La investidura de Xiomara Castro en Honduras generó un gran entusiasmo popular y puso fin a las derivas autoritarias que siguieron al golpe de Estado de 2009. Su discurso de cambio alimenta múltiples esperanzas. No obstante, como muestra la crisis en el nuevo Parlamento, los desafíos serán muchos, incluida la resistencia a los cambios de los grupos de poder.

El pasado 27 de enero, Xiomara Castro Sarmiento asumió la Presidencia de Honduras. Castro, quien el 28 de noviembre de 2021 fue la candidata presidencial más votada en la historia del país, tuvo su toma de posesión en un renovado Estadio Nacional Chelato Uclés, estadio que por casi un siglo llevó el nombre de Tiburcio Carías Andino, dictador que gobernó Honduras entre 1933 y 1949, ampliamente reconocido por su política de sometimiento frente a Estados Unidos y por su estrategia para desarticular toda oposición a su régimen. El cambio de nombre de este escenario deportivo fue una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno, en un acto simbólico para demostrar al pueblo hondureño que la refundación del Estado está a la vuelta de la esquina.

La asunción al poder de Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) está cargada de símbolos. En medio de la crisis en el Poder Legislativo, la Policía Nacional se vio obligada a quitar las vallas que prohibían el paso a las instalaciones del Parlamento; niñas y niños se sentaron en las curules de los parlamentarios y tomaron sus micrófonos; vendedoras y vendedores del mercado informal ingresaron al edificio para vender agua y nueces a la gente que se aglutinó en un acto de recuperación de este espacio público. Los pueblos, en todas partes, han quitado la antigua bandera nacional que hacía alusión al color de la bandera del Partido Nacional de Honduras y han colocado en su lugar la antigua bandera azul turquesa, recuperada por el nuevo gobierno, en las plazas de todo el país. En las calles, las niñas ven en Xiomara a la primera presidenta de muchas más que tendrá Honduras.

La debacle del régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado y el Partido Nacional se juega en una guerra simbólica propia de una verdadera situación revolucionaria, sin precedentes en la historia hondureña. Sin embargo, como en todo ciclo progresista latinoamericano, el gobierno del “socialismo democrático” (como lo definió Castro en su discurso del 27 de enero) tendrá que lidiar con la enorme contradicción entre la promesa de consumar un proyecto “refundacional” y la presión de la elite local y transnacional por preservar su hegemonía y sus intereses económico-políticos en el país.

Esta es una contradicción que el gobierno encabezado por Castro tiene muy clara. Así lo expresó ella misma desde el inicio de su discurso en el Estadio Nacional, al referirse al estado de la administración pública y sus recursos, donde los retos son bastante claros: “La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700% de la deuda. La pobreza se incrementó al 74% para convertirnos en el país más pobre de América Latina (…). Es prácticamente imposible cumplir con los vencimientos de la deuda. La única forma es un proceso de reestructuración integral mediante un acuerdo con los acreedores privados y públicos. (…) La pregunta que todos los hondureños nos hacemos de este presupuesto es: ¿cuánto dinero llega a la gente pobre? ¿Al servicio de quién está el presupuesto? ¿Quién audita el presupuesto y su ejecución? ¿Qué hacen con la corrupción presupuestaria?”.

Esta contradicción también se avizora en la conformación de su gabinete, anunciado el mismo 27 de enero. Si bien está integrado en gran medida por personajes y cuadros de su partido, LIBRE, es notable la participación de cuadros del Partido Salvador de Honduras (PSH), con el cual se conformó una alianza de oposición en la contienda electoral que fue vital para garantizar el triunfo de Castro frente al candidato presidencial del régimen, Nasry Juan Asfura Zablah.

Particularmente notable es la participación del empresario Pedro Barquero en la coordinación del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, institución estratégica para la formulación de la política económica del país, y vital para un gobierno del “socialismo democrático” que aspira a solventar el gran problema de la excesivamente desigual distribución de la riqueza en Honduras, así como a aliviar las consecuencias de la política extractiva sostenida por el gobierno de Hernández en la última década. Por su parte, Barquero, que antes de involucrarse en el PSH fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), representa mucho más los intereses del capital privado nacional que del proyecto “refundacional”.

Es previsible y comprensible que en el campo de la realpolitik se produzcan acuerdos de esta naturaleza para la conformación de cualquier gobierno. Sin embargo, aquí están puestas grandes tensiones de un país con miras a superar los estragos del régimen autoritario que siguió al derrocamiento de Manuel Zelaya, esposo de Castro, en el golpe de Estado de 2009.

Las transiciones posdictadura, como es bien sabido en la experiencia latinoamericana, son periodos para sanar las heridas profundas, no solo en la institucionalidad o la legislación, sino sobre todo en la vida de la población. Desde el golpe de Estado hasta hoy, más de 5.000 mujeres han sido víctimas de feminicidio y más de 300 personas LGBTI+ han sido asesinadas. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al menos 23 personas fueron asesinadas durante la crisis poselectoral de 2017 que culminó en el continuismo del expresidente Hernández. Muchos fueron los crímenes cometidos contra los pueblos y la demanda en materia de justicia transicional es grande. De igual manera, Honduras se convirtió en un país reconocido por la comunidad internacional por los vínculos de la familia Hernández Alvarado con el narcotráfico, así como por el flujo masivo de personas expulsadas de este país en caravanas migrantes.

La crisis migratoria representó, en sí misma, un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia Honduras. Así quedó demostrado con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de posesión de Castro. Harris reconoció en el ascenso de Castro a la Presidencia de Honduras un “cambio positivo” para el país. Este acercamiento de Washington no es casual; responde a la necesidad de hacer frente a la crisis humanitaria, económica, política y social que se registra en el Triángulo Norte de América Central.

Frente a este orden de cosas, el proyecto refundacional corre grandes riesgos de ser desplazado por las pretensiones de la elite política y económica que respalda a Castro de restaurar el viejo liberalismo existente antes del golpe de Estado de 2009, cuyo andamiaje institucional se construyó para preservar los proyectos y negocios de los grupos de poder. En ese sentido, Honduras enfrenta tres grandes desafíos para construir el camino a cambios profundos.

El primer desafío es el de la democratización interna de LIBRE. En los últimos días, se ha especulado sobre las causas que originaron los enfrentamientos facciosos en el seno del Poder Legislativo. Mientras escribimos este artículo, el Congreso Nacional atraviesa una enorme crisis política e institucional que se manifiesta en la existencia de dos juntas directivas: la primera, presidida por el parlamentario Luis Rolando Redondo Guifarro (promovida por la alianza entre LIBRE y el PSH), y la segunda, encabezada por Jorge Luis Cálix Espinal (promovida por parlamentarios disidentes de LIBRE, el Partido Nacional y el Partido Liberal).

La convulsión política que generó esta “dualidad de poderes” tuvo como consecuencia la expulsión de 18 diputados de LIBRE que respaldaron la presidencia de Cálix y la masiva movilización de la población al Congreso Nacional para expresar su repudio hacia esta junta directiva, por carecer de legitimidad y legalidad. Por su parte, la junta de Redondo posee legitimidad, pero la disputa entre ambas directivas pone en vilo la gobernabilidad de este poder del Estado. A estas alturas, la posibilidad de llegar a un acuerdo ha presentado grandes dificultades.

El Centro de Estudio para la Democracia de Honduras ha propuesto tres elementos para entender esta coyuntura crítica: las dificultades del Partido LIBRE para construir consensos internos, la conspiración de la derecha contra el gobierno electo y la participación de otros actores poderosos, como el crimen organizado y sectores del gran capital nacional. Videos y audios filtrados en redes sociales han mostrado los vínculos entre los diputados disidentes de la bancada de LIBRE y el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (PLH), Yani Rosenthal, quien ha pasado tres años en prisión por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. También se ha evidenciado el vínculo entre diputados disidentes y el exparlamentario y hermano del expresidente Hernández, Juan Antonio Hernández Alvarado (mejor conocido como Tony Hernández), condenado a cadena perpetua en Nueva York por cuatro cargos, incluido narcotráfico.

Sin embargo, es importante prestar atención a la mencionada dificultad de LIBRE para procesar sus tensiones. Los conflictos intrapartidarios entre múltiples corrientes y actores internos han sido históricos y es probable que estos se intensifiquen con el ascenso del partido al gobierno, como ha quedado en evidencia en la crisis del Legislativo. Es muy importante que el partido no pierda de vista el horizonte de fortalecer su estructura interna para que sus principios elementales, de naturaleza refundacional, no sean atomizados o diluidos en el ejercicio del poder en el gobierno.

El segundo desafío es el de sostener y aumentar el alto respaldo popular hacia la presidenta. En las elecciones del 28 de noviembre de 2021, Castro recibió 1.716.793 votos válidos y se convirtió así en la candidata presidencial más votada y en la primera mujer en acceder a la Presidencia en la historia de Honduras. La nueva mandataria goza de un respaldo popular sin precedentes, que le ha dado la legitimidad necesaria para tomar decisiones políticas contrarias a los intereses de los grupos de poder, como demostró al expulsar del Partido LIBRE a varios parlamentarios de su bancada en el marco de la crisis del Poder Legislativo.

Castro demostró también su fortaleza con la masiva movilización de la población durante la toma de posesión y ha hecho promesas que podrían modificar sustancial y estructuralmente la vida en el país. Entre ellas, se destacan el subsidio en el pago de energía eléctrica para las personas más desposeídas, el subsidio al combustible, la concentración de esfuerzos en conseguir la soberanía alimentaria, la prohibición de más concesiones de minería a cielo abierto, la libertad para los ambientalistas en prisión por defender el río Guapinol, la amnistía para otros presos políticos y personas exiliadas durante la dictadura, la justicia por el asesinato de Berta Cáceres y la realización de la primera consulta popular sobre reformas constitucionales, entre muchas otras.

No obstante, resistir los intereses de la elite será un desafío de gran envergadura para Castro, con un Poder Legislativo en crisis, un Poder Judicial que continúa en manos de personeros del régimen del Partido Nacional de Honduras y una matriz mediática corporativa cuya cercanía con los intereses de los grupos de poder ya es más que evidente. El destino de Honduras para los próximos cuatro años es incierto. Sin embargo, es vital que el gobierno de Castro mantenga el respaldo popular, que seguirá siendo el contrapeso esencial frente a intereses de la elite que insiste en preservar el modelo neoliberal en todas sus formas.

El tercer gran desafío es el que enfrentan los movimientos sociales y populares frente a las posibilidades del proceso constituyente. Si bien Castro ha sido clara en que su gobierno promoverá un proceso de consulta popular que podría culminar en una Asamblea Nacional Constituyente –una exigencia histórica del pueblo hondureño desde el golpe de Estado de 2009–, lo cierto es que los movimientos sociales y populares del país deben generar las condiciones objetivas y subjetivas para lograr la legitimidad que requiere un proceso de ese tipo. En ese sentido, los movimientos deben construir capacidad de respuesta frente a las disposiciones del nuevo gobierno, pero, sobre todo, propuestas técnicas y políticas de cara a un proceso constituyente con miras a una verdadera refundación del Estado.

Así lo han expresado múltiples organizaciones, movimientos, y articulaciones del país, como la Asamblea Permanente del Poder Popular (APPP), un espacio de articulación formado en enero de 2022, en el marco del proceso de transición política que se inicia. Entre otras posiciones, la APPP afirmó que “la próxima estación de la utopía popular hondureña es la autoconvocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente refundacional, originaria y plenipotenciaria, con representación de todos los sectores de la sociedad hondureña”.

Los desafíos de Honduras son muchos. En la historia política del país jamás hubo una transición a un gobierno progresista ni una participación tan masiva de la población en asuntos públicos como las que hay hoy. Para un “país de bolsillo” como este, con un andamiaje institucional de mucha fragilidad y una legislación construida para violentar sistemáticamente a los pueblos, será vital acercarse a los aprendizajes adquiridos en América Latina y mantener vivas las banderas del cambio.

Ninoska Alonzo es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Este artículo fue publicado originalmente en Nueva Sociedad.