La izquierda debe tener una “mirada utópica” sobre el futuro que pueda disputarles a las grandes tecnológicas, asegura experto

La izquierda latinoamericana enfrenta una paradoja: algunos de sus gobiernos consiguieron mejorar los indicadores económicos y sociales, reducir la pobreza y la desigualdad y aumentar el empleo, pero esos resultados no necesariamente se tradujeron en un respaldo electoral sostenido. Mientras tanto, la ultraderecha avanza y las grandes empresas tecnológicas concentran cada vez más poder económico, financiero y político.

Ese es el diagnóstico de Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento de izquierda chileno. A su juicio, uno de los principales desafíos del progresismo es recuperar su capacidad de imaginar el futuro y construir alternativas propias frente al poder de Silicon Valley.

“La izquierda, más que tener una mirada catastrofista u optimista, debe retomar una mirada utópica, en el mismo sentido que la tuvieron los proyectos socialistas de América Latina en el pasado”, sostuvo en diálogo con la diaria. Para el sociólogo, esa mirada debe traducirse en propuestas “concretas y viables” que permitan disputar el modelo tecnológico y económico que hoy impulsan las principales corporaciones.

Al mismo tiempo, señaló que desde la izquierda se observa con preocupación el poder de figuras como Elon Musk y Sam Altman, así como los encuentros que mantuvieron el presidente chileno, José Antonio Kast, y el mandatario argentino, Javier Milei, con el empresario tecnológico Peter Thiel. Según Leighton, estas discusiones están atravesadas por sentimientos de “saturación” y “angustia” que terminan “cooptando la mirada del futuro”.

“Debemos demostrar que es posible tener un desarrollo alternativo tecnológico y que hay otro camino frente a la angustia que nos proponen los diálogos que son ensayados entre las corporaciones principales de Estados Unidos, que han difundido la versión de que ellos nos podrían salvar de una inteligencia artificial (IA) que se habría desbocado”, afirmó el licenciado en Sociología de la Universidad de Chile y magíster en Global Communication, Politics and Society de la Universidad de Erfurt (Alemania).

La discusión, según Leighton, no se limita a la IA o las redes sociales. La tecnología se convirtió en un componente central del funcionamiento de la economía mundial, de la distribución de la riqueza y de la asignación de recursos. Las grandes empresas controlan los datos, la capacidad de procesamiento y buena parte de la infraestructura necesaria para sostener la transformación digital, mientras que los países de América Latina dependen de esos servicios y tienen escasas posibilidades de desarrollar alternativas.

Frente a ese escenario, planteó que los gobiernos de la región deben recuperar las experiencias históricas de desarrollo tecnológico, fortalecer sus capacidades públicas, proteger los datos de sus ciudadanos y avanzar en proyectos de integración productiva. La experiencia del sistema de pagos Pix en Brasil, la supercomputadora que impulsa México y el proyecto Cybersyn del gobierno de Salvador Allende en Chile son algunas de las referencias que mencionó para pensar una agenda tecnológica propia.

La tecnología se convirtió en el centro de la economía

Para Leighton, la transformación tecnológica debe ocupar un lugar central en la discusión económica y política de la izquierda. Su argumento es que el sistema financiero global depende cada vez más de un grupo reducido de empresas tecnológicas, cuyo principal activo son los datos y la capacidad de procesarlos.

“Nunca antes el sistema financiero global había estado tan vinculado a tan pocas empresas y de un mismo rubro, en este caso las empresas tecnológicas. Empresas cuyo principal commodity (materia prima) son los datos y la capacidad de computarlos”, sostuvo. Frente a esta situación, dijo que la tecnología es el “tema central de la economía”. “La tecnología es un espacio donde no solamente se manifiestan desigualdades, sino que es el lugar principal donde se articulan todos los modos de distribución de la riqueza, de asignación de recursos, porque está totalmente vinculada a la manera en que el mercado hoy día funciona a nivel global”.

Desde esa perspectiva, el progresismo de América Latina “necesita encontrar una vía de adaptación al cambio tecnológico”. “La pregunta acá es cómo adaptarse al cambio, al futuro tecnológico. ¿Cómo navegar las dinámicas del imperialismo actualmente con soberanía digital, con creación de capacidades y, por supuesto, con resguardo de nuestros datos?”, se preguntó.

La necesidad de recuperar una mirada utópica

El experto indicó que uno de los principales desafíos del progresismo es sobreponerse al contexto y actualizarse frente al nuevo orden tecnológico. Asimismo, señaló que la humanidad ha vivido muchas veces cambios y que América Latina ha tenido que enfrentar en distintos momentos el “saqueo” de sus territorios, frente a lo cual el “socialismo ha sido una vía de adaptación”.

Frente al avance de las grandes corporaciones, Leighton consideró que la izquierda no debería limitarse a reaccionar ante las transformaciones tecnológicas ni adoptar una posición exclusivamente defensiva. “Confío menos en las ocurrencias que vengan de la nada y creo mucho más en la historia que hemos recorrido para adaptarnos a esos cambios”, afirmó. En ese sentido, recordó que los proyectos de izquierda latinoamericanos tuvieron históricamente un papel en las “innovaciones” y demuestran que no siempre el progresismo estuvo a la defensiva frente a los cambios tecnológicos.

En Chile mencionó la creación de corporaciones de fomento industrial, escuelas de artes y oficios y universidades como instrumentos para responder a los cambios económicos y tecnológicos. También recordó la experiencia de Cybersyn, el proyecto de cibernética impulsado durante el gobierno de Salvador Allende en la década de 1970, que buscaba utilizar herramientas informáticas y sistemas de comunicación para mejorar la coordinación de la economía.

Los estados frente a las grandes plataformas

Uno de los problemas que identificó Leighton es la falta de capacidades tecnológicas de los estados latinoamericanos para ofrecer alternativas a los servicios que hoy controlan las grandes plataformas.

El problema se vuelve especialmente visible en el funcionamiento de las redes sociales y en los efectos que sus algoritmos pueden tener sobre la vida cotidiana.

“Estamos hablando de que todos los estados son conscientes de que, por ejemplo, las redes hoy día presentan riesgos gravísimos para las infancias, que afectan la reproducción social, que disminuyen el tiempo de atención, que interfieren en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes”, señaló.

A su entender, las plataformas funcionan como “espacios insalubres” sobre los que los gobiernos tienen escasa información y capacidad de intervención. Los estados no conocen en detalle cómo se ordenan los contenidos ni cómo funcionan los algoritmos que determinan qué información recibe cada usuario. Además, consideró que el diseño de estas plataformas favorece las interacciones negativas. “Son redes que, por diseño, maximizan las interacciones negativas, de angustia, de miedo, de rabia, y con ello van crispando los ánimos en las sociedades y van generando un daño en la salud de la población”, afirmó.

Aunque los gobiernos reconocen esos riesgos, Leighton sostuvo que todavía no han articulado una respuesta pública capaz de ofrecer otras experiencias digitales. “Ninguno de los estados de América Latina ofrece una alternativa frente a eso, porque ninguno tiene capacidad de cómputo”, advirtió. La limitación, explicó, no se reduce a la posibilidad de desarrollar un modelo de lenguaje propio. También implica no contar con la infraestructura necesaria para ejecutarlo y procesar los volúmenes de información que requiere.

A eso se suma la dependencia en materia de datos. Según Leighton, los grandes volúmenes de información que generan los países de la región son entregados a las empresas tecnológicas, que los utilizan como parte de sus modelos de negocio. “Los volúmenes de datos que genera nuestra región, salvo excepciones bien particulares, son enteramente entregados sin concesiones a estas empresas tecnológicas que transan eso mismo en las bolsas de comercio”, planteó.

El experto señaló que hace falta una “alternativa digital” que no esté “cruzada por la toxicidad” de las gigantes tecnológicas. A los estados les hace falta experimentar, diseñar y fomentar una inversión pública que haga posible “alternativas”, remarcó. Además, es necesario fomentar el debate público desde el progresismo sobre estos temas y compartir experiencias de desarrollo tecnológico que han sido “interesantes” en el pasado, indicó. Entre ellas, destacó experiencias vinculadas a algoritmos de código abierto que permiten contenidos menos “adictivos y negativos”.

Para Leighton, el desafío es que esas experiencias dejen de ser iniciativas aisladas y puedan formar parte de una estrategia regional. “Todavía hay una brecha para poder hablar de esto desde el progresismo”, concluyó.

El rol de Brasil

Tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hace unas semanas, Leighton analizó qué oportunidades puede abrir el resultado electoral para la agenda tecnológica latinoamericana.

Uno de los aspectos que destacó fue la capacidad de organización ciudadana que se expresó durante la campaña de Lula, particularmente a través de un canal de Whatsapp que reunió a millones de usuarios. Antes de las elecciones, las granjas de bots y la utilización de contenidos manipulados parecían “maquinarias muy difíciles de vencer”, afirmó.

Sin embargo, la experiencia brasileña abrió una posibilidad diferente: la organización de personas que se coordinaron para reaccionar frente a determinados contenidos, darles visibilidad a otros e ignorar las publicaciones promovidas por sus adversarios. “La experiencia de Brasil ha generado esperanza en distintas partes del mundo, con la posibilidad de vencer estas prácticas y este uso malicioso de las tecnologías, con personas de carne y hueso que se coordinan para reaccionar todos juntos”, sostuvo.

De todos modos, advirtió que la discusión no puede limitarse a la utilización de las plataformas durante las campañas electorales. El problema es más profundo porque las mismas redes modifican las condiciones en las que se desarrolla la vida social y política. “El mar de fondo de esta disputa, de esta lucha, son las mismas plataformas, que, por diseño, más allá de si generan que la gente vote A o B, están impactando en la reproducción social, en la forma en que las personas socializan, en el tiempo de atención que los seres humanos les podemos dedicar a distintas cosas, y, en último término, en la salud y en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

La victoria de Lula, agregó, fue importante porque volvió a poner en discusión la posibilidad de que los estados desarrollen alternativas tecnológicas. “Es una derrota categórica de las gigantes tecnológicas y, además, es una inyección de energía en un escenario de mucha desesperanza, por la dificultad que tienen los países de poder ejercer su soberanía frente al poder financiero y de infraestructura de estas compañías”, afirmó.

Según Leighton, uno de los principales desafíos que se abren para la región es que las mayores economías latinoamericanas puedan invertir en infraestructura pública digital capaz de competir con la infraestructura privada. En ese sentido, consideró que Brasil y México tienen un papel especialmente importante por el peso de sus economías y por las capacidades que pueden desarrollar. “La oportunidad es que las principales economías de la región –estamos hablando del 60% del PIB entre México y Brasil– puedan invertir y generar alternativas de infraestructura pública digital que compitan con la infraestructura privada”, sostuvo, remarcando que ambos países representan “más de la mitad de la población de América Latina”. Para el experto, “la discusión que viene ahora es que los líderes pasen del diagnóstico a la acción”.

Según su visión, la agenda debería avanzar en tres direcciones: establecer marcos jurídicos que protejan los datos personales y la soberanía de los países, garantizar que los ciudadanos tengan alternativas para habitar el mundo digital, y fortalecer la capacidad de cómputo de los estados.