Según los datos que emergieron del informe denominado “Panorama social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante el año pasado el porcentaje de personas en situación de pobreza en América Latina bajó a 29% de la población (181 millones de personas), 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de covid-19.

En el trabajo, consignado en el portal del organismo con sede en Santiago de Chile, se detalla también que en la región la pobreza extrema bajó a 11,2% de la población (70 millones de personas), con lo que se mantiene en niveles similares a 2019.

“Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. En total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar. La incidencia de la pobreza también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, expresó durante la presentación del estudio el secretario general de la Cepal, el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs.

Una cuestión central abordada en el informe refiere al trabajo. En ese aspecto, se especifica que del total de 292 millones de personas ocupadas en la región, una de cada dos se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en situación de pobreza, cuatro de cada diez tienen ingresos inferiores al salario mínimo y la mitad no realiza ningún aporte a los sistemas previsionales.

Según el trabajo de la Cepal, si bien se observa una mejora en ciertas dimensiones de los mercados laborales entre 2020 y 2022, la región vive una crisis en “cámara lenta en materia de inclusión laboral”, entendida no sólo como la inserción laboral, sino también como las condiciones en que se accede al empleo en el mercado laboral. Según esta premisa, la inserción de la población en el trabajo remunerado es fundamental, pero no suficiente para alcanzar la inclusión laboral.

Se requiere acceso a trabajos productivos, bien remunerados y con acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes, de acuerdo a la entidad.

En el informe se detalla que en 2022 54,2 millones de hogares en la región (39% del total) dependían exclusivamente del empleo informal. Esta situación se agudiza en el caso de la mayoría de las niñas y los niños (menores de 15 años) y las personas de 65 años o más, que viven en hogares completamente informales o mixtos (61,2%).

Por otra parte, si bien la desigualdad de ingresos disminuyó en 2022 hasta niveles inferiores a los registrados en 2019, año previo a la pandemia, la desigualdad sigue siendo muy elevada en la región.

En América Latina, el decil de ingresos más altos (decil 10) percibe un ingreso que equivale a 21 veces el del decil de menores ingresos (decil 1). En 2021, la riqueza de sólo 105 personas representó casi 9% del producto interno bruto regional.

“La región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. Los países deben transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral, eje del desarrollo social inclusivo. Pero la inclusión laboral requiere un crecimiento económico alto y sostenido. No es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción y viceversa”, remarcó Salazar-Xirinachs.