Giorgio Jackson, uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil en 2010 y 2011, fundador del Frente Amplio chileno y colaborador estrecho del presidente Gabriel Boric, renunció este viernes en la tarde como ministro de Desarrollo Social. Al inicio de esta administración había ocupado la Secretaría de Gobierno.

En la tarde mantuvo una reunión con Boric en el Palacio de La Moneda durante una hora, y luego, sobre las 19.00, en una conferencia de prensa Jackson anunció solo que el presidente le había aceptado su renuncia “indeclinable”. “Llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y constatar que Chile está cansado de vernos pelear, está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones, en las reformas necesarias para tener un sistema de cuidados, de poder avanzar en la reducción de las listas de espera, los temas de seguridad”, explicó.

“Doy un paso al costado tras constatar que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile demanda y en los acuerdos que Chile requiere”, continuó.

Luego, el propio Boric, en su cuenta de X (antes Twitter), se refirió a la renuncia de Jackson como “un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas. Como dijo el mismo Giorgio, la gente está cansada de peleas. Es hora de ponerse de acuerdo”.

En una carta que le entregó a Boric, Jackson reafirmaba que “mi compromiso y lealtad hacia usted y el proyecto de gobierno que lidera se mantienen intactas” y que “creo firmemente en la unidad de las fuerzas progresistas como vía para construir mayorías”. En la conferencia de prensa, el ahora exministro sugirió que tomaría “todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias y calumnias y que se revelen como tales”.

El caso que generó el pedido de renuncia por parte de la oposición

La renuncia de Jackson llega a casi dos meses de que el Partido Republicano, del ultraderechista José Antonio Kast, reclamara su remoción, un pedido al que se sumó más recientemente la Unión Demócrata Independiente (UDI). El martes 8 la bancada de diputados del Partido Republicano anunció que presentaría en el Congreso una segunda acusación constitucional contra Jackson, para la que ahora contaban con el respaldo de la UDI, RN y Evópoli.

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, había dicho que Jackson “comprometió gravemente el honor de la nación, infringió la Constitución y las leyes y las dejó sin ejecución”, y le reclamó a Boric que “no siga siendo cómplice pasivo de las irregularidades que se están cometiendo de manera sistemática bajo su administración”.

A su vez, la UDI se negaba a participar de una mesa de diálogo convocada por el gobierno sobre la reforma tributaria y previsional, argumentando que no estaba de acuerdo con la participación de Jackson. La UDI endureció su postura después del robo de 23 computadoras y una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social en julio.

Esta semana, Boric había cuestionado esta actitud de la oposición: “Los hemos invitado a conversar hace meses y por diferentes motivos no llegan a la mesa, no se sientan o cuando se va a hacer la reunión dicen sencillamente que no van a asistir hasta que usted saque a tal ministro. Por mientras, las pensiones siguen esperando. Ese entrabar permanente no es que perjudique al gobierno, al final perjudica a los vecinos y las vecinas, y si queremos subir las pensiones tenemos que llegar a un acuerdo al cual nadie va a llegar al 100% de lo que quería”.

Tras la renuncia del viernes, el Partido Republicano anunció que dejará sin efecto la acusación constitucional contra Jackson. La salida de Jackson “hace efectiva la responsabilidad política de este y cierra la gestión ministerial desastrosa para el gobierno y el país”, señalan, y en cambio apuntan a que “lo que corresponde ahora es centrar el trabajo del Congreso en el avance de la agenda de seguridad, transparencia y reactivación económica que son indispensables para sacar el país de la enorme crisis que vive”.

El caso por el que la oposición lo acusa a Jackson tiene su origen en Antofagasta y en el uso de fondos públicos por parte de militantes de Revolución Democrática (RD), el partido de Jackson, y motivó que la diputada del sector Catalina Pérez tuviera que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

La oposición cuestiona, y la Fiscalía investiga el caso por tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación de fondos públicos, que la secretaría del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, de RD, asignó directamente 426 millones de pesos, unos 530.000 dólares a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, que era pareja de la diputada, para el trabajo en asentamientos de la región. En junio, Jackson había declarado al respecto: “Es evidente, para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, que esta es una situación doblemente grave”.