Las noticias falsas o campañas de desinformación históricamente han sido parte de las estrategias de las competencias electorales. La revolución en las formas de comunicación experimentada en los últimos años con la llegada de las redes sociales ha amplificado sustancialmente el alcance de estas noticias falsas, acentuando un clima de posverdad. Aun reconociendo la falsedad de algunas de las noticias que se publican o repostean, el efecto inmediato que produce su difusión queda impregnado en gran parte de quienes la conocen y consideran fiable. Una de las figuras políticas que parecen haber entendido mejor estas “reglas de juego” es la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que desde hace años se ha convertido en una gran difusora de noticias falsas o edulcoradas a través de la red social X, y de opiniones agresivas sobre distintos actores a los que considera sus “enemigos políticos”.

En su perfil, la senadora comparte a lo largo del día múltiples y distintas noticias publicadas por instituciones, líderes políticos, así como cuentas o identidades engañosas, y publica comentarios propios en base a información incorrecta o no verificada. Sin embargo, su reciente publicación en X de una falsa portada del diario El País con una afirmación del senador frenteamplista Óscar Andrade que señalaba “Desde el Partido Comunista queremos para Uruguay el modelo de Maduro” tuvo una deriva por demás reveladora. Por un lado, indica directamente en su publicación la posibilidad de que la noticia fuera falsa, al sostener que “estas declaraciones (de ser ciertas) ameritan el más firme rechazo y me genera vergüenza tener que compartir el Senado con Andrade”. Pero sobre todo, por el pedido de disculpas ante el cuestionamiento público sobre la veracidad de la noticia, y la explicación sobre la intencionalidad que tenía al publicar esta desinformación. En un acto de “honestidad brutal” (algo característico de su figura política), Bianchi describe, con exactitud casi de manual y aunque rechaza el término, el objetivo y los efectos buscados de una noticia falsa: la difusión de una información distorsionada o descontextualizada (con apariencia real o posible) para afectar la imagen pública de alguna figura política o de liderazgo. En el video publicado en Youtube por la senadora para explicar lo ocurrido, defiende su accionar manifestando que subió intencionalmente la noticia, sabiendo que no era verdadera, pero considerándola “representativa” del pensamiento y la postura del Partido Comunista sobre el tema. Frente a las críticas, se defiende argumentando que estos señalamientos pretenden censurarla y vulnerar la libertad de expresión.

“La lógica es el efecto”, como bien dice Bianchi. La reacción buscada ante noticias falsas que generalmente son llamativas (cuando no escandalosas), es generar sentimientos inmediatos, irracionales e intensos sobre la “información” publicada (como el enojo, el miedo o la indignación). Ante este dominio emocional, las posteriores aclaraciones o rectificaciones generan menor impacto y son menos difundidas.

Grandes maestros

Como es ya sabido, algunas estrategias en las campañas electorales de los últimos años han estado signadas por la difusión de noticias falsas en distintas redes sociales (Facebook, X, Whatsapp, entre otras). A nivel regional y mundial, esta estrategia electoral ha sido especialmente utilizada y aplicada por las ultraderechas para llegar al gobierno, basando sus campañas en la proliferación de noticias falsas, acusaciones y desinformación.

El ejemplo clave de esta nueva realidad lo constituye la campaña presidencial en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump (actual candidato a presidente) en 2016. La viralización de noticias falsas en contra de la candidata demócrata, difundidas en Facebook y X (con graves afirmaciones, por ejemplo, sobre supuestos involucramientos en redes de trata infantil) por bots y trolls fue de sustancial apoyo para que el líder republicano saliera victorioso. Replicando la estrategia, en nuestra región la derecha brasileña bolsonarista ha sido referencia en la materia, llevando adelante operaciones financiadas para difundir a través de bots (esta vez, principalmente por Whatsapp) acusaciones falsas contra Fernando Haddad, candidato oficialista que en 2018 perdió las elecciones.

Si bien es difícil estimar el impacto real de estas operaciones en las disputas electorales, la difusión y el alcance de dichas acusaciones signaron la campaña y la imagen de las figuras afectadas.

Los coletazos más inquietantes

La campaña uruguaya no parece conocer estrategias de este tipo organizadas y financiadas desde comandos o sectores políticos. En el devenir de esta campaña 2024, podríamos decir que este es el segundo hecho de difusión masiva de noticias falsas en redes sociales, que son amplificadas en otros medios de comunicación, orientadas directamente a desprestigiar figuras públicas. El hecho anterior, de importante afectación en la campaña electoral interna, llegó a una resolución judicial que permitió confirmar fehacientemente la falsedad de la denuncia por lesiones realizada contra el actual candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi.

Hay dos efectos relevantes en relación a estas situaciones. Por un lado, el resultado en el corto plazo buscado: el mencionado efecto inmediato de desprestigiar políticos o figuras importantes de la campaña electoral. La asociación de Andrade (y del Partido Comunista) con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela es parte de las acusaciones cruzadas de campaña entre el oficialismo y la oposición. Por ello, esta noticia impacta directamente en la opinión pública, al tratarse de un tema álgido sobre la realidad regional, trasladado a la realidad política nacional y, en particular ahora, a la disputa electoral.

Sin embargo, más allá de la situación en particular y los posibles afectados, las consecuencias de estas estrategias erosionan la calidad del sistema democrático. La manipulación de la opinión pública para intereses políticos particulares debilita la calidad del debate público, distorsiona la realidad e influye en resultados electorales.

La inacción desde el Partido Nacional constituye una actitud complaciente y riesgosa, pues habilita que situaciones de este tipo puedan volver a generarse, sin repercusiones a nivel orgánico. La apelación a la libertad individual y el derecho a expresarse, justificación esgrimida por los nacionalistas frente a la publicación, es preocupante cuando tomamos en consideración la responsabilidad política, institucional y orgánica que tiene la primera senadora del partido de gobierno frente a la ciudadanía y el sistema democrático. No es menor que una figura central del gobierno (que incluso ha llegado a ser vicepresidenta por el lugar que ocupa en el Senado) manifieste abiertamente su intención de publicar desinformaciones para generar repercusiones en el debate público.

El pedido de disculpas resulta insuficiente, y parcialmente infructuoso, en la medida en que el efecto deseado con la noticia ya está generado, al amplificarse más la publicación inicial que la explicación posterior. Esto lo tiene sabido la senadora, al indicar que “total, no me cuesta nada pedir disculpas”. A este aspecto se suma la definición de la senadora de no borrar las comunicaciones de desinformación que publica, permitiendo su constante difusión, acceso y repetición de la falsedad esgrimida.

La banalización de este tipo de desinformaciones genera riesgos importantes en la calidad del debate democrático, y reproduce una imagen distorsionada de la realidad. Por ello, es importante que el sistema político y la ciudadanía actúen responsablemente frente a este tipo de situaciones, tanto en el rechazo público unánime y activo como en el desarrollo de estrategias de regulación y prevención de este tipo de campañas, además de promover una educación ciudadana que analice y valore los mensajes que transmiten los referentes políticos.

Al inicio de la campaña electoral, la Asociación de la Prensa Uruguaya generó un compromiso entre todos los partidos con representación política. A través de este Pacto Ético del Sistema Político Uruguayo contra la Desinformación, los partidos políticos se comprometían a no difundir noticias falsas. El documento señala, entre otros aspectos, que debe “existir la obligación por parte de los partidos políticos de aclarar públicamente y solicitar las disculpas del caso”. Sería necesario que todos los partidos políticos pudieran cumplir con los acuerdos mínimos para una campaña ética y democrática, como un primer y fundamental compromiso electoral con la ciudadanía.

Tamara Samudio es politóloga.