Mónica Baltodano fue comandante de la revolución nicaragüense en los años 70 y ministra durante los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde hace años es también una figura de la oposición al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo que la llevó a exiliarse junto a su esposo en Costa Rica, donde ambos tienen el estatus de refugiados. Los dos son también integrantes del grupo de 95 exiliados y 222 ex presos políticos a los que el gobierno de Ortega declaró expatriados en febrero.

Para informar sobre esta situación, Baltodano, que además es historiadora, visitó esta semana Montevideo, donde se reunió con organizaciones feministas, parlamentarios de distintos partidos, visitó a José Mujica y se entrevistó con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Antes, viajó a Brasil, donde también tuvo oportunidad de exponer la situación de Nicaragua y de sus exiliados ante organizaciones políticas y sociales, y en reuniones con legisladores y otros dirigentes políticos.

Su expectativa es que “el sur y América Latina tomen una postura más beligerante para exigirle a Daniel Ortega el retorno a la democracia y el regreso de los desterrados” con sus derechos restituidos, dijo a la diaria.

¿Qué respuesta has tenido en estas visitas a América del Sur?

En Brasil, además de los contactos con dirigentes políticos, pudimos obtener una votación mayoritaria, de 22 votos a favor y uno en contra, en la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento. Es un requerimiento a Daniel Ortega para rechazar la desnacionalización de los 317 nicaragüenses que fuimos privados de nuestra nacionalidad, de nuestros bienes, de las pensiones, de la jubilación. Ese requerimiento será enviado en los próximos días con los nombres de los 317 expatriados. La votación contó con el respaldo de bancadas de distintas corrientes ideológicas. Pudimos también hablar con sacerdotes y obispos de la Teología de la Liberación. En todos los casos hemos sentido una acogida cálida y comprensiva de nuestras denuncias, el rechazo de todos los sectores a lo que está haciendo Daniel Ortega. Hemos sentido solidaridad. Nosotros hemos insistido particularmente en que las fuerzas de las izquierdas no guarden silencio, sino que tengan una posición fuerte y definida a favor de los derechos humanos y en repudio a las acciones de Ortega. Hemos encontrado que a partir de la atroz decisión de desnacionalizar a 317 nicaragüenses se ha incrementado la conciencia de que el régimen de Ortega es un régimen dictatorial y cruel, y de que la comunidad internacional no puede quedar al margen de la situación en Nicaragua.

¿Qué significa, simbólicamente y también a los efectos prácticos, haber perdido la nacionalidad?

Nosotros decimos que la nacionalidad no te la pueden quitar, porque uno nació de padre y madre nicaragüense en Nicaragua y eso no nos lo pueden quitar. Reivindicamos que seguimos siendo nicaragüenses. Pero para efectos prácticos, lo que ha hecho el régimen es hacer como que no existimos en Nicaragua. Como ellos tienen el control de todas las instituciones, invadieron nuestras propiedades y nos quitaron el usufructo de esas propiedades, que es lo que nos permitía sostenernos en el exterior, y también la jubilación. Pero además han procedido a eliminarnos del registro, como si no hubiésemos existido nunca. Congelan las cuentas, las tarjetas de crédito, y tratan de colocarte en una situación de indigencia y de tal adversidad personal como para que dejes de luchar. Por otro lado, ya no tenemos pasaporte. Me imagino que también pretenden que uno no pueda viajar a hacer las denuncias que estamos haciendo. Por eso es bien importante que cuando tengamos otra nacionalidad podamos disfrutar de un pasaporte que no tenga los problemas que genera el documento de viaje que te dan cuando uno es refugiado. Nosotros salimos de Nicaragua en 2021, logramos que en 2022 nos dieran condición de refugiados, y de acuerdo a la Convención de los Refugiados eso nos da derecho a un documento de viaje que debería operar como un pasaporte, pero no tiene todas sus ventajas.

¿Por qué fue que en determinado momento decidiste irte de Nicaragua o te viste obligada al exilio?

Nosotros pasamos varios momentos en los que sentíamos que éramos muy perseguidos. En 2018 salieron dos de mis hijos, pero después vino cierta flexibilización cuando salieron los 900 presos políticos. Ellos sacan una ley de amnistía que en realidad encubre los intentos de perdonarse a sí mismos los crímenes que habían cometido en 2018 [durante la represión de protestas contra el gobierno], y lo hacen liberando a todos los presos políticos. Entonces había cierta flexibilización.

Pero cuando viene la represión de 2021, hay una persecución a todo el que hable y diga algo diferente. Capturan a nuestros amigos, a nuestros círculos cercanos, entonces tenemos que escondernos. Pasamos dos meses escondidos y pensando que tal vez iban a soltar a los presos, pero pasaron tres meses sin siquiera presentarlos, lo cual, según los parámetros de las organizaciones de derechos humanos, se llama desaparición.

Entonces nosotros concluimos que ya no había condiciones para seguir y nos fuimos. Teníamos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos hemos permitido documentar todos esos meses la presencia policial frente a nuestro domicilio, la presencia de gente vestida de civil, patrullas que vigilaban nuestra casa, y de alguna manera llegamos a convivir con ellos hasta que dijimos: “Van a entrar a capturarnos”. Así ha vivido una parte importante de la sociedad nicaragüense, porque han incrementado enormemente el número de policías para realizar esa labor de vigilancia.

¿Qué actividad tenías cuando dispusieron esa medida de quitarles la nacionalidad?

Nosotros ya teníamos condición de jubilados. En Costa Rica no es fácil encontrar trabajo, sobre todo para personas de nuestra edad, en las universidades y espacios de ese tipo, porque tienen bastantes procedimientos burocráticos. Entonces yo estaba trabajando de manera independiente, haciendo algunas consultorías y sobre todo haciendo trabajos sin paga. Mi trabajo era escribir, elaborar textos para medios como Desinformémonos, Rebelión, Confidencial. Hacía investigaciones y las publicaba, por ejemplo, sobre represión a las comunidades indígenas. Esa era mi labor, y también daba conferencias. Pero la mayoría de esas actividades no significaban ingresos económicos. Nuestros ingresos económicos estaban dados por la pensión y por la renta de la casa que dejamos en arriendo cuando nos fuimos al exilio.

Nosotros pensamos que lo que quiere Ortega es que tengamos tal situación de inviabilidad material que nos callemos y nos dediquemos a buscar qué hacer para sobrevivir. Pero algunos de nosotros –no todos, pero sí una buena parte– hemos decidido que, por el contrario, cuanto más embrutecen las medidas y vuelven la represión a límites absolutamente impensables, es cuando más hay que luchar, y por eso estamos aquí haciendo esta labor de denuncia.

Varios países ofrecieron darles su nacionalidad. ¿Pensaron en aceptar alguna?

Todavía estamos en ese debate en mi familia, porque somos refugiados en Costa Rica, que no nos ha ofrecido la nacionalidad. Es contradictorio que Costa Rica, que es donde estamos la mayoría, no haya tomado esa decisión. Si uno acepta otra nacionalidad, pierde el estatus de refugiado en Costa Rica. La verdad es que estamos en una situación bien difícil, porque además los países que nos han ofrecido la nacionalidad no definen un procedimiento expedito. A veces hay que esperar tres años para obtenerla. Además, algunas personas están en tal situación de precariedad que quisieran que la nacionalidad fuera acompañada de beneficios como una pensión para sobrevivir. Se genera una situación verdaderamente infernal para muchos de nosotros.

En la izquierda de Uruguay, y de otros países, hubo en su momento mucha admiración por la revolución nicaragüense. Quizás eso ha generado cierta reticencia a condenar violaciones a los derechos humanos del gobierno de Ortega. ¿Te has topado con eso?

Sí, me he topado con eso desde 2018, que sectores como el Foro de San Pablo, integrado por partidos de izquierda de América Latina e incluso de Europa, respaldara a Daniel Ortega cuando estaba cometiendo las atrocidades que cometió ese año. Se negaron a escuchar a quienes denunciábamos esas atrocidades. Es muy triste porque yo creo que es un grave error admitir esas violaciones de derechos humanos con el argumento de que Ortega es de izquierda y que está llevando a cabo la segunda etapa de la revolución. Y es más grave aún porque Daniel Ortega no está llevando a cabo ni la segunda etapa de la revolución, ni es de izquierda, ni es antiimperialista, sino que todo eso es una pura retórica, una verborrea que él utiliza para engañar no sólo a la comunidad internacional que respaldó y vio con mucha ilusión la revolución de 1979, sino que lo utiliza también para engañar a sus propias bases. Yo creo que deberían informarse con más detalle de cuáles son las políticas de Ortega, para darse cuenta de que son neoliberales, son extractivistas, son patriarcales y muy retrógradas con respecto a los derechos de la mujer.

Además, aunque él fuera el mejor de los revolucionarios, no tiene ningún derecho a asesinar, a reprimir, a dejar 2.000 heridos como dejó durante la matanza [de manifestantes contra el gobierno] de 2018. Permitió las violaciones de muchachos y muchachas capturados en el contexto de las protestas, capturó y realizó juicios violando totalmente los debidos procesos, sin derecho a la defensa. Los juicios no eran públicos, como manda el Código Procesal Penal. En la primera etapa fueron 800 los capturados. Y después ya pasó a capturar a todos los candidatos de oposición en 2021. Hizo unas elecciones de mentira, porque toda la oposición estaba presa.

Esos delitos no son admisibles en ningún gobierno, no importa del signo que sea, de derecha, de izquierda o de centro. Entonces creo que la humanidad está obligada a reconsiderar su disposición a condenar o no a los gobiernos cuando se trata de sus amigos o pertenecen a la misma corriente ideológica. Eso no puede seguir ocurriendo en el mundo.

Yo creo que tiene que haber un compromiso, que se supone que lo hay cuando se firman los tratados internacionales de derechos humanos, cuando se firma el tratado sobre la no discriminación a la mujer, cuando se firma el tratado sobre la tortura, por ejemplo. Si se firman esos tratados, es para que realmente ningún país esté dispensado cuando comete actos de tortura o actos contra la libertad. Creo que ahí hay un problema bastante serio que nos lleva a un cuestionamiento profundo sobre el tema de los derechos humanos y de las libertades.

¿Cuál es hoy la situación de los presos políticos en Nicaragua?

Ortega saca y destierra a 222 presos, quedaron pues 37 presos incluyendo al obispo monseñor [Rolando] Álvarez, a quien condenó a 26 años de cárcel y luego mandó a las celdas de los presos comunes. Él había permanecido varios meses en prisión domiciliaria, pero lo mandó a la cárcel, y ahora capturó a 21 personas más por haber intentado participar en las procesiones de Semana Santa, que fueron prohibidas. Lo fueron porque Ortega teme que toda agrupación que se realice, aunque sea con carácter religioso, pueda dar lugar a demostraciones de resistencia o de protesta. Eso te indica que Ortega está clarísimo en que la mayoría de la población le es adversa. Las encuestas dicen que hay 70% de rechazo a Ortega y sólo 15% está aferrado a su figura casi como una figura mesiánica.

La no realización de elecciones democráticas, y que tenga el control de todo el aparato electoral, de todos los procedimientos, los fiscales, etcétera, te indica que él está clarísimo de que no tiene ya ningún respaldo popular y que si hubiese elecciones democráticas obviamente que sale del poder. Pero no quiere arriesgarse a eso y ya lleva una reelección en 2011, cuando ni siquiera tenía facultad de presentarse, porque estaba prohibida constitucionalmente la reelección continua. Él en 2014 lo modificó, pero en 2011 estaba impedido constitucionalmente para reelegirse. Se vuelve a presentar en 2016 y asume en 2017, y se vuelve a presentar en 2021 sin competencia, porque todos [los dirigentes opositores] estaban presos.

Esto evidencia que él quiere reproducir la tiranía de [Anastasio] Somoza, que además de ser continua fue dinástica. Porque está preparando a la esposa y a los hijos para que asuman en caso de que él falte. Esa obsesión por el poder es la que lo lleva a recurrir a todos los métodos represivos con tal de mantenerse en el poder. No hay libertad de información. Todos los medios independientes han sido clausurados. Y confiscados. Para que te des una idea, La Prensa, que es un diario que tiene casi 100 años, durante la dictadura de Somoza en varias ocasiones tuvo censura, cuando decretaban estado de sitio y ley marcial. En los años 80, que hubo guerra [con la contra, grupos armados antirrevolucionarios financiados por Estados Unidos], en determinado momento se estableció también la censura; hubo censura, pero no hubo apropiación del medio. En esta ocasión han entrado a los canales de televisión, han entrado a las instalaciones de Confidencial, de 100% Noticias y de La Prensa y han confiscado todos los bienes. No hay ninguna libertad.

¿Cuándo se dio este quiebre en Ortega o en su gobierno?

Después de que perdemos las elecciones [en 1990], él empieza una deriva autoritaria que comienza por controlar el Frente Sandinista. En vez de la dirección colegiada, de los órganos de un partido político, lo que hace es pasar a controlar de forma unipersonal el poder dentro del Frente Sandinista. Después pasa a controlar las organizaciones populares por medio de métodos de reparto de prebendas y de corrupción, y después entra en un pacto con Arnoldo Alemán, que es el presidente que asume en 1996 y es uno de los más corruptos que ha habido en Nicaragua. Allí es donde comienza esa deriva clarísimamente autocrática. Porque él se reparte con Alemán todos los poderes del Estado, y pasan ambos a controlar todo el sistema electoral. Por ejemplo, reforman la ley electoral e impiden que pueda asumir cualquier otra fuerza. Ellos establecen una especie de bipartidismo forzado, porque no era resultado del voto, sino que lo impusieron usando el Consejo Supremo Electoral.

En ese momento se ve un panorama completamente cambiado, ya no digamos después, en su política sobre los derechos de la mujer. En 2006 da los votos para la derogación del aborto terapéutico. Cuando llega al gobierno después del pacto político, hace otro pacto, esta vez con las jerarquías católicas, que es el que permite esas medidas contra los derechos de la mujer, y después hace un pacto con el gran capital y favorece una lógica económica absolutamente neoliberal. Nunca como entonces los bancos tuvieron tantas ganancias, y no lo digo yo, lo dicen ellos y lo reflejan en sus cifras. Nunca como entonces los grandes empresarios tuvieron tan buenas condiciones para obtener ganancias, y de hecho aprobaron 110 leyes de consenso, y no lo digo yo, lo dice el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Además, llevaron a nivel constitucional ese modelo que ellos llamaron de diálogo y consenso, estableciendo que toda política económica, toda ley que tuviese que ver con cuestiones económicas, tendría que salir del consenso con los grandes empresarios. Está establecido a nivel constitucional.

Eso explica por qué Ortega, que para entonces ya se había convertido él mismo en un capitalista y en un gran empresario junto con sus hijos, se aferra al poder de una forma tan obsesiva. Hay un factor material que hace que él necesite estar en el poder. Pero también hay un factor, digamos, psicológico: él quiere el control del poder de forma absoluta y esto se enreda con un factor casi religioso. Hay un aspecto marcadamente mesiánico en su liderazgo y en su forma de comparecer que ha sido reforzado por un relato y una construcción en la que participa de forma bien activa su esposa, [la vicepresidenta] Rosario Murillo.

Desde tu historia como guerrillera ¿cómo ves esta situación actual? ¿Como una traición, como algo esperable, como algo que no debió pasar?

Lo veo primero como algo que no debió pasar. Porque Ortega ha traicionado todos los postulados por los cuales luchamos durante mucho tiempo, por los cuales dieron la vida más de 50.000 nicaragüenses en la lucha contra la dictadura de Somoza, muchachos y muchachas cargados de grandes ideales y de grandes convicciones, que no tuvieron ningún reparo en arriesgar su vida y perderla por esa causa. Segundo, porque nosotros siempre nos propusimos un modelo de sociedad que no era copiar el socialismo real o conocido en Europa del Este. Nos propusimos una sociedad basada en una economía mixta, o sea que conviviera la economía campesina, la propiedad mediana y pequeña con la propiedad social o propiedad socializada. Nos propusimos un pluralismo político: no íbamos por un país con partido único. Dijimos que íbamos a hacer juego democrático e íbamos a poner en la voluntad de la gente si continuábamos o no continuábamos, y de hecho así pasó en 1990. Y también hablamos de no alineamiento.

Luchábamos contra Somoza porque confiscaba todas las libertades, no había democracia, no había justicia social, había una pobreza que reducía a condición de analfabeta a la mayoría de la gente, y por eso se hizo una serie de transformaciones en 1979-1989. En medio de la guerra se hicieron importantes transformaciones que modificaron la situación de grandes sectores de la población.

Es cierto que al final, producto de la misma guerra, las condiciones materiales del país se vieron bastante deterioradas. Pero todo esto que está haciendo Ortega es una verdadera traición a esos ideales, al modelo de sociedad que queríamos construir, al legado del verdadero sandinismo, a los principios de [Augusto] Sandino, de Carlos Fonseca, que son los que iluminaron, por así decirlo, la lucha que nosotros llevamos adelante.

Tal vez por eso yo me empeño en la memoria histórica de los años de lucha contra la dictadura, para que alguna vez, después de que se supere este trauma que él ha causado en Nicaragua al usar los símbolos de la revolución para un propósito completamente contrario a lo que realmente fue la lucha, lo que realmente fue la revolución no quede enterrado por el orteguismo, que es la perversión del sandinismo. Lo decimos con toda vehemencia: eso no es sandinismo. Lo que está dominando Nicaragua es una monstruosidad construida alrededor de Ortega, y por eso yo lo llamo orteguismo.

Hoy, con estas condiciones, ¿es posible desde los partidos políticos o desde los movimientos sociales hacer algún cambio en Nicaragua, o su acción está demasiado trabada?

Ahorita está totalmente trabado. Toda la sociedad civil ha sido pulverizada, reducida a su mínima expresión. Miles de personas han tenido que salir al exilio, están regadas en todo el mundo, en condiciones muy difíciles. El desarrollo de la acción política en Nicaragua está totalmente cerrado. Si salís a una esquina y levantás una bandera azul y blanca, que es la bandera de Nicaragua, como ella se convirtió en símbolo de rebeldía, te capturan o te empiezan a perseguir y te obligan a salir del país.

En esas condiciones nosotros no podemos llamar a la gente a que se rebele, a que se manifieste, y mucho menos a hacerlo desde el exilio. Entonces estamos apostando a la organización, que tiene que tener rasgos de organización clandestina y celular, al estilo de lo que hacíamos contra la dictadura de Somoza, pero esta vez bajo modalidades de lucha no violenta, pacífica. No estamos llamando a la gente a armarse. Creemos que no tiene que volver a haber otra guerra en Nicaragua.

Hacer transformaciones en estas condiciones no es fácil, por eso es que se vuelve más importante la presión internacional. Ya existió en el pasado un escenario en el que países amigos de la propia revolución pudieron generar espacios que favorecieron un escenario de entendimiento entre los nicaragüenses. Creemos que la comunidad internacional, y particularmente el sur, tienen un papel que jugar en estas condiciones.