A más de dos años de entregado el pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, las repercusiones judiciales y políticas del hecho continúan en pleno desarrollo, al punto que 2023 fue el año en que el caso tuvo mayor incidencia en los dos ámbitos, tanto por las autoridades políticas a las que afectó, como por el rumbo que tomó la investigación en el sistema de justicia, en una causa en la que lo político y lo jurídico se retroalimentan desde su origen.

En el ámbito judicial, el caso Marset derivó en dos investigaciones penales que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos Complejos de primer turno, Alejandro Machado. La primera fue iniciada el 1° de setiembre de 2022 por iniciativa del fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de leer la versión taquigráfica de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo, del 22 de agosto de 2022, que fue convocada por el Frente Amplio para que explicaran cuáles habían sido los criterios que se aplicaron para otorgar el pasaporte solicitado.

Uno de los puntos centrales, tanto en el aspecto político como jurídico, es si la ley vigente cuando fue entregado el pasaporte permitía cierto nivel de discrecionalidad que habilitara a la cancillería a negar el pasaporte o si el documento debía ser indefectiblemente entregado. El propio canciller Bustillo, en su declaración ante el fiscal Machado el 3 de noviembre pasado, admitió que el Decreto 129/2014, vigente cuando se entregó el pasaporte, habilitaba cierta discrecionalidad, pero aclaró que eso no pone en tela de juicio la legalidad de la entrega.

La primera causa investiga abuso de funciones de la cancillería y el Ministerio del Interior

La primera causa judicial sobre la entrega del pasaporte comenzó a ser investigada por el fiscal Enrique Rodríguez, quien en octubre de 2022 envió al Ministerio del Interior y la cancillería oficios para que cada cartera aportara todos los antecedentes del caso.

En febrero de 2023, cuando el fiscal Machado asumió el caso -dado que Rodríguez fue derivado a la nueva fiscalía especializada en Lavado de Activos-, tenía en la carpeta de investigación la versión taquigráfica de la interpelación, la investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la del Ministerio del Interior. A partir de esos documentos, el fiscal Machado fue analizando el rol de cada uno de los actores en la entrega del pasaporte y finalmente en julio de 2023 anunció la convocatoria a la Fiscalía a 14 personas, 13 como investigados y uno como testigo.

Sin embargo, un escrito presentado por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que representa a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, en el que pedían nuevas diligencias, postergó la convocatoria hasta finales de octubre.

En esa primera causa los investigados son los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Álvaro Ceriani, Fiorella Prado, Paulina Davies, Damián Molfino, Fernando Pereda, Santiago Vitale, Ache y Bustillo; los funcionarios del Ministerio del Interior José Luis Rondán, Alberto Lacoste, el exsubsecretario Guillermo Maciel y Heber; el abogado de Marset, Alejandro Balbi, y fue convocada en calidad de testigo la funcionaria responsable de la investigación administrativa de la cancillería Karina Antenor.

Todos están siendo investigados principalmente por un eventual delito de abuso de funciones y cohecho, por lo que el fiscal Machado busca evidencia sobre excesos en la actuación de los funcionarios con relación a las atribuciones de su cargo o la existencia de beneficios percibidos a cambio de su actuación.

La crisis política que provocó la entrega del pasaporte y la segunda causa

Las declaraciones de los investigados por la Fiscalía se concretaron entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre de este año y dejaron como consecuencia la principal crisis política que vivió el gobierno desde que asumió, al punto que la principal preocupación de muchos analistas fue diferenciar la situación de una crisis institucional.

Concretamente, las declaraciones derivaron en la renuncia del canciller Bustillo, el ministro del Interior, Heber, el subsecretario, Maciel, y el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf.

Las renuncias de los cuatro jerarcas se sumaron así a las que se habían concretado en 2022: la primera fue la de Alberto Lacoste, quien fue destituido en agosto de ese año luego de que, horas antes de la interpelación -según la versión de Heber-, el ministro se enterara de que Lacoste había recibido a Balbi en Identificación Civil, algo que fue negado por Lacoste, quien en sus declaraciones ante Machado dijo que informó dos veces al ministro sobre la reunión con Balbi.

La otra renuncia vinculada al caso fue la de Ache, en diciembre de 2022, luego de que se conocieran los chats intercambiados entre ella y Maciel, que revelaban que el gobierno -contrariamente a lo que había dicho ante el Senado- sabía quién era Marset antes de otorgarle el pasaporte.

El 1° de noviembre de 2023, casi un año después de su renuncia, Ache contó al fiscal Machado todas las acciones del gobierno que apuntaron a ocultar la existencia de esos chats, tanto en la interpelación ante el Parlamento como ante el Poder Judicial, que requirió la información de la entrega del pasaporte a Marset en el marco de un juicio de acceso a la información pública iniciado por el Frente Amplio.

Desde el punto de vista judicial, a partir de las declaraciones de la exsubsecretaria Ache se generó evidencia como para abrir una segunda causa, por la que el presidente Lacalle podría ser convocado a la fiscalía en calidad de imputado.

Esa segunda causa estudia la destrucción por parte del ahora exasesor presidencial Lafluf del documento que certificaba la existencia de los chats entre Ache y Maciel, que había sido entregado por la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores para que fuera incorporado al expediente judicial que estudiaba el caso.

Lo que se viene después de la feria judicial en el caso Marset

A partir del 1° de febrero, cuando se retome la actividad judicial, el fiscal Machado tiene previsto continuar con las dos causas vinculadas al pasaporte de Marset. En el caso de la primera, el fiscal tomará una segunda tanda de declaraciones en Fiscalía, en la que serán convocadas algunas personas mencionadas por los investigados, como es el caso del abogado de Marset Santiago Moratorio, que participó en algunas gestiones vinculadas al pasaporte y fue mencionado en la declaración realizada por el abogado Balbi.

Si bien en esta causa Machado tiene al menos dos pedidos de archivo, uno presentado por la defensa de la cónsul Fiorella Prado, que lleva el abogado Eduardo Sasson, y otro por el abogado Jorge Barrera, que representa a Pauline Davies, el fiscal tiene previsto realizar nuevas diligencias antes de definir si pide la formalización del proceso contra alguno de los investigados o no.

En la segunda causa, que recayó sobre Machado luego de que el fiscal enviara los antecedentes a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación, encargada de distribuir los casos, se investigan otro tipo de delitos, como el de destrucción de documentación, previsto para quien “destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero”, el delito de falsificación ideológica por un funcionario público, previsto para el funcionario público que, “en el ejercicio de sus funciones, diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios o de hechos reales, pero alterando las circunstancias o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones” y el delito de abuso de funciones.

Si bien de las declaraciones de los investigados en la primera causa surgieron múltiples acciones para ocultar los chats, como las reuniones convocadas para preparar la interpelación, y las conversaciones entre Ache y Bustillo, en las que el entonces canciller la animaba a “perder el celular”, la diaria pudo saber que la investigación se concentrará en el trayecto del documento certificado y lo ocurrido en la reunión en la Torre Ejecutiva en la que Lafluf reclamó a Ache y Maciel que borraran los chats.

En esa investigación, para la que la Fiscalía pidió reforzar el equipo de trabajo, serían convocados a declarar la exsubsecretaria Ache, el excanciller Bustillo, el exdirector de jurídica de la cancillería Carlos Mata, quien recibió dos veces el documento con los chats certificados, el exasesor del presidente Lafluf, el exsubsecretario del Interior Maciel y el presidente Lacalle Pou. Si Machado mantiene el mismo criterio que en la primera causa, todos serán convocados en calidad de imputados.