Algunas de las políticas prometidas por Gustavo Petro se encaminaron en esta primera semana de gobierno. Al día siguiente a su asunción como presidente colombiano, su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó al Congreso el proyecto de Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que aumenta los impuestos a los mayores sueldos del país. Durante la presentación, Ocampo dijo que “la reforma tiene dos grandes objetivos: el primero es contribuir a la igualdad y la justicia social, y el segundo es consolidar el ajuste fiscal”.

Uno de los puntos clave de la reforma es “un impuesto a las personas naturales que ganan más de diez millones de pesos [colombianos] mensuales [unos 2.300 dólares]”, ya sea por salarios o jubilaciones. El gobierno estima que sólo 2,4% de los colombianos tiene ingresos superiores a esa cifra.

A este tributo se agrega un impuesto al patrimonio de las personas que tengan más de 3.000 millones de pesos colombianos, unos 700.000 dólares, que pagarían una tasa de 0,5%. La tasa aumenta a 1% para patrimonios de 5.000 millones de pesos, que equivalen a más de 1,16 millones de dólares.

“En materia de impuestos a las empresas también vamos a limitar varios beneficios tributarios y adicionalmente mejorar el régimen simple para capturar muchas más pequeñas empresas, un esfuerzo de formalización empresarial”, dijo el ministro.

La reforma incluye además un impuesto a la exportación de petróleo, carbón y oro, según las ganancias que se obtengan por encima de cierto mínimo. Otro impuesto grava las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los plásticos de un solo uso. El ministro aclaró que en este último caso el objetivo no es recaudatorio, sino que se busca un impacto en la salud.

“Esta reforma que estamos proponiendo genera 25 billones de pesos anuales [unos 5.800 millones de dólares, equivalente a 1,72% del PIB], pero esperamos que con la lucha contra la elusión y la evasión tributaria ese monto se eleve hasta alcanzar 50 billones de pesos anuales [unos 11.600 millones de dólares], que es lo que se habló a lo largo de la campaña presidencial”, dijo Ocampo, según citó la agencia Efe. Parte de la reforma consiste en reducir el monto de las exenciones para las cuentas de ahorro, recortar beneficios tributarios –por ejemplo, a las zonas francas– y aplicar un impuesto a las ganancias excepcionales, como premios de lotería.

De acuerdo con AFP, el ministro señaló que con esta reforma “el mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas” que son los “ultraprivilegiados en el sistema tributario colombiano”.

Según el gobierno, hoy Colombia recauda en impuestos 13% del PIB, mientras que el promedio en América Latina es de 14,8%. “La reforma tributaria propuesta se construye sobre los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, y tiene como propósito saldar parte de la deuda social histórica del Estado con la población colombiana”, afirma el proyecto de ley.

Con esta política se busca atender la pobreza, que afecta a 39% de la población. “El llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio; es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna”, dijo Petro al asumir el gobierno.

Paridad en el gabinete

Otro punto en el que avanzó el gobierno de Petro es el de la paridad de género. Su gabinete cuenta con ocho ministros –Comercio, Industria y Turismo, Defensa, Educación, Hacienda, Interior, Justicia y del Derecho, Relaciones Exteriores, y Transporte– y nueve ministras –Agricultura, Ambiente, Cultura, Deportes, Minas y Energía, Trabajo, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Vivienda, Ciudad y Territorio–.

También el futuro Ministerio de la Igualdad estará a cargo de una mujer, la vicepresidenta Francia Márquez, pero según informó el diario colombiano El Espectador, el proceso de creación de esa cartera tomará dos años porque requiere que el Congreso apruebe una reforma constitucional.

Relaciones con Venezuela

Petro informó el martes que ya hubo contactos con Venezuela para la “normalización de las relaciones” entre los dos países limítrofes, interrumpidas en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, que reconocía como presidente al líder opositor Juan Guaidó. Aclaró que los acercamientos tuvieron lugar incluso antes de asumir la presidencia, y que implican un proceso para la apertura de la frontera entre los dos países y el restablecimiento de “las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares incluso, y militares, de todo tipo”.

Ese mismo día, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó que recibió instrucciones del presidente Nicolás Maduro para “establecer contacto inmediato con el ministro de Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares”.

“Hay que volver a reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso, o sea, son los pasos previos a la normalización”, dijo Petro, que estimó que en dos meses puede haberse superado “lo más importante”.

Antes de la asunción de Petro, tuvo lugar una reunión entre su canciller designado, Álvaro Leyva, y el de Venezuela, Carlos Faría, tras la cual Venezuela informó que se designarían embajadores apenas asumiera el nuevo gobierno colombiano. El jueves los dos países nombraron sus embajadores. Maduro designó al excanciller Félix Plasencia, y Petro al exsenador Armando Benedetti.

Diálogo con grupos armados

El jueves una delegación integrada por el canciller Leyva, el senador Iván Cepeda y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, llegó a Cuba para comenzar a armar una agenda para retomar el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, transmitió ante la prensa, junto a Leyva, el “compromiso invariable” de su país “con la paz en Colombia”. “En cuanto a negociaciones con el ELN, vemos oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz. Estaremos al servicio de lo que ambas partes soliciten”, dijo.

Las conversaciones de paz, que comenzaron en 2014, fueron suspendidas en 2019, durante el gobierno de Duque, pero una delegación del ELN permaneció en La Habana. Según informó el diario El Espectador, los representantes del gobierno colombiano se reunirán con integrantes del grupo armado.

El lunes Petro dijo que se retomarán las conversaciones en el punto en que fueron interrumpidas, y el comandante del ELN, Antonio García, ratificó la voluntad de la guerrilla de volver a dialogar con el Estado colombiano.

“Danilo [Rueda] está autorizado para hacer contactos, es su labor, su función”, dijo el presidente colombiano. “Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz, pero ahora se trata de ver si es cierto”, agregó. “La labor de Danilo en este momento es auscultar en la máxima extensión posible de la violencia en Colombia hasta dónde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la Justicia en muchos casos, de reinicio de negociaciones y de treguas bilaterales que puedan disminuir sustancialmente la violencia. Ya tendremos una evaluación de esa actividad”, dijo, según citó Efe.

Por su parte, Rueda había manifestado que varios grupos armados estaban dispuestos a dialogar con el nuevo gobierno, entre ellos el ELN, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Clan del Golfo y las Autodefensas Unidas de Colombia, de acuerdo con la agencia Europa Press.

“Saludamos y nuevamente reiteramos el llamado a todos los grupos armados que tienen control territorial a que expresen su disposición a la paz total”, dijo Rueda.