El Parlamento de Ecuador, la Asamblea Nacional, debatió este sábado la ley que propuso el gobierno de Daniel Noboa para financiar el “conflicto armado interno” declarado contra las bandas delictivas. La sesión terminó sin acuerdo porque la oposición cuestionó la base de esta iniciativa, que consiste en un aumento del IVA de 12% a 15%.

La legisladora Valentina Centeno, del partido gobernante Acción Democrática Nacional, argumentó que, si se controla la inflación, el aumento del IVA no encarecerá los productos para los consumidores. Insistió en que los recursos para esta política deben generarse con urgencia, en momentos en que rige en el país un estado de excepción declarado por un aumento de la violencia en las cárceles y las calles.

Según informó la agencia Efe, Centeno manifestó que los cálculos del gobierno indican que se necesitan entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para implementar la política de seguridad que impulsa Noboa, y dijo que el oficialismo está dispuesto a escuchar propuestas para obtener estos recursos.

El proyecto del Ejecutivo incluye también que los bancos con utilidades mayores a diez millones de dólares contribuyan con entre 15% y 25% de ese monto, y que las empresas que superen ciertos topes de ganancias paguen por única vez un impuesto de 5% sobre las utilidades generadas en 2022, informó el medio ecuatoriano Primicias.

Varios sectores rechazan que este conflicto sea financiado por la población más pobre del país a través de un aumento del impuesto al consumo. Legisladores del movimiento indígena Pachakutik, así como socialcristianos y correístas, manifestaron su oposición a esta iniciativa.

Fabiola Sanmartín, de Pachakutik, propuso que en lugar de aumentar el IVA se apliquen impuestos a las grandes fortunas y se incremente el impuesto a la salida de divisas de 3,5% a 6%. También argumentó a favor de renegociar los contratos con las empresas telefónicas extranjeras que operan en el país y de establecer un impuesto a las utilidades del sector bancario.

Blasco Luna, del movimiento correísta Revolución Ciudadana, dijo que el proyecto del gobierno es una “metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos” y cuestionó además que el Ejecutivo “acaba de contratar 2,5 millones de dólares en publicidad”, informó Prensa Latina. Por su parte, la legisladora Paola Cabezas, de la misma bancada, se opuso a que el costo de esta política recaiga sobre los más pobres, lo que calificó como un “modelo abusivo”.

Desde la bancada socialcristiana, Dallyana Passailaigue abogó por establecer un aporte temporal de 3,25% sobre las utilidades de empresas que pagan impuesto a la renta. El debate deberá continuar en los próximos días.

Plebiscito sobre seguridad

Sobre otra iniciativa del gobierno de Noboa se pronunció el viernes la Corte Constitucional de Ecuador, que validó diez de las 20 preguntas que el Ejecutivo se propone incluir en un plebiscito. Las otras diez fueron rechazadas porque requieren un mayor análisis o porque aumentan el poder del presidente.

Una de las preguntas que podrán ser planteadas es la que abre paso a que las Fuerzas Armadas controlen el ingreso de armas a las cárceles. Otra propone aumentar las penas por terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y minería ilegal, mientras que una tercera establece que quien cometa ciertos delitos no accederá a beneficios penitenciarios.

También fue aprobada por la corte una pregunta que apunta a tipificar como un delito específico la tenencia de armas y municiones que son de uso exclusivo de la Policía o las Fuerzas Armadas. Otro punto al que dio paso el tribunal busca que cuando las armas de este tipo sean incautadas, se destinen a las fuerzas de seguridad estatales. Además, se podrá consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de facilitar la expropiación de bienes de origen ilícito.