Un grupo de partidos y organizaciones sociales venezolanos que no se ven representados por el gobierno de Nicolás Maduro ni por la Plataforma Unitaria Democrática de María Corina Machado se unieron para crear el Frente Democrático y Popular. Su objetivo es “contribuir a superar la grave crisis” que atraviesa el país “partiendo de la defensa irrestricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Entre los integrantes de ese frente, se encuentra el partido Centrados en la Gente, que postuló a la presidencia a Enrique Márquez, uno de los pocos candidatos opositores que se presentaron a las presidenciales de 2018 en lugar de boicotearlas, como propuso la oposición mayoritaria.

También lo integra el Partido Comunista de Venezuela, que fue un aliado del chavismo hasta que comenzó a cuestionar al gobierno de Maduro y fue intervenido por las autoridades. Hoy, según denuncia este partido, su cúpula está integrada por personas que ni siquiera estaban afiliadas a esa organización.

A ellos se agregan otras organizaciones políticas y sociales: La Otra Campaña, Voces Antimperialistas, Movimiento Popular Alternativo, Bloque Histórico Popular, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y En Común. Reclaman el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, el cese de la “represión policial, militar y parapolicial” y la liberación de quienes fueron “injustamente detenidos, imputados y enjuiciados bajo acusaciones falsas” en su país.

En una rueda de prensa que brindaron el viernes por videoconferencia, en la que participó la diaria, Márquez dijo que el último “proceso electoral fue una especie de vía crucis”, en el que el gobierno “se encargó de poner obstáculos”, tanto para el acceso al financiamiento como a los medios de comunicación. Agregó que hubo “15 partidos judicializados, de los cuales 11 pertenecen al Polo Patriótico, es decir, que apoyaron a Maduro y que al decidir no seguir apoyándolo fueron judicializados”. Señaló que aun así los venezolanos participaron en forma masiva en las elecciones.

Márquez señaló que si bien “de las 30.000 actas que estaban disponibles” su partido tiene 9.000, “de esa muestra surge que el resultado es diferente” al que proclamaron las autoridades electorales.

Dijo que los resultados oficiales “no resultan creíbles para el pueblo venezolano” y que unas elecciones de las que debería haber surgido un gobierno legítimo dejaron un gobierno del “que se ha puesto en tela de juicio su legitimidad”.

“Tenemos un gobierno que ha decidido hacer del terror la fórmula para controlar. Está encarcelando manifestantes, persiguiendo periodistas y testigos electorales, a los que van a buscar a su casa. Tenemos un gobierno que es heredero del de [Hugo] Chávez, que dijo que iba a dar todo el poder al pueblo, pero ahora el poder está concentrado en una cúpula”, dijo el excandidato.

“Hoy tenemos un gobierno que se dice de izquierda pero no lo es, que somete a su pueblo a la represión y que ataca a la oposición por ser ‘fascista’, pero esto no es así, hay una oposición que es diversa”, afirmó.

Consultado sobre los pasos que planea dar esta organización de aquí en adelante, Márquez dijo que actualmente hay conversaciones en marcha entre todos los sectores opositores, pero “no hay un acercamiento suficientemente fructífero como para decir que hay tácticas comunes, no hay aterrizaje en un camino compartido”. Sin embargo, cree que para lograr el respeto a la Constitución se requiere “una organización política superior a la que tienen los partidos”.

“Una de las primeras reacciones que hemos tenido es la construcción de este frente”, dijo Márquez. “El objetivo principal es preservar el respeto y la vigencia de la Constitución. Los siguientes pasos son de organización, de movimientos que pueden hacerle frente a esta situación calamitosa que estamos viviendo”.

Señaló que en materia jurídica están “impulsando también un movimiento cívico que pueda recurrir a la Sala Electoral” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recurrir la sentencia que ratificó a Maduro como presidente electo. Dijo que si bien esa corte declaró su fallo como inapelable, es posible recurrir para determinar si se incurrió en irregularidades.

Otra integrante del frente, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, dijo que el TSJ se pronunció a partir de un recurso presentado por Maduro, “que no sabemos sobre qué versa”.

Juan Barreto, otro de los dirigentes del partido de Márquez, advirtió que el gobierno está construyendo una “nueva arquitectura institucional”, un “atrincheramiento usando las instituciones como arma punitiva”, con normas como la ley antifascista que propuso el Ejecutivo.

Ante una consulta, evitó definir si en Venezuela hay o no una dictadura, pero dijo que el país entró “en una fase profundamente autoritaria, distinta a lo que dicen la Constitución y las leyes” y en la que, contra lo que establece la Constitución, “no se está legislando para establecer derechos sino para restringir derechos anteriores, para sustraer derechos ciudadanos ya consagrados”.