el despliegue policial y en la aplicación de penas endurecidas, el despliegue policial es casi la totalidad de la política de seguridad”, por lo que “existe cierto populismo punitivo”.

“De hecho, la LUC, que es el producto concreto más reciente de política criminal de la coalición multicolor, justamente está regida por esa demagogia punitiva, y a la vista está que no ha funcionado. Obviamente, la coalición no es monolítica. Uno podría identificar en Gustavo Zubía y en Diego Sanjurjo dos visiones bien distintas. Sin embargo, todo indica que lo que está predominando es la visión punitivista clásica, que es básicamente la que se ha venido implementando y que no ha tenido mayores resultados”, aclaró.

Consideró que los partidos oficialistas buscan dar mensajes que sean “bien recibidos por un electorado que está muy angustiado con los problemas de seguridad, pero no plantean soluciones integrales”.

Represión y penas más duras

Desde la vereda de enfrente, el exdirector general de la Secretaría del Interior Luis Calabria responsabilizó a los gobiernos frenteamplistas por el “deterioro” de la autoridad que, a su criterio, sufrió la sociedad en los últimos años. “Yo sé que a algunos les cuesta hablar de represión y hablan del ejercicio de la autoridad desde la cúpula. La ciudadanía le dio las herramientas al Estado para que aplique la ley. El FA claudicó muchas veces en ese sentido. Y eso fue parte de un deterioro cultural y un caldo de cultivo para que en algunos lugares haya una violencia y una falta de valores que hay que revertir”, afirmó a Búsqueda el asesor del candidato presidencial blanco.

Calabria indicó que reprimir es “castigar el delito” y consideró que lo que necesita el país es eso. Acusó a los dirigentes del FA de tener “culpa de ejercer la autoridad”. “Hay algunos que les queremos dar con todo el peso de la ley, con todo el peso del Estado a los delincuentes. Y otros que no. Tendrán que explicar ellos por qué no”, sentenció.

El PN propone un “shock represivo” contra los narcos y la “batalla cultural” al “relato” del FA y remarca que la principal diferencia que tiene su partido con la izquierda “es la orientación frente al delito y la delincuencia; para nosotros no se pueden usar las causas sociales como excusa para no reprimir”. “La represión es perseguir el delito, que no quede impune, y a veces la izquierda tiene una visión naíf que la vemos en el programa de gobierno del Frente y en las declaraciones de los propios candidatos”, declaró Calabria a El Observador.

Incluso mencionó que “hay que analizar el Código del Proceso Penal adecuando algunas penas no necesariamente a la baja, ya que quizás algunas tienen que seguir aumentando”.

Seguridad y justicia

Con una mirada diferente, Díaz afirmó que para Orsi el primer objetivo es desarrollar una “auténtica” política pública de seguridad y justicia. “Seguridad y justicia van de la mano; generalmente nuestros dirigentes políticos tienen una visión muy centrada en la Policía, que no tengo duda de que es importante, pero no es el único factor”, agregó.

Propuso cuatro acciones “básicas fundamentales”; la primera de ellas, la prevención del delito. “Entendiendo por ‘prevención’ no solamente el patrullero en la esquina, sino las medidas estructurales y sociales de seguridad”, indicó.

Díaz aseguró que esta propuesta incluye la seguridad informática, el combate a la pobreza infantil y la reducción de armas en la sociedad. Además, dijo que la prevención también debería centrarse en crear oportunidades para jóvenes en riesgo de modo de evitar que recurran a actividades delictivas.

“Hay todo un trabajo para hacer, que es de largo plazo, pero que hay que empezar ahora. Cuando hablo de políticas de prevención, también me refiero a sacar armas de la sociedad. Uruguay es un país súper armado, y esto lo transforma en uno de los más violentos de la región. Los conflictos se terminan dirimiendo con armas de fuego y muertes”, agregó.

En la misma línea, Olivera enfatizó la necesidad de un plan nacional de prevención del delito, con programas basados en evidencia que involucren a la comunidad, fomenten la educación y el deporte y devuelvan la presencia del Estado en áreas con alta concentración de violencia.

“Hasta ahora el enorme porcentaje de los esfuerzos en materia de seguridad pública se ha volcado hacia la represión del delito, hacia la persecución del delito. Nosotros entendemos que, sin dejar de hacer ese énfasis, hay otros dos componentes que deben estar a la misma altura en términos de prioridad. Uno de ellos es la prevención social del delito”, explicó.

La segunda acción es la represión y aplicación de la ley, indicó Díaz, para quien es necesario abordar la represión de manera gradual y conforme a las normas internacionales y locales. Se debe asegurar que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos, reconociendo que la represión es un componente esencial en el control del crimen.

“No hay que tener miedo a la palabra, pero debe ser de forma gradual. No hay que tener miedo, no hay que vacilar a la hora de reprimir”, agregó.

La tercera medida es la investigación criminal, que debe ser coordinada entre diversos organismos de seguridad, incluyendo la Policía, la Prefectura, la Aduana, entre otros organismos. Se debe mejorar la inteligencia y la coordinación entre estas instituciones para una persecución criminal más efectiva, dijo Díaz.

“Hoy hay una descoordinación absoluta, y además está faltando inteligencia. Es necesario montar sistemas de inteligencia artificial sobre el SIPPAU [Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay] y el sistema de gestión de seguridad pública para vincular casos, para poder combatir el crimen en su contexto, y no en forma aislada”, añadió.

Cárceles y Código Penal

Desde el FA indicaron que las cárceles en Uruguay enfrentan problemas serios, como la sobrepoblación y la falta de rehabilitación efectiva, por lo que sugieren no sólo mejorar las condiciones carcelarias, sino también considerar medidas alternativas a la prisión y reformar el Código Penal para abordar estos problemas de manera integral.

Olivera hizo hincapié en que “las cárceles son escuelas de delito, no rehabilitan, por eso es necesario tener una política penitenciaria que no tenga al encierro como prácticamente la única o principal opción”.

“En particular, en las leyes penales sobre drogas hay mucho para revisar, porque por situaciones de microtráfico se están enviando a las cárceles con penas incluso superiores a los dos años, sin posibilidad ninguna de redención ni acortamiento, a personas que vendieron unos pocos gramos de alguna droga, que no atentaron contra la vida de nadie, que no han tenido armamento, que en una enorme mayoría de los casos son mujeres jefas de familia, muchas de ellas coaccionadas por los grupos que están en el territorio para vender u ocultar drogas o ingresarlas a las cárceles. Y al ser encarceladas, se genera un drama familiar que también está repercutiendo en una saturación del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], que recibe a niños y adolescentes cuyas madres están privadas de libertad”, expresó.

A propósito, Olivera opinó que se debe revisar el derecho penal para permitir penas alternativas y reducir el hacinamiento carcelario.

“El Instituto Nacional de Rehabilitación debería trasladarse al Ministerio de Justicia, con mayor autonomía y foco en la rehabilitación y reintegración social. Debe ser un servicio descentralizado para tener una gestión más autónoma y más profesional. El componente civil de la administración penitenciaria tiene que ser mucho más importante. Es decir, necesitamos a muchos más maestros, profesores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores en el sistema penitenciario implementando programas de tratamiento, y no cárceles que sean en un altísimo porcentaje administración del encierro y el ocio. Necesitamos mucha más educación y trabajo en las cárceles”, enfatizó.

Desde la visión de Zubía, el control del “Estado sobre la realidad carcelaria hace décadas que no existe”. “El sistema carcelario en Uruguay está funcionando horrible desde hace varias décadas; durante los gobiernos del FA yo fui altamente crítico del manejo carcelario, la coalición hizo cuestión del tema en el ‘Compromiso por el país’ y se acordó transformarlas en un servicio descentralizado del Ministerio del Interior, pero, lamentablemente, no se ha hecho. Hay que reformar las cárceles uruguayas volviendo al concepto de ‘orden y mando’, dos principios que suenan autoritarios y no es así. Esto es imprescindible para poder hacer funcionar las cárceles, porque hoy las dominan los grupos operativos delincuenciales de más poder”, explicó.

Reforma del Código Penal

Por su parte, Díaz indicó que el sistema de persecución está “absolutamente descoordinado” debido a que hace tres años que “no se sabe cuál es la política criminal que tienen que llevar adelante los fiscales”. “¿Vamos a seguir con el Código [Penal] de 1934, castigando conductas gravísimas con penas ridículas y conductas que no son tan graves con penas draconianas? ¿Vamos a animarnos de una vez por todas a reformar y hacer un Código Penal nuevo, moderno? ¿Vamos a seguir emparchando leyes al ritmo del grito de la comunidad?”, interrogó.

Remarcó que el país lleva años de políticas que crean delitos y aumentan las penas. “¿Cuántos privados de libertad había en 1999 en el país, cuando el doctor [Julio María] Sanguinetti le entregó el gobierno a [Jorge] Batlle? No llegaban a 5.000. Hoy tenemos 15.000 con la misma cantidad de habitantes. Y la pregunta que yo hago es: ¿se resolvió con eso la seguridad del país? Claramente, no. Tenemos que tener un poco de humildad al enfrentar el problema, reconocer que es un asunto serio y que hay que tomar medidas, que en lo posible sean políticas de Estado, Yamandú ha hecho énfasis en ello, en buscar ciertos consensos, en buscar una unidad de largo plazo, porque las cosas no se agotan en uno, dos o tres años”, indicó.

“El Código Penal es la definición ideológica de lo que una sociedad entiende que son aquellas conductas graves. Algunos a veces banalizan la discusión a tal punto que dormir en la calle es un delito. Es un disparate. No banalicemos la discusión, partamos desde lo conceptual, porque si no corremos el riesgo de quedarnos en la coma, en el punto, en el chiquitaje. En los parches, en definitiva, en lo que hemos venido haciendo, emparchando, emparchando y emparchando”, concluyó.