Una de las líneas de investigación en el caso que involucra al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano refiere a las presuntas actividades ilegales con jerarquías de la Policía. Esta semana se anunció la destitución de los últimos dos integrantes de la cúpula policial que comenzó este gobierno: Diego Fernández, quien era director de la Policía Nacional, y Jorge Berriel, hasta ahora subdirector ejecutivo.
Cuando se tomó esta decisión, era sabido que Berriel sería imputado este viernes, porque la audiencia ya había sido citada. Berriel ingresó hace 42 años a la Policía y llevaba cuatro retirado, sin ningún cargo, cuando en 2020 asumió la subdirección ejecutiva. Por su parte, Héctor Ferreira, quien era subdirector administrativo de la Policía también fue indagado y renunció a su cargo en diciembre.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó esta semana que los cambios en la cúpula policial son para “consolidar los éxitos” de la gestión, porque “nuestro pueblo precisa más seguridad” y que “nada tiene que ver” el caso Astesiano. El presidente de la República, [Luis Lacalle Pou, siguió la misma línea, pero también reconoció que fue “un elemento más”.
Este viernes Berriel fue imputado por tres delitos de revelación de secreto con medidas cautelares: no podrá salir del país y debe entregar el pasaporte y fijar domicilio por seis meses. La imputación es por tres revelaciones de información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública que compartió con Astesiano. Los tres casos fueron: tras una denuncia de violación grupal en una fiesta del Partido Nacional, en una rapiña en la que tuvo participación un integrante del Servicio de Seguridad Presidencial dirigido por Astesiano y una rapiña de la que fue víctima el hijo de Astesiano -en la que le robaron una moto que a su vez era robada, caso por el cual terminó indagado-. Otras líneas de investigación que surgen de las conversaciones continúan su curso, por lo que no se descarta que a la imputación de Berriel se sumen otros delitos. Su defensa estuvo inicialmente a cargo de Andrés Ojeda y en esta audiencia fue asumida por Juan Fagúndez.
Este viernes, después de que se confirmó la imputación, el Ministerio del Interior confirmó a la diaria que Berriel fue removido de forma inmediata de su cargo. Hasta ahora estaba previsto que se mantuviera de licencia, como está desde que se supo que estaba siendo indagado, hasta el 1 de marzo, cuando asumirá quien lo sustituya. Las subdirecciones ejecutiva y administrativa de la Policía Nacional están actualmente bajo la órbita del Estado Mayor General policial, ya que ambas están desiertas. En el caso de la primera, antes porque Berriel estaba de licencia y ahora porque fue cesado de forma inmediato; en el de la segunda, porque su titular, Héctor Ferreira, renunció a comienzos de diciembre, después de que trascendiera que sería indagado en la misma causa judicial.
Al declarar ante fiscalía, Berriel dijo que quien fue el primer ministro del Interior de este gobierno, Jorge Larrañaga, le ordenó brindar información a Astesiano, lo que fue repudiado por su hijo, Jorge Larrañaga Vidal, que apuntó contra su defensa de ese momento, Ojeda, y contra Berriel, señalando que usar la figura de su padre para justificarse “es de muy baja estofa”.
Entre las cuestiones que surgieron de las conversaciones entre Astesiano y Berriel se hizo público que el exsubdirector de la Policía también le aportó información al exjefe de la custodia presidencial sobre un viaje personal de Lorena Ponce de León, expareja de Luis Lacalle Pou. A su vez, Astesiano utilizó el sistema de cámaras para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT en las horas previas a su accidente en Punta Carretas y las compartió con Berriel.
Además, este viernes se sumó la información de que los pedidos entre Astesiano y Berriel involucran a un allegado de Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia: intentos de "acomodo" en la Policía y pedidos de presencia policial en casos particulares son algunos de los casos que surgen de nuevos mensajes divulgados entre los involucrados en la causa.
En los chats de Astesiano con las jerarquías policiales hay pedidos de “favores", investigaciones ilegales, uso de recursos públicos con fines personales, y otras eventuales irregularidades y delitos involucraron a al menos seis jerarcas policiales.
Además de Berriel y Ferreira, son indagados Claudio Correa, encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, que está en funciones tras haber tenido que tomar “licencia” por esta causa y evalúa su pase retiro tras la renuncia de Fernández; y Henry de León, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, cuya investigación fue la única que se archivó hasta ahora.
Por otra parte, a través de las conversaciones se supo que el director de la Guardia Republicana, César Tourn, dispuso policías para pedidos personales de Astesiano. Desde el Ministerio del Interior se han rehusado a confirmar si es uno de los indagados y se limitaron a decir que “al momento en el Ministerio del Interior no hay nada dispuesto”. Tourn respondía a los pedidos del exjefe de la custodia presidencial y enviaba fotos o audios como prueba del cumplimiento. Resta conocer la identidad de dos de las jerarquías policiales que están indagadas por el caso.