El exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos frenteamplistas, el economista Martín Vallcorba, dijo en diálogo con la diaria que la propuesta de plebiscito sobre seguridad social, analizada desde una “perspectiva de izquierda”, no soluciona los problemas de los sectores más vulnerables.

¿Cuáles son las principales razones por las que no se debería acompañar el Sí en el plebiscito?

Nuestra visión es crítica tanto con el plebiscito como con la reforma del gobierno. Desde nuestro punto de vista, los efectos que generaría en caso de ser aprobado el plebiscito, van en muchos casos en la dirección contraria a lo que son los objetivos declarados.

Por ejemplo, entendemos que el aumento de la edad que hizo la reforma del gobierno, llevándola a 65 años, es un problema y genera inconvenientes adicionales porque hay muchos trabajadores que no van a poder seguir trabajando debido a que la actividad que desarrollan es muy intensiva físicamente o por la influencia que tiene el cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo. Ahora, así como es malo el aumento de la edad, la rebaja al barrer a los 60 tampoco es la solución.

La mayoría de los trabajadores, aún aprobándose el plebiscito, no va a poder alcanzar una jubilación a los 60 años. Hoy por hoy, la mitad de los trabajadores está en esa situación y no es a causa de la reforma del año pasado del gobierno, sino que ya estaba prevista en el régimen anterior. Entonces, cuando bajamos la edad a los 60 años, no les estamos resolviendo el problema a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres. ¿A quién beneficia el requisito? Esencialmente a los trabajadores de ingresos medios y altos.

Además, el plebiscito genera inequidades al bajar la edad a los 60 años. Por ejemplo, uno de los elementos centrales que se incluyó en la reforma de la caja bancaria y notarial fue el aumento de la edad a los 65 años. Ahora, cuando se incluye en la Constitución que la edad de retiro es a partir de los 60 años, genera que estas cajas, que en promedio pagan jubilaciones más altas a los sectores más privilegiados, tengan un déficit creciente que tendrá que ser financiado por toda la sociedad. Lo mismo podríamos decir de la caja profesional.

¿Qué está en juego en esta consulta popular?

Lo primero son los riesgos que se generan desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, del impacto fiscal que el plebiscito tiene. Pero más allá de eso, genera efectos que son regresivos e injustos. Desde una perspectiva de izquierda, uno entiende que esta no es la solución a los problemas de la sociedad. Cuando se plantea en el texto de la papeleta que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional, no hay ninguna duda de que lo que se está planteando es la equiparación con el salario mínimo nacional de cada una de las prestaciones sin considerar el ingreso global del individuo.

Por ejemplo, yo puedo tener un jubilado de la caja profesional con una prestación de 100.000 pesos, que además de ser un profesional independiente era docente de la Universidad de la República con pocas horas de clase, y que se jubiló con la prestación mínima del BPS [Banco de Previsión Social]. Va a tener una mejora en su jubilación al equiparar esa jubilación al salario mínimo nacional, aun cuando tiene un ingreso de más de 100.000 pesos. Sin embargo, un jubilado que tiene una sola prestación en el BPS de 25.000 pesos no recibe ningún beneficio producto de esta equiparación. Claramente es una situación de gran inequidad e injusticia.

Por otro lado, al utilizar como referencia el salario mínimo nacional, se vuelve a lo que sucedió hasta el año 2004, en el cual varias prestaciones de seguridad social estaban atadas al salario mínimo nacional. Los gobiernos de la época, después de la dictadura, lo que hicieron fue contener el aumento del salario mínimo nacional para frenar el costo en seguridad social. Y de esa forma el salario mínimo nacional cayó entre 1985 y 2004 un 65% en términos reales.

El costo es otro factor que ha sido cuestionado.

Así es. El efecto inmediato que el plebiscito tiene en caso de ser aprobado es del orden de los 1.500 millones de dólares por año, un costo que va a crecer año a año. Y acá hay una diferencia con los números que manejan los promotores del plebiscito, y que se explica esencialmente por la interpretación que se hace del alcance que tiene la equiparación de las pasividades mínimas al salario mínimo nacional. Cuando uno lee la papeleta, es claro, y no hay otra interpretación posible, de que se refiere a cada jubilación y a cada pensión. La interpretación que hacen los promotores del plebiscito es que esa equiparación va a tener en cuenta el ingreso de la persona, y lo que se quiere hacer es asegurar que ningún jubilado ni ningún pensionista tenga ingresos menores a un salario mínimo nacional. Eso podría haber sido lo que se quiso hacer, pero lo que está escrito en la papeleta, claramente, no es eso.

Cuando uno estima el costo inmediato de lo que dice la papeleta, ronda los 1.500 millones. El siguiente costo crece año a año y llega, por ejemplo, dentro de 15 o 20 años a unos 4.000 millones de dólares. Para tener una referencia, esos 4.000 millones de dólares por año equivalen a todo el presupuesto anual que actualmente se destina a la educación pública. Realmente es una cifra que es muy impactante y que el país tendría dificultades importantes para poder financiar.

Otro de los temas que han sido polémicos es la inequidad del sistema y la eliminación de las AFAP. ¿Qué posición tiene al respecto?

En realidad, el plebiscito va mucho más allá de la eliminación de las AFAP. Lo que hace es prohibir el ahorro individual. Esto se contrapone con lo que son las definiciones que el Frente Amplio (FA) ha adoptado en sus bases programáticas. El FA planteó como una de las bases para el diálogo social, al cual se ha comprometido en caso de ganar las elecciones, que el sistema de seguridad social se debe organizar sobre la base de tres pilares. Uno solidario, que establezca un piso básico de protección que asegure que todos los jubilados y pensionistas tengan un ingreso digno con el cual poder vivir. Un segundo pilar de reparto intergeneracional contributivo, que es el que administra el BPS. Y el tercero sería un ahorro no lucrativo. Y por lo tanto, lo que el FA está planteando es que el ahorro tiene que ser un componente del sistema de seguridad social.

Tenemos que diferenciar entonces la discusión de las AFAP, por un lado, y del ahorro individual. El ahorro individual es un componente fundamental para la estabilidad, la sostenibilidad y la equidad del sistema previsional.

El sistema actual, tal y como funciona con las AFAP, requiere de cambios, sin ninguna duda. Lo que yo no comparto es que se elimine el ahorro individual, porque en definitiva genera, dadas las tendencias demográficas que tiene nuestro país, problemas en materia de sostenibilidad a futuro.

En caso de que el plebiscito no prospere, ¿qué alternativas se analizarán?

Estamos convencidos que la propuesta de diálogo social definida por el FA es el camino. Es necesario aprobar una nueva ley que modifique la reforma que implementó el gobierno y que dé solución al conjunto de problemas que tiene el sistema de seguridad social.

La idea es generar condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años, habilitando, por ejemplo, una causal anticipada a edades inferiores a los 65 años. La segunda tiene que ver con garantizar un piso de protección social básica a la vejez. Y para esto el país va a tener que invertir y gastar recursos importantes para atender a los sectores vulnerables.

El tercer bloque es la mejora de los derechos, también con los esquemas de aportación de los trabajadores independientes y personales, que representan las nuevas formas de relaciones laborales que están creciendo. La idea es equiparar los derechos que estos trabajadores tienen con quienes trabajan en forma dependiente.

El cuarto punto implica transformar el funcionamiento del sistema, en particular las AFAP, asignando un rol central al Estado. No tiene sentido que las AFAP gasten dinero, en última instancia el de los trabajadores, en campañas publicitarias para captar nuevos afiliados.

Y por último, es necesaria una revisión integral del sistema de financiación de la sociedad para corregir las inequidades y modernizar la forma de aportación. Por ejemplo, los aportes patronales que realiza el sector agropecuario son menos de la tercera parte de los que hacen el resto de las actividades económicas.