El deterioro en la relación entre el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, quedó de manifiesto incluso antes de que asumieran sus cargos, el 23 de noviembre. Pero en los últimos días, cuando comenzó el registro de candidatos para las elecciones de 2025, el conflicto entre ellos escaló.

Si bien el actual gobierno asumió hace menos de un año, fue electo sólo para completar el mandato de Guillermo Lasso, que había renunciado a la presidencia para evitar que el Parlamento lo destituyera. Ahora, cuando se acercan las elecciones del 9 de febrero, Noboa se enfrenta a la situación de tener que delegar sus funciones en la vicepresidenta con la que se ha enfrentado a lo largo de todo su gobierno.

La ruptura entre los dos dirigentes ya era evidente durante la campaña electoral pasada, en la que no solían compartir actos públicos. También quedó expuesta cuando Abad, como vicepresidenta electa, lanzó su propia gira política antes de asumir el cargo. Se reunió con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, en Madrid, con el entonces primer ministro de Perú, Alberto Otárola, en Lima, y visitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A todo esto se agregó que la dirigente cuestionó la alianza que hizo Noboa con el correísmo y otros sectores para contar con su apoyo parlamentario.

La solución que encontró Noboa fue alejar a Abad todo lo posible. Como en Ecuador el presidente tiene la potestad de asignarle las funciones a quien ocupe la vicepresidencia, le encargó a Abad que viajara a Tel Aviv y se dedicara a solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. Poco después la puso al frente de la embajada ecuatoriana en Israel. Así, apenas llegó a la vicepresidencia, y contra su voluntad, Abad debió dejar el país.

Antes de viajar, varias veces reclamó que no contaba con condiciones de seguridad para ella y su familia, pero finalmente se instaló en Tel Aviv. Desde allí denunció que el gobierno impulsaba una campaña de hostigamiento en su contra para obligarla a renunciar y evitar así que Noboa tuviera que delegar en ella sus funciones cuando se dedicara a la campaña electoral.

Uno de los integrantes del gabinete de Noboa, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, llegó a afirmar que sería “nefasto” que Abad sustituyera al presidente.

Otra, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, dijo en mayo que Abad perjudicaba a su país al afirmar públicamente que era hostigada. “En vez de ser agradecida y ejercer las funciones para las cuales fue designada, está todo el rato actuando en contra del Ecuador y cuestionando esta decisión”, dijo.

Varias veces, Sommerfeld le manifestó formalmente a Abad que no debía referirse a asuntos de Ecuador mientras actuaba como embajadora en Israel. Argumentó que quienes ocupan un cargo diplomático como el suyo tienen que intentar “vender la imagen positiva de Ecuador en los lugares de misión” y consideró que Abad “obviamente esto no lo está haciendo”.

Denuncias contra la vicepresidenta

Durante el actual gobierno, la vicepresidenta enfrentó varias acusaciones. El Tribunal Contencioso Electoral recibió una denuncia en su contra por supuestas irregularidades cometidas en las elecciones municipales de febrero de 2023, cuando se postuló como candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Se acusó a Abad de haber hecho campaña fuera del período legal para esas elecciones, en las que perdió. Para la vicepresidenta, ese fue uno de varios episodios de hostigamiento.

También fue involucrada en un caso de corrupción por el que fue procesado su hijo, Sebastián Barreiro. En esa investigación Barreiro es acusado de tráfico de influencias. Según la fiscalía, cobraba a funcionarios de la vicepresidencia un porcentaje de sus salarios a cambio de mantenerlos en sus cargos.

En marzo Barreiro fue detenido en una prisión de máxima seguridad, pero después de pagar una fianza, quedó en libertad vigilada en mayo.

Por entonces, el fiscal Carlos Leandro Alarcón dijo que contaba con pruebas que involucraban a Abad en estas supuestas maniobras. Sin embargo, como la vicepresidenta cuenta con fueros, anunció que enviaría su investigación a la Fiscalía General del Estado.

“Violencia política de género”

El Código de la Democracia de Ecuador, que es la ley electoral, establece una serie de “infracciones electorales muy graves” que pueden ser sancionadas con multas que van desde 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución de un funcionario o la suspensión de derechos de participación en elecciones por un período de dos a cuatro años.

Una de esas infracciones es la “violencia política de género”, que la ley define como una agresión cometida de manera directa o indirecta contra “mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos” y que busque “acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo” o impedirle cumplir de manera adecuada con sus responsabilidades.

Abad, que insiste en que no va a renunciar y en que le corresponde ocupar la presidencia cuando quede vacante, presentó el jueves 8 ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por violencia política de género contra Noboa, la canciller Sommerfeld, el viceministro Torres y la asesora presidencial Diana Jácome. Ahora un juez de ese tribunal deberá analizar si admite o no esa denuncia.

Si el proceso se inicia, y Noboa es encontrado culpable, podría quedar impedido de seguir adelante con su candidatura, que fue postulada el viernes 9 por su partido, Acción Democrática Nacional. También podría quedar inhabilitado para ejercer sus funciones como presidente, por eso, varios de sus ministros acusan a Abad de intentar dar un “golpe de Estado”.

“Pretende hacerse con el poder de gobierno”, ocupar la presidencia e inhabilitar a Noboa para ser candidato, dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia. “No lo vamos a permitir. Ella está sosteniendo que ha habido una violación a sus derechos de participación con violencia de género porque se le ha encargado como única función ser embajadora en el Estado de Israel”, agregó, según citó la agencia Efe.

Varios ministros de Noboa acusaron a Abad de intentar desestabilizar el país o directamente de dar un golpe de Estado, en momentos en que Ecuador está en emergencia por la acción de bandas delictivas. Así lo hicieron el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el de Economía, Juan Carlos Vega, y el de Turismo, Niels Olsen. También para Sommerfeld “se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral, que sólo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano”.

La asesora presidencial Jácome manifestó en su cuenta de X que presentó “una denuncia formal contra Verónica Abad, quien siempre cuestionó la existencia de la violencia de género como un problema estructural y minimizó la gravedad de este tema, sugiriendo que se trata más de una manipulación política”, y que ahora intenta usarla “para buscar desestabilizar” al gobierno. “No permitiré que se tergiverse la ley para convertirla en un arma política que atente contra mis derechos, los del presidente y su gabinete”, agregó.

El propio Noboa emitió el jueves un comunicado en el que afirmó que el “viejo Ecuador [...] no se rinde” y “busca, a toda costa, revivir prácticas que, por el bien del país, deberían ser parte del pasado”. Dijo que Abad “quiere al presidente de la República fuera del poder, para que ella asuma ese cargo”. El presidente afirmó que “si quedaba alguna duda de sus intenciones”, ahora “al fin se le cayó la máscara”, y dijo estar convencido de que existen intereses que lo “quieren fuera de la contienda electoral”.

Otras fórmulas en conflicto

El enfrentamiento entre compañeros de fórmula ha tenido varios ejemplos en la región en los últimos años. En algunos casos, esas rupturas incluso sirvieron de marco para el derrocamiento de presidentes, como Fernando Lugo, que fue sustituido por su vice, Federico Franco, en Paraguay, o Dilma Rousseff, que fue reemplazada por Michel Temer, en Brasil.

Sin llegar a esos extremos, también hubo sonadas rupturas políticas entre excompañeros de fórmula en Argentina. Una de esas crisis estalló cuando el vicepresidente Julio Cobos desempató con su voto en el Parlamento y evitó que se aprobara una ley clave para el gobierno de Cristina Fernández, que buscaba imponer retenciones a las exportaciones agrícolas. Otra, que se extendió hasta el año pasado, es la que enfrentó a esa misma dirigente, ya como vicepresidenta, con el entonces jefe de Estado, Alberto Fernández, cuya gestión criticó públicamente más de una vez mientras los dos seguían en sus cargos.

En Ecuador también existen antecedentes. En 2017 Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa, llegó a la presidencia impulsado por el correísmo, pero apenas asumió el cargo manifestó fuertes diferencias políticas con el exgobernante. A partir de esta ruptura, dejó sin funciones a quien había sido su propio compañero de fórmula, Jorge Glas, que seguía siendo leal a Correa y que poco después fue encarcelado bajo acusaciones de corrupción.

.